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Logística | Especial Revista Plaza
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En una campaña que se prevé dura, todos los focos apuntan al resultado en la Comunitat
VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana es el territorio donde los grandes partidos más se juegan en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Con todo el pescado vendido en Madrid a favor de Díaz Ayuso y no habiendo elecciones en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, la Comunitat Valenciana es clave para medir fuerzas de cara a las generales de noviembre. La izquierda y la derecha se la juegan, en una realidad política que, en este momento, varía notablemente en cada convocatoria electoral. En las elecciones que ahora se celebran, y a diferencia de otras anteriores, el bipartidismo se presenta reforzado, aunque con las peculiaridades propias de cada lugar.
El dato clave que se maneja es el de las encuestas, que dibujan un empate entre bloques. De ahí que tanto el PSPV como el PPCV estén en modo 'darlo todo' en una campaña electoral dura. Para analizar cómo se ha llegado hasta este interesante escenario es importante echar la vista atrás. La Comunitat es un territorio en el que la derecha gobernó durante dos décadas (1995-2015), hasta el batacazo del PPCV. Los casos de corrupción de los populares, la gestión tras la crisis económica con los recortes en el sector público y un contexto de hartazgo social con los partidos clásicos fueron los principales factores que contribuyeron a un cambio absoluto del tablero político. El descontento llevó tanto a una desmovilización de la derecha como a que el voto fuera a parar a otros partidos. En la Comunitat, no solo primó el escenario nacional de Ciudadanos y Podemos como canalizadores del castigo, sino que se consolidó Compromís, una coalición formada por el Bloc, Iniciativa y Els Verds que se había convertido en el azote del PPCV con unas formas poco ortodoxas que muchos calificaron de populistas.
El resultado de aquellas elecciones de 2015 dio la Generalitat a la izquierda, al igual que el Ayuntamiento de València. Tras unas arduas negociaciones, el PSPV, con Ximo Puig al frente, recuperó el ejecutivo autonómico con el apoyo de Compromís —Mónica Oltra ostentó la vicepresidencia— y el externo de Podem, que no entró al Consell. En la ciudad, Joan Ribó obtuvo la alcaldía con el respaldo de los socialistas, primero gracias a Joan Calabuig y luego a Sandra Gómez.
El PPCV, liderado por Isabel Bonig, tuvo que retirarse a lamerse las heridas y a tratar de recomponerse, algo que realmente no sucedió hasta años más tarde. En 2019 resultaba casi imposible recuperar la Generalitat y la caída en picado se acentuaba. Los populares obtuvieron su peor resultado, aunque la sangría se logró frenar relativamente. Bajaron doce escaños respecto a los anteriores comicios, y Ciudadanos quedó a tan solo un diputado de ellos, disputándoles el liderazgo de la oposición. A ello se unió la entrada de Vox con diez parlamentarios. La izquierda volvió a gobernar, esta vez con Unides Podem dentro del Consell. La travesía en el desierto del PPCV durante todos esos años fue complicada, en un territorio que resulta clave para sus expectativas a nivel nacional. A la UCI en la que pasó a estar cuando perdió casi todo el poder territorial en 2015, se unió el tsunami que supuso el estallido del caso Taula —además de otros asuntos de corrupción—, que provocó que el partido suspendiera de militancia a nueve de los diez concejales del Ayuntamiento de València por estar investigados —la causa les fue archivada en 2021—. La decisión deterioró mucho la relación de la dirección regional con este sector de la ciudad y fue muy a peor con los movimientos para que Rita Barberá abandonara el partido, como así hizo. Ni que decir tiene que con su muerte la división interna todavía fue a más, y sumió a la formación en una profunda crisis por el trato que dieron a la exalcaldesa de València, figura clave dentro del PP.
Siempre se dice que los mayores problemas dentro de los partidos vienen cuando no gobiernan. Y en el caso de los populares se cumplió a rajatabla con una descomposición absoluta. Recordado es el intento de Bonig, incluso, de cambiar las siglas, algo que nunca sucedió. Lo único que les hizo levantar cabeza fue el paso del tiempo que, poco a poco, reflotó sus expectativas electorales. Las últimas encuestas antes de la salida de la expresidenta regional ya mostraban buenos resultados. Y la tendencia desde entonces ha sido ascendente.
Pese a que la cosa parecía que iba a mejor, el liderazgo de Bonig era cuestionado en Génova. Fue en la primavera de 2021 cuando ella dio un paso a un lado después de que la dirección nacional, por aquel entonces comandada por Pablo Casado y Teodoro García Egea —ahora fuera de combate—, señalara a Carlos Mazón como su preferencia al frente del PPCV.
