ALICANTE (EP). El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez solicita penas de cárcel que alcanzan hasta los siete años y medio para los directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se sientan en el banquillo de los acusados, por falsear las cuentas del ejercicio 2010 y el primer trimestre de 2011 de manera "intencionada", según su escrito de calificación definitivo.
En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja alicantina y que la antigua cúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulaciones. "Se ha hecho trampas, ustedes han engañado", ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados, a quienes ha recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.
Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.
El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a petición de las acusaciones.
El fiscal ha insistido en que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.
Culpables y cómplices
De López Abad ha dicho que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar los presupuestos "sentando las bases" de lo que pasó en 2011. En concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de 2010 por el entonces director general en el que instaba a los principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de cara al cierre del ejercicio.
El objetivo era facilitar la creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por ello ha considerado al resto de acusados "cómplices" de los hechos que comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.
Respecto al papel del supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja alicantina era "crítica" ante la falta de liquidez y ha respaldado la versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon durante el juicio en calidad de testigos. "No es lo mismo que el beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual. Ustedes han engañado", ha espetado el fiscal en referencia a la versión de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas las plusvalías de la cuentas de 2010.
También se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta empleada por la antigua cúpula para maquillar las cuentas y presentar un resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros. Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo. En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja alicantina al Banco Sabadell.
Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en calidad de planes de pensiones, inventivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la responsable real "casi sin ningún género de dudas" por la póliza de responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
El banquillo de los acusados del juicio de la CAM, en la primera sesión de la vista. Foto: EFE
