Gerard FullanaALICANTE. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario de la institución provincial de 12 de marzo de 2021 por el que se acuerda justificar las subvenciones percibidas por los grupos políticos en el periodo 2015 - 2018 mediante un informe de auditoría externa. A juicio de la formación valencianista, el referido acuerdo tiene como único objetivo: "evitar la presentación de las facturas sufragadas por parte del Partido Popular, con los fondos transferidos del grupo al partido, que deben tener como objeto gastos conjuntos e indivisibles entre el grupo y el partido; es decir, justificar que se han utilizado los fondos transferidos conforme al destino finalista que establece la normativa vigente".
El diputado de la coalición, Gerard Fullana, defiende en su recurso que ese pleno se convocó para aplicar "una argucia jurídica manifiestamente ilegal para tratar de salvar un eventual fallo judicial que condenara al grupo del PP a presentar, de una vez por todas, las facturas reclamadas". Recuerda Fullana que el pleno se convocó justamente el 12 de marzo tras la admisión de la denuncia presentada por Compromís ante el Tribunal de Cuentas el 5 de febrero de 2021 y la apertura de diligencias penales de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción el 22 de febrero de 2021.
Añade que el grupo popular optó por un modelo justificación de sus gastos posterior a las bases que rigen el procedimiento y que la modalidad escogida, la auditoría externa, supone "una reducción de la información a incorporar en la memoria económica”, lo que a juicio de Compromís, facultaría al PP a huir de la presentación de las facturas escudándose en esta vía más laxa de justificación.
Según el recurso, el PP acudió a esta vía por tres razones: falta de medios, el control financiero de beneficiarios de subvenciones de la Diputación no se realiza con medio propios, sino que se contrata con empresas externas especializadas y una mayor especialización por parte de un auditor. " No se puede alegar falta de medios para fiscalizar la dotación económica cuando este grupo al que represento (Compromís) ha sido fiscalizado minuciosamente, hasta el último céntimo de euro, por parte del departamento de Intervención. Lo cual nos lleva consecuentemente a afirmar que el segundo motivo esgrimido es manifiestamente falso, puesto que, como mínimo, el control financiero de beneficiarios de las dotaciones económicas de grupos políticos sí se ha realizado con medios propios", afirma el portavoz de la coalición.
Pero además de estos argumentos, Compromís recuerda que las subvenciones en cuestión se deben fiscalizar de acuerdo con las bases con las que se convocó esa ayuda; es decir, con el Reglamento Orgánico de 2013. "El reglamento preceptúa que los grupos políticos deben conservar las facturas y ponerlas a disposición del Pleno cuando así sea solicitado, esa es la fórmula de justificación que establece el Reglamento y que en ningún caso puede ser modificada de facto con posterioridad", indica el diputado valencianista.
Por ello, insiste Compromís en que el pleno de la Diputación de Alicante aprueba en 2021 que unas subvenciones concedidas entre 2015 y 2018 en virtud de unas bases reguladoras aprobadas en 2013 se justifiquen mediante una auditoría externa, cuando tal posibilidad sólo es viable si se establece con carácter previo en las bases reguladoras. Y por ello, sostiene que el acuerdo plenario "contradice frontalmente la legislación general de subvenciones y el Reglamento del que se dotó la propia institución provincial con el único objetivo de beneficiar al principal partido que la gobierna".
Y añade la coalición que para poder enmascarar esta irregularidad, "se pertrecha una argucia jurídica que parte de la petición de un informe al departamento de Intervención de la Diputación de Alicante, cuando ni en la petición, ni en el informe de Intervención se hace mención en ningún momento a las subvenciones del periodo 2015 a 2018. Únicamente se solicita un informe sobre “posibles formas de justificación” sin hacer ninguna referencia expresa a que tal informe pueda ser utilizado para aprobar formas de justificación de subvenciones concedidas en el periodo 2015 a 2018.
En opinión de Compromís, "el informe es utilizado como habilitante de una propuesta que parte del gobierno provincial y que va a permitir, con una contratación sufragada con fondos públicos, reducir considerablemente la documentación a aportar en relación con las subvenciones concedidas a grupos políticos todo ello con la finalidad de que, al menos en apariencia, sea jurídicamente defendible la persistente negativa del PP a presentar ante el pleno sus facturas".
Fullana reitera que todo lo relatado "contrasta notablemente con actuaciones acordadas por el gobierno de la institución provincial en relación con otros grupos políticos. Se han iniciado procedimientos de reintegro de parte de subvenciones concedidas a grupos políticos que sí que han presentado todas las facturas que sustentan su contabilidad mientras que ahora se habilita un procedimiento extraordinario de fiscalización, manifiestamente irregular, que va a favorecer con posterioridad al PP, el único grupo que nunca presentó sus documentos contables". A su juicio, esta actuación "supone una evidente desviación de poder y una quiebra del principio de imparcialidad de la Administración Pública".
