ALICANTE. La empresa de helicópteros Babcock MCS Spain, conocida hasta el pasado mes de enero como Inaer Helicópteros, amplía su cartera de clientes entre las Administraciones Públicas. Según se ha publicado en la página web del Gobierno de Canarias, la empresa con sede en el aeródromo de la localidad alicantina de Mutxamel se acaba de adjudicar el servicio de helicópteros medicalizados en las islas.
El importe del contrato, según el citado anuncio, es de 12,7 millones de euros, impuestos excluidos (en este caso, el Impuesto General Indirecto Canario o IGIC) por dos años. Una cantidad a la que hay que sumar 762,11 euros por cada hora de vuelo. La oferta de la firma alicantina, propiedad del grupo británico Babcock (que la compró en 2014 por 2.000 millones), fue la mejor valorada por la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias en un concurso al que concurrieron solo dos mercantiles.
La antigua Inaer sigue ampliando de esta manera el número de comunidades autónomas en las que presta sus servicios, al margen de los contratos con el Gobierno central o para otras empresas. Como ha contado Alicante Plaza, Inaer se adjudicó hace solo medio año el mismo servicio en Castilla-La Mancha. En este caso, por 24 millones de euros para los próximos cinco años.
Mientras, Babcock MCS Spain sigue a la espera de que el Consell saque a licitación el contrato de helicópteros de Emergencias, Sanidad y Policía Autonómica, que en la actualidad sigue prestando la empresa alicantina en UTE con SAU y Foresma. El contrato venció el pasado febrero, pero tal como había adelantado este diario la Generalitat lo prorrogó por seis meses, hasta octubre de este año, mientras prepara la nueva licitación. La alicantina es la mayor empresa de helicópteros del sur de Europa, mucho más desde que se integró en el grupo británico Babcock, y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que dirige José María Ángel no vería con malos ojos que volviera a concurrir al concurso una vez que se convoque, a pesar de las sospechas que pesan sobre ella por su vinculación con la 'Trama del Fuego'.
La empresa alicantina facturó en el ejercicio 2015 (cerrado en marzo de 2016) cerca de 200 millones de euros, lo que supone mantener su volumen de negocio más o menos estable, con un retroceso de apenas el 5%, pese al golpe que supuso la citada investigación judicial en enero de 2016. Según la memoria de gestión del pasado año, la firma alicantina mantiene contratos firmados con distintas administraciones públicas por valor de 227 millones de euros para los próximos cinco años (114 millones del total se facturarán el año que viene), y los administradores de la sociedad no tienen dudas sobre "su nueva adjudicación" una vez que venza el plazo y vuelvan a salir a concurso.