Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El 21 de mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP perdió la Generalitat y numerosas alcaldías, entre ellas la emblemática de València, los candidatos Mónica Oltra y Joan Ribó anunciaron en rueda de prensa que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación penal "contra Rita Barberá" por lo que se conoció como el Ritaleaks, gastos en viajes, dietas y regalos de la alcaldesa supuestamente con contratos fraccionados para evitar la licitación pública.
La coalición nacionalista había denunciado el pago con dinero público de gastos del PP municipal, supuesta prevaricación y fraccionamiento de contratos. "Pagar una serie de gastos sucesivos sin hacer la adjudicación pública entendemos que es un fraccionamiento ilegal de contrato para poder encargar esos servicios a los amigos y a los que uno quiere sin pasar por los filtros legales", dijo entonces Oltra, según consta en la maldita hemeroteca.
La información, la víspera del mitin de Rajoy, Fabra y Barberá en la plaza de toros de València, tuvo gran repercusión y probablemente influyó en el resultado electoral –ajustada victoria de la izquierda–, ya que fue ampliamente difundida por todos los periódicos, incluido Valencia Plaza, que dos horas después rectificó el titular inicial ("La Fiscalía abre diligencias penales contra Rita Barberá") y lo dejó en: "La Fiscalía abre diligencias penales para investigar las facturas del Ritaleaks".
Los motivos de la rectificación fueron dos: Oltra y Ribó se negaron a facilitarnos una copia de la denuncia que nos permitiera saber de qué estábamos hablando y el escueto escrito de la Fiscalía, que sí obtuvimos, llevaba fecha del 12 de mayo, nueve días antes de la rueda de prensa. Olía muy mal. Al día siguiente publicamos un editorial sobre la burda utilización de los medios de comunicación.
La Fiscalía Provincial, que también se sintió utilizada en plena campaña electoral, lanzó un comunicado aclarando que la apertura de diligencias de investigación penal solo "supone revestir de la forma jurídica necesaria la información recibida, para, a partir de ahí, iniciar las actuaciones que finalmente puedan determinar la existencia o no de hechos punibles y actuar en consecuencia".
Por acabar con el repaso histórico, un detalle importante pero no esencial en esta historia: el Ritaleaks fue archivado por la Fiscalía del Tribunal Supremo catorce meses después al considerar que los viajes de Rita Barberá eran institucionales y que los 32.000 euros que gastó en cajas de naranjas que envió como regalo de Navidad a personalidades de toda España –muchas del PP porque ostentaba la mayoría de los gobiernos– no podía tener reproche penal alguno.
El pasado viernes, el PPCV quiso que la hoy vicepresidenta probara su propia medicina con una bomba informativa a última hora de la tarde. "La Fiscalía abre diligencias contra Mónica Oltra por pagos de 43 millones sin contrato", decía el titular de El Mundo, que dio la primicia.
Igual que ocurrió con el Ritaleaks, la Fiscalía Provincial abrió diligencias porque es su obligación tras recibir una denuncia, en este caso de la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en Les Corts, Eva Ortiz, con una relación de hechos que, según la denunciante, podrían ser constitutivos de delito. Algo que los periódicos, igual que entonces, recogieron con diferentes titulares en torno a la líder de Compromís: "La Fiscalía abre diligencias contra Oltra"; "La Fiscalía investiga a Oltra"; "La Fiscalía investiga si Oltra prevaricó…"; "El PP denuncia a Oltra…". La Fiscalía no emitió ningún comunicado, dadas las horas.
¿Y qué gana el PPCV sacando ahora a las portadas a Oltra, cuando estamos aún lejos de la campaña electoral? Pues ahora no mucho, pero la idea quizás no era sacarla ahora sino en enero, en pleno juicio de Gürtel, para extender la sensación de que todos los partidos son igual de corruptos. Ahí pecó el PP de inexperiencia, porque la justicia española es muy lenta y para hacer estallar el caso en enero la denuncia debería haberla presentado antes de Navidad. Luego, si la Fiscalía abría diligencias antes de la hora prevista, cabía la posibilidad de aguantar el escrito una o dos semanas, como hizo Compromís. La denuncia de Eva Ortiz lleva fecha de 17 de enero, dos días después del inicio del juicio por financiación ilegal del PPCV en la Audiencia Nacional en el que Ricardo Costa recuperó la memoria. Para cuando ha surtido efecto, al juicio le quedan las declaraciones como testigos de Camps y Cotino y poco más.
A favor del PPCV hay que decir que la noche del viernes, aunque hubo que apretarle, facilitó una copia de la denuncia, con lo que los periodistas que íbamos a informar sobre el asunto pudimos hacernos una idea de la gravedad de los hechos denunciados, que son básicamente dos. Uno no parece tener mucha consistencia porque señala los "pagos por la vía del enriquecimiento injusto", algo habitual –y legal– en las administraciones lentas y burocratizadas, como es el caso de la Conselleria de Igualdad, que evidencia una mala gestión de la prestación de los servicios.
El otro hecho destapa una práctica, la del fraccionamiento de contratos para evitar los concursos, demasiado habitual en las administraciones valencianas, criticada reiteradamente por la Sindicatura de Comptes. Por eso mismo está denunciado –por Ciudadanos– el alcalde de Xàbia y secretario general del PSPV, José Chulvi, y estuvo imputado durante tres meses Manuel Illueca director general del el IVF –no denunció el PP, sino la Fiscalía–, imputación que acabó en archivo al demostrarse que era una situación heredada y que Illueca había puesto los medios para sacar un concurso. Poca broma, pues.
"Pagar una serie de gastos sucesivos sin hacer la adjudicación pública entendemos que es un fraccionamiento ilegal de contrato para poder encargar esos servicios a los amigos y a los que uno quiere sin pasar por los filtros legales". Lo dijo Oltra en 2015 y eso, si hay algún amigo detrás, es lo que va a investigar ahora el fiscal.