Comenzó a partir de entonces una nueva etapa. Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, fue proclamado, en el verano de aquel año, líder del partido tras el preceptivo congreso y con una tarea nada sencilla: recuperar la Generalitat. Su número dos, María José Catalá, tiene el mismo objetivo en el Ayuntamiento de València. Los números son ajustados actualmente, aunque mucho ha cambiado todo desde 2019. El empate técnico entre bloques no tiene a los mismos protagonistas en cada uno. En la derecha, el PPCV aspira casi a duplicar su número de diputados. El acompañante de Mazón para lograr una investidura sería Vox, encabezado por Carlos Flores Juberías, con un crecimiento en número de escaños, aunque reducido. De acuerdo con los sondeos, la aspiración de disparar los apoyos, como cuando se presentaron por primera vez, no se cumpliría.
Ciudadanos, por su parte, pasaría de tener casi los mismos representantes que el PP a desaparecer, si no supera la barrera del 5% que se requiere para entrar en Les Corts. Su evolución a lo largo de esta legislatura es digna de mención. De un inicio con un Toni Cantó venido arriba, el progresivo hundimiento tras una equivocada estrategia nacional y los sucesivos abandonos —entre ellos el del actor para ocupar un cargo con el PP— los ha llevado a una descomposición total que podría suponer su adiós en las instituciones. La candidata a la Generalitat, Mamen Peris, confía en salvar los muebles con una esperanza que no reflejan ni mucho menos las encuestas.
En la izquierda, existen ciertas similitudes. El PSPV se encuentra en una situación de fortaleza parecida a la del PP —de ahí la lectura de la pujanza del bipartidismo—, que mayoritariamente se ve eclipsada por lo que hace o deja de hacer Pedro Sánchez y el Gobierno central. Los sondeos pronostican un incremento de apoyos que habrá que esperar a comprobar si suman con sus actuales socios del Consell.
En el caso de Compromís, el 28M parece su gran prueba de fuego de la era pos-Oltra. La que fuera vicepresidenta de la Generalitat dimitió en junio del pasado año, tras ser citada a declarar como investigada por la gestión de la Conselleria de Igualdad, de la que ella era titular, en el caso de abuso sexual por parte de su exmarido a una menor tutelada. Resulta indudable que esa marcha supuso el fin de una etapa en la política valenciana, porque ha sido una figura fundamental en la última década. Oltra ha sido la máxima referente de Compromís y su gran tirón electoral. Es prácticamente imposible, por el momento, que nadie la supere en grado de reconocimiento. Su hiperliderazgo, además, conllevaba que fuera la que marcara las líneas tanto en gestión como en estrategia electoral.
Después de su salida, Compromís ha quedado, en parte, huérfano de una cabeza visible que tome todas estas decisiones, que ahora se abordan por los dirigentes y referentes institucionales de cada partido que componen la coalición, pero con unos equilibrios que tampoco quedan demasiado claros. El candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, y el alcalde de València, Joan Ribó, tienen como reto mantener, al menos, un resultado digno que permita retener ambos gobiernos.
En la presente campaña, como podría esperarse, cada partido lleva su estrategia. Puig y el PSPV han optado por evitar el modo electoral hasta última hora y todo se centra en su figura como presidente de la Generalitat. El jefe del Consell va, básicamente, a la suya al margen de Ferraz. Algo en lo que parece sentirse más cómodo, dado el desgaste de Sánchez con las polémicas de los últimos meses por la ley del 'solo sí es sí' o la reforma de la malversación.
Unido a las cuestiones que afectan directamente a la Comunitat —como la prometida e incumplida modificación del sistema de financiación autonómica, la polémica por el recorte del trasvase Tajo-Segura o el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 dejaran a Alicante a la cola de España en inversión por habitante—, no es el mejor momento para que Puig vaya de la mano del presidente del Gobierno. De hecho, las visitas de este último están siendo pocas, al margen del mitin central en València.
Puig ha preferido, así, centrarse en la fortaleza de los socialistas, que es la mayor movilización en las elecciones autonómicas y locales, y en su propio perfil. Básicamente, venta de gestión, competición con la derecha en asuntos como los impuestos, 'medallas' como la inversión de Volkswagen y discurso centrado. El jefe del Consell no quiere que se enfoquen las elecciones autonómicas como una primera vuelta de las generales —a diferencia de la derecha— y evita hablar del Botànic y de sus socios. Destaca que el ejecutivo autonómico de estos ocho años ha funcionado, pero no menciona el pacto alcanzado con Compromís y Unides Podem.
