Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha comunicado a la UTE Erescanner Salud la propuesta de rebaja de precios del servicio de resonancia magnética que lleva prestando sin contrato desde que éste finalizara en el mes de octubre. Desde el departamento de Ana Barceló ya comunicaron el lunes de la semana pasada, como publicó Valencia Plaza, su intención de reducir unas tarifas heredadas del contrato finalizado y que la administración entiende que son muy altas comparadas con los precios de mercado.
Quedaba pendiente entregarles una propuesta formal que ya tienen sobre la mesa y es que poco sentido tenía seguir manteniendo vigentes los precios del anterior contrato cuando el último concurso demostraba que era posible una bajada de precios considerable. Así se recoge en el documento presentado por la Generalitat Valenciana a la UTE, donde se contemplan reducciones de hasta un 50% respecto a los precios que pagan actualmente. Por pruebas, la conselleria propone una rebaja de más de un 40% en la resonancia simple, más de un 50% en la doble o en la especial y más de un 30% en la triple, por ejemplo.
Según explica la conselleria en el documento, la tarifa propuesta se basa en la memoria económica que acompañó al expediente del último concurso de refuerzo -que todavía no se ha puesto en marcha- y al que se presentaron empresas como Eresa, IMED o Ribera Salud. En ese estudio se determinó el precio teniendo en cuenta lo que abonan las mutuas a las clínicas privadas y a los precios que concierta la Administración Pública con diferentes entidades privadas teniendo en cuenta varios concursos publicados en 2017.
Con este escenario, Sanidad recalca en que si las empresas hicieron bajadas importantes en la licitación para reforzar el servicio público quiere decir que los precios planteados no son abusivos. "Las empresas que se han presentado a dicho concurso han reducido las tarifas máximas contempladas de forma importante y el número de pruebas a realizar en esta fase no concertada es muy superior a las contempladas en los lotes del expediente 201/2018, lo que permite confirmar que son tarifas adecuadas", recoge el documento.
La Sindicatura de Comptes ya se había pronunciado dos veces, en 2013 y 2016, y la Intervención General una más en en 2017, sobre el alto coste económico que tiene para la Sanidad publica valenciana la gestión privada de este servicio a los precios actuales y que han permanecido durante el contrato de diez años. Un alto coste que se traduce en unos altos beneficios para las empresas y que se han mantenido durante los cuatro meses posteriores a su finalización.
A pesar de que los precios se han establecido con las referencias del último concurso, bien es cierto que la situación no es exactamente la misma, ya que en éste las pruebas son realizadas fuera de las instalaciones del hospital público mientras que los precios que pretenden modificar son de pruebas realizadas en las instalaciones de la administración. También han contemplado las tarifas para el modelo C, en el que los radiólogos forman parte del servicio público pero las máquinas y el mantenimiento son de la empresa privada.
Los socios de la UTE Erescanner Salud son Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%). Eresa (Grupo Ascires) e Iberdiagnósis son propiedad de la familia Saus, que controla así la UTE con el 57% del capital. Inscanner y Beanaca pertenecen a la familia de Carlos Paz, el médico fallecido en 2012 que fue gran amigo de Eduardo Zaplana y dueño de la Clínica Benidom. Ribera Salud, participada por el grupo norteamericano Centene y Banco Sabadell, es concesionaria de varios hospitales públicos en la Comunitat Valenciana.
Como ya comunicó Sanidad, la expectativa es que la prestación del servicio por la UTE se alargue hasta verano, lo que implica prolongar la gestión indirecta nueve meses desde que se acabó el contrato. Actualmente, la conselleria está esperando un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y que no solicitó hasta finales de enero. Ahora, Sanidad contempla el verano como el nuevo horizonte para la internalización del servicio, que se paralizó tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que impedía la subrogación del personal de Erescanner. El informe del CJC se espera para finales de febrero y con él, Sanidad deberá elaborar un decreto para llevar a cabo un proceso que los propios responsables de la Conselleria reconocen que puede tardar tres o cuatro meses en completarse.
