Ortiz y Castedo, en el palco del Rico Pérez, de archivo. Foto: RAFA MOLINA El polémico empresario imputado en 'Brugal' que viene prestando el servicio de mantenimiento del camposanto al menos desde 2007 'se borra' del concurso con el tripartito. La empresa investigada por el supuesto amaño de la última adjudicación aspira a renovar la concesión por el montaje de infraestructuras para eventos festivos y deportivos
ALICANTE. La carrera empresarial por gestionar dos de los contratos municipales más jugosos de la ciudad de Alicante, el del mantenimiento del cementerio y el de montaje de instalaciones para fiestas, entra en su recta final con algunas ausencias y presencias más que destacadas. Según pudo precisar Alicante Plaza, el nuevo concurso sobre el servicio de limpieza y mantenimiento del camposanto -que hasta ahora prestaba Ortiz e Hijos ya fuera de contrato tras agotar posibles prórrogas- convocado por el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) este septiembre se disputa entre cinco empresas y, sorprendentemente, ninguna de ellas está vinculada al controvertido promotor Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel (en el que se ha reconocido como empresario financiador del PP) y Brugal (en el que se le investiga por un supuesto trato de favor en diseño del urbanismo de la ciudad a cambio de presuntas dádivas a los dos últimos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo).
El Gobierno del PP ya trató de regularizar la prestación del servicio en el verano de 2014 con la convocatoria de hasta dos concursos que no llegaron a resolverse con éxito, lo que propició que Ortiz siguiese percibiendo ingresos mediante la aprobación de modificaciones de crédito para acordar el gasto cada tres meses. Lo cierto es que el servicio continúa envuelto en la polémica desde 2007, cuando Ortiz se hizo con la contrata. Una empresa competidora impugnó esa adjudicación al considerar que el técnico responsable de valorar las propuestas (ya retirado) había primado los criterios subjetivos en la adjudicación y un juzgado la acabó anulando al dar por probada esa argumentación. La Concejalía de Atención Urbana, entonces controlada por el vicealcalde Andrés Llorens, convocó un nuevo concurso, designó al mismo técnico como responsable y, de nuevo, la adjudicación fue a parar a manos de la empresa de Ortiz. Se daba la circunstancia, además, de que dos de los hijos de ese alto funcionario trabajaban en sociedades participadas por Ortiz.
Con las elecciones de 2015, el nuevo equipo de Gobierno abordó estudios para tratar de municipalizar su prestación. Sin embargo, a la vista de los informes técnicos, la propuesta acabó desestimándose, pese a la oposición de Guanyar, y se abrió una nueva licitación.
Los aspirantes que pujan ahora por heredar la contrata son Ferrovial, Concentra, Eulen, una primera unión temporal de empresas (UTE) formada por Orthem y La Generala, y otra segunda alianza empresarial constituida por Litra Land y Patologías y Obras Civiles. Salvo que las cinco queden descartadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria, una de ellas asumirá un contrato de dos años de duración por un importe global de 689.419 euros, en el que se prevén prórrogas por otros dos años adicionales.
Operarios de Isjoma en el montaje de un palco de fiestas. Foto: RAFA MOLINALa contrata sobre el montaje de infraestructuras festivas -otra de las que suponen un mayor desembolso anual junto a la del cementerio, la de la limpieza urbana y la del servicio de transporte público-, también ha estado marcado por la polémica desde el momento de su adjudicación a la empresa Isjoma SL, en 2009. Una empresa competidora, Montajes Alavés, denunció en el juzgado las supuestas irregularidades en esa adjudicación al señalar que se le había concedido a Isjoma pese a que había presentado una oferta por un importe que superaba a la suya en más de un millón de euros. En concreto, Isjoma se hizo con el contrato por un plazo de seis años y un importe de 4,6 millones.
El caso sigue en instrucción en el Juzgado número 8, con dos ex ediles del PP como investigados por los delitos de prevaricación y fraude a la administración: Andrés Llorens y Juan Zaragoza
El caso sigue en instrucción en el Juzgado número 8, con dos ex ediles del PP como investigados por los delitos de prevaricación y fraude a la administración: Andrés Llorens y Juan Zaragoza. Ambos formaron parte de la mesa de contratación que decidió adjudicar a Isjoma. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la oferta presentada por Isjoma fue redactada por los propios técnicos municipales que participaron en el concurso, también investigados.
Ahora, el nuevo contrato se dirime entre tres aspirantes y dos de ellos tienen mucho que ver con la investigación sobre el supuesto amaño todavía en curso. Se trata de Isjoma, que presenta oferta para seguir gestionando la contrata tras constituir una UTE con Novofest, y de Montajes Alavés, la empresa denunciante. El tercer licitador es otra UTE, formada por Fiestas Infantiles, Sit Down MM y APQ. El concurso también es por un plazo de dos años prorrogables en otros dos con un presupuesto base de licitación de 1.350.582 euros, según recoge el portal del perfil del contratante de la página web municipal. La adjudicación de los dos contratos se hará efectiva en las próximas semanas.
