BENIDORM. Comienza la rescisión de la condición de agente urbanizador del polígono industrial de Benidorm a Terra Village Land. El pleno celebrado este viernes ha aprobado la moción de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, por la cual el Consistorio ahora da un plazo de alegaciones a la empresa y en el caso de que así sea, se traslade al Consell Jurídic Consultiu para que dictamine la forma de proceder. La propuesta ha servido también para avivar la polémica entre los dos grandes partidos.
Como viene contando este diario, la rescisión de la condición de agente urbanizador del PP 3/1 a la mercantil Terra Village Land se produce después de que “se haya superado en más del 50% de los costes de urbanización originales”, según ha explicado la concejal, que ha señalado que la legislación urbanística establece que cuando se produce este incremento de precio “solo cabe resolver la condición de agente urbanizador de manera automática, sin que exista responsabilidad del urbanizador”, al no haber causa de resolución culpable, sino una “causa objetiva”. La moción se ha aprobado con los 17 votos a favor de PP y Vox y con la abstención de siete concejales del grupo socialista.
El expediente comenzó hace ahora 23 años. En 2001 el pleno del Ayuntamiento aprobó entonces provisionalmente y adjudicó la condición de agente urbanizador de este sector. En el 2002 se aprueba definitivamente el programa y se adjudica su urbanización, cuyas obras se valoraron en 26.488.703,23 euros.
Sin embargo, Caselles centró su discurso en apuntar contra el Ministerio de Fomento por paralizar las obras y exigir al Ayuntamiento al ejecución de una rotonda y un vial de acceso. Una carga económica que finalmente ha tenido que asumir el Ayuntamiento y le "correspondería a él", refiriéndose así al departamento del gobierno central.
Tras esta paralización y la solicitud de un préstamo por parte del Consistorio para ejecutar estas infraestructuras, “hubo que presentar un proyecto de modificación con las obras que ya se han ejecutado y un proyecto de terminación del sector” con una retasación que, según los informes técnicos, “queda patente un incremento de costes que excede en más de un 50%” sobre los costes iniciales.
Asimismo, la responsable de Urbanismo ha insistido en que esta rescisión se produce “por causa objetiva basada en la Ley de Contratos del Sector Público” y que todo el procedimiento se ha realizado “con toda la información, el asesoramiento y el aval de los técnicos”. A partir de ahora, según ha explicado Lourdes Caselles, se dará un plazo de audiencia de 10 días a Terra Village. En caso de que en el periodo de alegaciones la empresa se oponga a la resolución del contrato, el expediente deberá remitirse al Consell Jurídic Consultiu. Si no se opone, el asunto se resolverá directamente en sede municipal sin necesidad de dictamen externo. Asimismo, una vez resuelto el contrato, se deberá proceder a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas y del programa.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, dirigió su discurso contra el PP. "El urbanismo de Benidorm ha tenido un gran problema", decía en su intervención, reseñando que el conflicto provenía de los gestores del PP y "su alianza" con el empresario Enrique Ortiz, "que ha hecho de Benidorm su particular Monopoly". A su vez, el socialista quiso remarcar la "opacidad" en la tramitación del expediente, algo que más tarde negó Caselles. Castillo además recordó los informes de los últimos años en los que los técnicos municipales hablaban de "múltiples incumplimientos, de no contestar requerimientos, no cumplir plazos, y otorgársele prórrogas y más prórrogas".
El edil de la oposición recordó a continuación que en febrero de este año el alcalde anunció que se iba a desbloquear el polígono industrial y empezarían las obras tres meses después. Pero obviamente no se ha cumplido. Con todo, el socialista remarcó "el temor a las posibles consecuencias" al nombrar "la ausencia de informes de Intervención y Tesorería" y sabiendo que casi un 70% de la inversión está realizada por parte de la mercantil, a lo que le restarían unas obras que ascienden a 30 millones de euros. "Estamos hablando que se han invertido 20 millones", dijo Castillo en alusión a los informes técnicos y dudando de la viabilidad económica de la ejecución de la obra restante.
Por su parte, Caselles recordó en este diálogo de 'culpas' que uno de los principales fue el gobierno del Botànic, por tardar "años" en aprobar la modificación del Plan Parcial. Y volvió a mirar a Fomento, reseñando que estos accesos que piden a Benidorm no se han exigido a los polígonos de Finestrat y La Nucía. Por todo ello, pidió a los socialistas que pelearan en Madrid por que la nueva rotonda que se requerirá en el acceso sur la sufrague el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.