Francis Puig. VALÈNCIA. La investigación llevada a cabo por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que ha acabado en una multa a las mercantiles de Francis Puig –hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig– y sus socios por pactar precios revela todo el proceso de coordinación entre los empresarios para presentarse a un concurso del que tenían conocimiento antes de que fuera público.
El objetivo era ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas –presentaban propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja– para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso. Algo que advirtió la propia radiotelevisión valenciana y puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez lo trasladó al órgano autonómico –adscrito a la Conselleria de Economía en manos de Compromís–. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió a finales del pasado noviembre con sanción, como publicó Valencia Plaza, al declarar acreditada una infracción muy grave de la norma.
La cuantía de la multa asciende a 42.900 euros en total a Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions y Canal Maestrat. La primera de ellas está administrada por Francis Puig y las dos últimas por la familia Adell Bover, socios empresariales del primero. Concretamente, Competencia impone una sanción por importe de 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, otra de 26.103 euros a Kriol y Canal Maestrat, y una tercera de 3.337 euros a otra firma, Visualiza.
La cuantía es significativa pese a que los contratos no llegaron a firmarse –À Punt detectó la operación en mitad del proceso–. Pero la forma de actuar es considerada muy grave y la resolución apunta a una infracción por objeto entre competidores constitutiva de cártel ("hard core cartel", lo denomina) en el ámbito de la contratación pública.
Uno de los aspectos más relevantes del escrito de Competencia es la conclusión de que las empresas disponían de información sobre la licitación –tanto del lanzamiento como de los términos– con carácter previo a su publicación en los canales oficiales. Algo que viene demostrado por una serie de whatsapps intervenidos tras la inspección llevada acabo en la sede de Canal y Kriol. En noviembre de 2018, alrededor de dos meses antes de que se colgara el concurso, los representantes de las empresas ya hablaban de un posible reparto.
Aunque una de las comunicaciones no se refiere específicamente a la licitación de À Punt por la que han sido sancionados, la resolución indica que evidencia la forma de actuar del cártel: "De momento se tiene que hacer la licitación. Tengo que coordinar qué propuesta haremos, plan de medios, etc. Tengo un modelo de lo que presenté en la mancomunidad del Alt Maestrat. Ahora no nos podemos repartir nada porque no se sabe lo que presentaremos".
En un chat entre Canal, Kriol y Comunicacions, este sí sobre el concurso objeto de investigación, se habla durante los días previos a la finalización del plazo para presentar ofertas:
- Buenos días. El martes comentaremos muy por encima el tema de las corresponsalías À Punt. ¿Os presentáis todos no?
- Nosotros sí. Estamos en ello.
- Nosotros también.
- Es un poco "extraño" que el único criterio para el primer corte sea el precio, ¿cómo lo veis?
- Puff, es lo que hay. No podemos hacer nada.
- Una pregunta, ¿vais a rebajar mucho el importe? Para los lotes de 25.000 euros lo veo muy justo (...) Lo que veo es que los costes máximos por servicio no son para echar cohetes. Si se baja mucho... nos sale rana.
- En resumen, nos dijeron el departamento de asesoramiento jurídico que iban a fijarse solo en el coste unitario del servicio, no en el presupuesto total en el cual debíamos poner el máximo.
- Yo lo que veo es que entiendo que harán bastante uso al hacer las concesiones (...) y nos tocará comprar algo de equipo, incluso en algún caso contratar a gente...
En esta misma conversación figura un archivo de audio en el que uno de los representantes de las empresas comenta las aclaraciones que le han hecho desde el departamento jurídico de la radiotelevisión valenciana en relación a determinados criterios para formular las ofertas: "Yo llamé al asesoramiento jurídico de À Punt para hacerle la pregunta porque en principio la valoración económica son dos: uno es el presupuesto, que hay un máximo para cada lote, y luego es el coste por servicio. Y lo que nos dijeron es que sí que debemos rebajar lo máximo posible el coste por servicio, ya sea media jornada o jornada entera con periodista o sin. Pero a mí me dijo el asesor jurídico que en cuanto al presupuesto pusiéramos el máximo para cada lote, porque lo que iban a mirar era el coste por servicio, ¿vale?. Dicen ellos que el presupuesto debe ser el máximo porque luego ya deciden si van a necesitar todo o menos, pero que se van a basar sólo en el coste por servicio".
Para Competencia, estos whatapps son "una prueba directa, ya no solo del contacto sino del contenido antijurídico de lo que allí se trata". "Hay un nexo causal entre el conjunto de evidencias e indicios y la existencia de un comportamiento colusorio sin que las explicaciones alternativas ofrecidas por las partes realmente puedan desvirtuar esta inferencia", afirma la resolución. El hecho de que en ellos no se hable explícitamente de precios o no estén presentes todos los representantes de las empresas investigadas "no disminuye la calidad probatoria de este expediente", apunta el escrito.
En esta línea, incide que es "indiscutible" que empresas que compiten en un mismo mercado y se intercambian información comercial sensible para conseguirlo "deben ser conscientes y plenamente conocedoras de que su comportamiento no resulta acorde con las más elementales normas de comportamiento empresarial en mercados competitivos".
Las mercantiles sancionadas presentaron sus ofertas, todas ellas el mismo día 12 de febrero de 2019, a los lotes y con las preferencias que aparecen en la tabla que se detalla a continuación:
De ello se colige que las cuatro firmas utilizaron cuatro tipos de ofertas, con precios idénticos en los cuatro conceptos, que se repiten en los distintos lotes a los que concurrieron y que el uso coordinado de estos modelos responde a un sistema de reparto. Las cuatro mercantiles son, además, las únicas, de entre las licitadoras que aspiraron a varios lotes –12 mercantiles presentaron ofertas a más de un lote–, que ofrecen precios distintos a los diferentes lotes a los que concurren.
Todo ello dio como resultado que Comunicacions, Kriol y Canal obtuvieran las mejores puntuaciones cada una en un lote.
