Mariano Rajoy y Ximo Puig, en la Moncloa. Foto: EFEVALÈNCIA. El Gobierno de España ve inconstitucional la ley antidesahucios del Consell, de modo que el ejecutivo de Ximo Puig deberá modificarla si quiere evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta la 'Ley para la Función Social de la Vivienda' -la primera del Govern del Botànic aprobada en Les Corts-, puesto que Gobierno central ha decidido convocar una comisión bilateral junto al autonómico con el propósito de rebajar la norma, según confirman a Valencia Plaza fuentes gubernamentales.
La intención del ejecutivo de Mariano Rajoy es negociar con la Generalitat los artículos de dudosa constitucionalidad del texto legal impulsado por la consellera de Vivienda, María José Salvador. "El Gobierno pretende agotar la vía del diálogo y la negociación y evitar así un recurso directo al Constitucional, pero siempre respetando el derecho a la propiedad y las competencias estatales", destacan las mismas fuentes.
Conviene recordar en este sentido que el TC ya estimó parte del recurso del Gobierno contra el Decreto Ley andaluz antidesahucios al considerar que invadía las competencias estatales en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Lo hizo en una sentencia dictada el 14 de mayo 2015, en la que consideraba que la mencionada norma constituía "un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado disciplina en la Ley 1/2013".
Lo ocurrido con el decreto de la Junta de Andalucía fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat, que -como reveló en julio Valencia Plaza- emitió un duro informe contra la ley valenciana, ideada para obligar a la banca y a otros grandes propietarios de viviendas vacías a poner los inmuebles a la disposición de los ciudadanos.
La fórmula elegida por el Consell para que la propiedad ceda sus pisos fue la expropiación del usufructo, la misma que se utilizó en Andalucía y que acabó recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC). Preguntada al respecto, la consellera Salvador ha reclamado en varias ocasiones al ejecutivo que no maniobre contra la norma valenciana.
Las discrepancias del Jurídic, plasmadas en su informe como "observaciones de carácter esencial", advertían de que no se puede imponer a los propietarios que sus viviendas estén ocupadas y ni "obligar" a la banca a que alquile los inmuebles ejecutados a los afectados por el desahucio, todo a pesar de que impago se hubiera producido por "circunstancias de emergencia social", tal y como argumenta la ley.
El ejecutivo autonómico, sin embargo, optó por ignorar las advertencias del organismo con el argumento de que las medidas contempladas en los artículos 12 y 13 dejan bien claro que la nueva legislación autonómica no entrará en vigor mientras exista la ley estatal (la vigente Ley de Segunda Oportunidad de mayo de 2017), de forma que "claramente no afecta a esta ordenación".
"Además, estos artículos son de competencia autonómica en materia de vivienda y no de derecho civil y, por tanto, no habría problemas de inconstitucionalidad competencial mientras no afecten a la ordenación estatal de la economía", explicaron entonces. El informe del CJC, por contra, consideraba insuficiente esta cautela y advertía de que, aunque quedara sin efecto la ley estatal, seguirá existiendo "el Fondo Social de Viviendas" a nivel nacional, con el que sí podría interferir a nivel competencial el texto valenciano.
Respecto a la "obligación" de tener ocupados los pisos que detecta el CJC en la ley, la Conselleria de Vivienda niega la mayor: "No es una vinculación directa ni una delimitación general del derecho de la propiedad porque solo afecta a grandes tenedores. Lo que pretende la norma es marcar la función social de la vivienda para movilizar el stock en casos muy particulares", aseguran.
Vivienda también se apoya en que el Gobierno valenciano "cuenta con el informe favorable de Abogacía de la Generalitat, que para nada ha advertido de la inconstitucionalidad del texto". "El Consell ha aprobado esta ley que mantiene una postura realista, al lado de las personas, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada", defiende el departamento de Salvador.
Al respecto, las fuentes gubernamentales consultadas por este diario defienden que el Gobierno central es el primero en abanderar del Derecho a la Vivienda. "El Ejecutivo de Rajoy está adoptando medidas para paliar los desahucios. Desde 2012 más de 76.6000 familias se han acogido a las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno", defienden.
"Se ha prorrogado hasta enero de 2019 el Fondo Social de Viviendas (acuerdo entre Economía, Sanidad y Fomento, entre entidades de crédito, FEMP y Plataforma del Tercer Sector) en el que los bancos aportan viviendas para dar asistencia a los más vulnerables, un fondo que al cierre de 2016 había adjudicado 3.020 viviendas. Además, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y más de 45.600 familias se ha acogido al Código de Buenas Prácticas mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 donaciones en pago", argumentan.