El PP se encuentra en la otra orilla. Consciente de que la gran batalla del 28M puede darle las llaves de la Moncloa, ha preferido ‘españolizar’ la campaña con el desgaste de Sánchez. El bajo grado de reconocimiento de Mazón se ha compensado con la presencia constante de dirigentes nacionales, incluyendo su líder, Alberto Núñez Feijóo, y territoriales. Los populares han querido escenificar una cohesión interna que, hasta hace poco, no habían conseguido, y el mensaje es que las autonómicas y municipales son un plebiscito a Sánchez. El propio Feijóo lo ha manifestado en València en varias ocasiones, donde ha llamado a desalojar a los socialistas de la Generalitat y los ayuntamientos, como anticipo de lo que ocurrirá en las generales de diciembre. Para tratar de confrontar su futura gestión a la del PSPV, que cuenta entre sus logros con inversiones como la de Volkswagen, Mazón tiene como gran promesa una bajada de impuestos: el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
Si algo tienen en común tanto Puig como Mazón es su estrategia de vender un futuro gobierno en solitario, aunque los números evidencien que necesitan el respaldo de otros partidos. Sus posibles socios, lógicamente, tuercen el gesto y ya les han advertido de que les necesitan. En el PPCV mantienen un razonamiento: si Vox exige entrar en la Generalitat, los populares se niegan y Vox permite un ejecutivo de la izquierda por este motivo, les penalizará en las elecciones generales, su cita de gran importancia. La formación de Santiago Abascal, sin embargo, ya avisa de que querrá la vicepresidencia y más competencias, por lo que pide que se dejen de «chorradas».
Algo parecido manifiestan desde Compromís en público respecto a las aspiraciones de los socialistas de un Consell sin ellos. «Milagritos a Lourdes», llegaron a decir. En privado, sin embargo, miembros de la coalición ya admiten que tendrán complicadas las próximas negociaciones para obtener consellerias. Quién se sitúe al frente de esas conversaciones será clave, puesto que en 2015 y 2019 la posición de fuerza no solo la tenían en el resultado electoral, sino en la figura de Oltra.
En las formaciones a la izquierda del PSPV, una de las cuestiones clave de estas elecciones es el estado en el que acuden a las urnas y la influencia del panorama nacional. Y es de enredo máximo. La relación entre Podem, Esquerra Unida, Compromís y Sumar no es que sea de paz y amor. Aunque han pasado por multitud de fases, hubo un tiempo en el que los tres primeros llegaron a entenderse para ir de la mano a las elecciones generales, como sucedió con la coalición A la Valenciana en 2016. Las autonómicas siempre han sido otro cantar, pero, además, la situación actual es diferente.
Las encuestas sitúan a Podem-EU en el límite de la barrera electoral (5%) para obtener representación en Les Corts. El riesgo y el consiguiente temor a que no entren existe. Y aunque con el pacto que han sellado ambos partidos tienen, desde luego, más opciones de conseguir escaños, el miedo de sus socios sigue ahí. Con los datos que manejan y el convencimiento de que la tendencia es a la baja, en la coalición han decidido lanzarse a ocupar ese espacio. La presentación de la plataforma de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y su candidatura para las generales parecía que hacían ampliar las opciones de lograrlo. Pero nada se ha materializado para las autonómicas. Representantes de Compromís como el alcalde de València, Joan Ribó, acudieron a la puesta de largo. Presencia importante de la coalición y respaldo, sí. Pero, a cambio, ¿qué? Más allá de un posible apoyo en campaña, nada. Díaz, de hecho, tiene difícil este equilibrio porque Podem —con el que mantiene un choque total— y Esquerra Unida —a la que sí tiene como aliada— se presentan conjuntamente en la Comunitat. Una de las opciones que barajaba era la de acudir a algunos de los municipios en los que hubiera un acuerdo a tres bandas, entre los dos anteriores y Compromís. No se trata, desde luego, de València, la ciudad más importante que tienen en juego. Aquí se descartó el pacto tras un intento de negociación. Algo que algunos miembros de Compromís reconocen que fue un error y apuntan a una única causa: la falta de liderazgo interno en la coalición. Con los morados, con Héctor Illueca al frente, señalando a Compromís como los que bloquean un acuerdo con Sumar, y estos tratando de absorber su electorado, no es que la armonía predomine entre ellos de cara a los comicios.
Al margen de las cuitas entre partidos, quien obtenga la Generalitat tendrá una serie de asuntos que colean de la presente legislatura y otros retos que aparecerán la que viene. El principal suele ser siempre colocar la agenda valenciana en Madrid. Algo que ni siquiera asegura un gobierno del mismo color, como se ha podido comprobar. La reforma de la financiación autonómica, cómo no, seguirá siendo el gran tema en mayúsculas, junto con el agua y las inversiones en los PGE.
Los recortes en la administración valenciana serán seguramente unos de los ‘marrones’ de bienvenida (el déficit de la Comunitat es muy superior a la media española), mientras que quedará por abordar la implementación de la tasa turística, la ampliación del Puerto de València, la agilización de la implantación de las fotovoltaicas o la regulación de la zona de bajas emisiones en las grandes ciudades. La bajada del listón electoral al 3%, la recuperación del derecho civil valenciano o la semana laboral de cuatro días serán otros de los debates previsibles. Como objetivos de la Generalitat aparecen que Ford arranque su proyecto eléctrico y consiga estabilidad en la fábrica de Almussafes y seguir atrayendo inversiones extranjeras o de otras autonomías. En el ámbito cultural, asoman la evolución del proyecto de Ciudad de la Luz, la concreción del futuro del Palau de les Comunicacions, desatascar la subsede del IVAM y aterrizar el acuerdo con Bombas Gens.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 103 (mayo 2023) de la revista Plaza