ALICANTE. La propuesta de suspensión de licencias para pisos turísticos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), prevé elevar a debate y aprobación en el pleno de diciembre encuentra las primeras reticencias entre la patronal del sector: la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (APTURCV). Tanto es así que su directiva ya ha solicitado poder mantener una reunión de trabajo con los responsables municipales con el fin de encontrar una vía de entendimiento que permita consensuar la futura regulación de la actividad a la que se pretende dar pie con la aplicación de esa moratoria.
Así lo confirmó este miércoles la presidenta de APTURCV, Silvia Blasco, a consulta de Alicante Plaza, quien consideró que el Ayuntamiento está legitimado para trazar esa regulación desde el punto de vista de la ordenación urbanística, con instrumentos como la aplicación de una moratoria en la concesión de permisos, pero señaló que esa medida debía estar debidamente "motivada". Y, según añadió, a partir de la información que la asociación había podido cotejar hasta ahora, todo parece indicar que ese acuerdo de congelación de autorizaciones por un periodo de dos años podría tener un carácter "discrecional" al "no estar justificada ni ser proporcional".
En esta línea, apuntó que la paralización que se trata de poner en marcha "se dirige contra particulares, que son la parte más vulnerable" del sector, después de que se haya descartado su aplicación sobre proyectos para habilitar apartamentos en bloques exclusivos, en edificios completos. De ahí que, entre otros puntos, la asociación se cuestione "por qué se ha dejado fuera a otro tipo de alojamientos, como los bloques o los hoteles, si lo que se aduce es la necesidad de ordenar el sector". Es más, recalcó que en el caso de la suspensión de licencias acordadas en València, se extendió su alcance a todo tipo de modalidad de hospedaje. Así, lamentó que pueda tratarse de responsabilizar a los pisos turísticos aislados de un problema de convivencia sin profundizar en esa hipótesis, toda vez que ese tipo de alojamientos no están ocupados durante todo el año, sino que suelen alquilarse con fines turísticos entre uno y dos meses: el tiempo en el que sus propietarios no residen en sus viviendas. "No es posible que se diga que son un foco de conflicto permanente", insistió
Además, consideró que el estudio elaborado por la Cátedra de Turismo 'Ciudad de Alicante' no apuntaría la existencia de una situación de saturación que pudiese justificar la adopción de ese bloqueo a la concesión de nuevos permisos, toda vez que únicamente se identificaría la existencia de cerca de 4.000 apartamentos turísticos.
E incluso alertó de la posibilidad de que el cerca de un centenar de decretos de suspensión de actividad que se habrían dictado hasta ahora respecto a viviendas de uso turístico (VUT) podrían no estar bien fundamentadas, en el supuesto de que el incumplimiento detectado fuese la falta de un certificado de compatibilidad que no resulta exigible para los pisos turísticos reglados y registrados que estén en activo desde antes de 2018, ya que el decreto autonómico que regula las VUT les excluye por ahora de ese requisito (habilita un plazo de cinco años para conseguirlo).
De ahí que Blasco considere pertinente poder establecer un diálogo con los representantes del equipo de gobierno que hasta ahora no habría sido posible con el fin de exponer el punto de vista del sector a la hora de trazar la nueva regulación que se aspira a diseñar en el margen de los próximos dos años.
¿Cuál es la posición de los empresarios de bloques turísticos? En primer término, el presidente de Abatur (la asociación que los agrupa, con cerca de 700 plazas en la ciudad) y vicepresidente de APHA, Daniel Elman, consideró que "la prohibición no es buena", aunque añadió que "puedo llegar a entender que pueda aplicarse una moratoria si de lo que se trata es de propiciar un control y evitar el desorden para que el futuro de la actividad sea sostenible".
En este sentido, recalcó que "no estamos en contra de que se regule, siempre que se le dé valor al sector para que los residentes puedan percatarse también de lo que aporta esta actividad económica a otros sectores como el comercio o la hostelería", añadió. Y, además, recalcó que, en realidad, en Alicante se ha reducido el número de licencias de pisos turísticos aislados porque varios empresarios que disponían de bloques con licencias individuales por cada vivienda las han transformado en permisos como bloque, lo que redundaría "en un mejor control por parte de la administración".
Sea como fuere, el alcalde, Luis Barcala, defendió este miércoles la conveniencia de la aplicación de la moratoria, al apuntar que se trataba de una de las recomendaciones recogidas en el informe sobre la situación del sector elaborado por la Catedra de Turismo Ciudad de Alicante y por la consultora EOSA, por encargo de la Concejalía de Urbanismo. "La moratoria viene en base a la recomendación de esos informes y por una cuestión de principios: el problema de convivencia viene generado fundamentalmente por los apartamentos dispersos, que están de forma aislada en edificios residenciales, y eso es a lo que se pone freno", apuntó.
Y aunque no llegó a precisar datos concretos contenidos en esos estudios, sí recalcó que el objetivo del equipo de gobierno es atajar la oferta ilegal, para lo que aseguró que se dotará de mayores recursos y medios a la inspección que permita detectar esos pisos no reglados.
De hecho, señaló que, al margen de la cooperación de la Policía de Barrio en labores de inspección -de la que se dio cuenta el martes- apuntó que se pretende destinar más medios humanos a ese fin, así como la incorporación de nuevas tecnologías "que permitan mejorar la labor de rastreo de datos y la coordinación con la Generalitat". "Estamos muy resueltos a no permitir bajo ningún concepto la ilegalidad; el objetivo es combatir y erradicar los apartamentos ilegales", añadió.
Y sobre las medidas a implementar para ordenar la actividad, en el plazo de dos años previsto con la moratoria, solo apuntó que se pretende evaluar cómo funciona la moratoria para definir medidas adicionales a las que ya se contemplan para racionalizar el mercado -que no detalló- en el caso de que resultase necesario. Así, no llegó a pronunciarse sobre la posibilidad de restringir la posibilidad de habilitar bajos comerciales como viviendas que pudiesen tener uso turístico.