VALÈNCIA. La empresa de resonancias magnéticas Inscanner, propiedad de la familia Paz, dueña también de Clínica Benidorm, entró en pérdidas en el ejercicio 2018, según las cuentas recién depositadas en el Registro Mercantil, debido a la quiebra de una de las sociedades inmobiliarias de la familia, que debía 5,8 millones de euros a la firma sanitaria. La sociedad vinculada que causó estas pérdidas es Wohnungsbaugesellschaft, SL, domiciliada en Palma de Mallorca y dedicada a la compraventa de bienes inmuebles y la promoción inmobiliaria. Wohnungsbaugesellschaft -nombre alemán que significa 'sociedad residencial'- fue la promotora de 84 viviendas y trasteros en la playa de El Mascarat, en Altea.
Inscanner concedió a la empresa mallorquina un préstamo de 7,5 millones que debido a la crisis inmobiliaria no fue devuelto. Tras entrar en concurso la promotora y ante la lentitud de la venta de las viviendas y los precios conseguidos, la empresa que dirige Ana Paz decidió apuntarse unas pérdidas por deterioro de 5,8 millones de euros. Esto provocó que el ejercicio, que registraba beneficios de explotación gracias al contrato de resonancias con la Generalitat, acabase con unas pérdidas de 1,3 millones de euros, frente a las ganancias de 3,15 millones del año anterior.
La cifra de negocio ascendió a 15 millones de euros, un 3% más que el año anterior. De esta facturación, 9 millones los obtuvo a través de la UTE Erescanner Salud, que presta el servicio de resonancias magnéticas en casi todos los hospitales públicos valencianos. Inscanner tiene una participación del 20% en la UTE.
La auditora de la empresa, Audalia Nexia, rechaza emitir opinión sobre las cuentas anuales debido a que la UTE, a fecha del informe, tiene sus estados financieros pendientes de auditoría y aprobación, y los ingresos de la UTE suponen para Inscanne el 60% del total.
Las pérdidas habrían sido aún mayores si Inscanner hubiese provisionado los 3,6 millones de euros que no ha percibido de la UTE debido a que el socio mayoritario de la unión de empresas, Eresa, encargado del reparto, retuvo como pago de servicios incluidos en un supuesto contrato.
Según informa la empresa alicantina en su memoria, la compañía de la familia Saus, ante la finalización de la prestación de servicios de Erescanner Salud UTE establecido en septiembre de 2018, comunicó a Inscanner y a Beanaca, -también propiedad de la familia Paz- que "en base a un acuerdo privado de fecha 18 de noviembre de 2011, les solicita la diferencia económica resultante entre los resultados desde 2012" y los que resultarían tomando como cálculo unas cuentas de explotación analíticas por zonas geográficas de actuación, "revisadas por ellos mismos". La cantidad reclamada por Eresa desde 2012 a 2018 asciende a un importe conjunto de 5,7 millones de euros, de los que se le ha retenido a Inscanner 3,6 millones a cuenta.
Según afirma en la memoria anual la empresa que dirige Ana Paz, "la Sociedad no recoge este importe como provisión dado que el acuerdo adoptado por Eresa no es procedente, no admitiendo la validez del documento, ni la liquidación que se realiza".
