ALICANTE. El 'Estudio técnico sobre alojamientos turísticos en Alicante' encargado por la Concejalía de Urbanismo de Alicante a la consultora EOSA para tener un primer informe de diagnóstico de situación sobre el sector -al margen del elaborado por la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante de la UA- no solo procura información sobre el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) registradas en la actualidad para concluir que no existe todavía una situación de saturación (a pesar de la concentración detectada en puntos como el Casco Antiguo o Playa de San Juan), y que esa actividad tampoco ha tensionado el mercado de la vivienda al provocar un incremento de precios.
Al margen de ello, el estudio ofrece hasta nueve recomendaciones concretas con el propósito de contribuir a ordenar y racionalizar el sector del alojamiento en edificios residenciales a modo de receta destinada a evitar que ese todavía pierda vigencia. Es decir, que la proliferación descontrolada de VUT pueda conllevar un impacto directo sobre la convivencia y sobre el coste de los pisos y de los alquileres.
¿En qué consisten esas medidas? En realidad, algunas ya son conocidas y se están poniendo en práctica tanto en Alicante como en otras ciudades españolas en las que se estaría registrando la misma evolución. La primera es la más obvia: consistiría en la imposición de sanciones para aquellas VUT que no cumplen con el marco normativo establecido. El informe sugiere desde penalizaciones menores que promuevan la rectificación del incumplimiento detectado, hasta su cierre en el largo plazo a los que persistan en esa anomalía. Para ello, resultaría necesario el incremento de las inspecciones con un refuerzo de personal.
La segunda, ya anticipada por este diario, conllevaría la creación de un censo o registro público de VUT, en el que se precise la ubicación concreta de cada piso turístico, con el fin de ofrecer información transparente sobre la situación del sector. Ese registro, que se prevé difundir a través de la página web municipal, según concretó este martes la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, permitirá tener una foto en movimiento sobre la situación del sector, ya que se irá actualizando con la incorporación de las licencias se puedan conceder en el futuro. Y, además, posibilitará que afloren situaciones de irregularidad, al favorecer que la ciudadanía pueda dar cuenta de la existencia de pisos arrendados con fines turísticos que no estén inscritos en ese censo.
En tercer lugar, el informe de EOSA también sugiere que se aplique una moratoria o suspensión en la concesión de nuevas licencias con el fin de introducir límites en el planeamiento municipal, con criterios como la densidad o incluso determinando la obligación de que los pisos turísticos deban tener accesos independientes en el caso de que se sitúen sobre edificios residenciales. Se trata de otra de las medida que ya están en trámite, con una propuesta de paralización de permisos de dos años de duración que el equipo de gobierno prevé elevar a aprobación inicial en el pleno de diciembre, el próximo jueves 19.
La cuarta medida contemplada en el informe consiste en la aplicación de cargas fiscales a los propietarios de pisos turísticos con el fin de que puedan costear el aumento de costes de los recursos públicos que conlleva la llegada de visitantes. Se trataría de acordar un posible incremento en el IBI o en la tasa de la basura, por ejemplo, para compensar el impacto de los turistas en los recursos públicos.
En quinto lugar, EOSA sugiere otra iniciativa enfocada en la mejora de la calidad de la oferta. Consistiría en establecer una especie de sello para las VUT que premie el consumo de agua racional o el ahorro energético, por ejemplo, lo que casaría con el objetivo de la sostenibilidad en el sector turístico.
La sexta sugerencia consiste en potenciar los acuerdos entre las comunidades de propietarios para que sean los propios residentes quienes determinen con una mayoría de tres quintos de cada finca en qué comunidades se autoriza la instalación de pisos turísticos. Es una posibilidad que ya queda amparada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que también ha barajado ya el Gobierno central.
La séptima recomendación consistiría en el desarrollo de campañas de sensibilización para fomentar el turismo sostenible, más responsable, más consciente del uso del agua o de la luz entre la población desplazada a Alicante que opte por permanecer en cualquier tipología de alojamiento turístico.
La octava tiene que ver con la implantación y fomento de herramientas digitales que permita rastrear la oferta de VUT no declarada, que se comercializa a través de plataformas o en redes sociales. Con ello, se reforzaría la detección y la sanción de los pisos turísticos en situación de alegalidad.
Y, por último, la novena recomendación giraría en torno al fomento del alquiler a largo plazo con el propósito de incentivar esa modalidad de arrendamiento frente a la opción del alojamiento con fines turísticos. Para ello, se debería articular algún tipo de incentivo desde el punto de vista de la fiscalidad, con la introducción de bonificaciones o exenciones en el IBI o en determinadas tasas, de modo que aquellos dueños de inmuebles que duden sobre qué uso dar a sus propiedades puedan inclinarse por destinarlas al alquiler a largo plazo, lo que aumentaría la oferta disponible y redundaría en la moderación de los precios.