ALICANTE. Más gasto para ampliar servicio. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prepara la primera modificación del contrato de mantenimiento de zonas verdes, adjudicada finalmente en 2020 a la empresa STV Gestión, que supondrá un encarecimiento de 1,2 millones en su coste anual a partir del próximo de enero. Así lo ha confirmado este viernes el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), durante su comparecencia en la comisión específica para la fiscalización del servicio promovida por los grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox), en la que también ha anticipado la próxima devolución de la fianza depositada por Geamur (la antigua concesionaria) cuando se hizo cargo del contrato precedente (en 2012) sin que, por el momento, se contemple la posibilidad de aplicar minoraciones o penalidades por el servicio prestado.

Por orden. El modificado del contrato, que podría entrar en vigor justo un año después de que STV Gestión se hiciese cargo de la prestación, resultaría necesario para atender las nuevas zonas verdes generadas a lo largo de los dos últimos años que no figuraban en el pliego del concurso, elaborado en 2018. Así, según ha concretado Villar durante su comparecencia, con ese incremento de precio se prevé la contratación de 14 nuevos empleados en el área de jardines, además de cinco especialistas en operativa de riego.

"Se trata de una mejora y ampliación del contrato por las nuevas zonas verdes que ha recepcionado el Ayuntamiento desde la redacción inicial del pliego. Son muchos los servicios que tenemos que cumplir y es necesario ajustar el personal de la contrata a las zonas que atendemos", ha explicado Villar, a través de un comunicado emitido al término de la sesión de trabajo de la comisión.

¿Cuáles son esas 18 nuevas zonas verdes a las que se pretende dar servicio con este modificado? Según han precisado fuentes municipales, a través de ese mismo comunicado, se trata del tronco principal de la Vía Parque, la Plaza de la Ciudad de la Justicia, la remodelación del Paseo de Gómiz, la zona verde junto al colegio de La Condomina, el jardín de la calle Arquitecto Guardiola, la obra de la avenida Padre Esplá, el Parque Lo Morant, la remodelación de la Plaza de la Viña y de la rotonda Carolina Pascual, la recogida de papeleras en El Palmeral, la remodelación de la Plaza de Castellón, el arbolado de Arzobispo Loaces, Poeta Zorrilla y adyacentes, el APA 9, el nuevo ajardinamiento en la calle de la Vega, las zonas verdes del Plan Parcial de Benalúa Sur y las nuevas calles de Rabasa y San Gabriel.

Con la ampliación del contrato, el Ayuntamiento pasará a abonar 7,1 millones de euros anuales por la prestación. El coste anual previsto en la licitación era de 5,8 millones, que ahora se refuerzan con 993.689 euros para atender las nuevas zonas verdes y otros 301.930 para la ampliación del sistema de riego. De igual modo, según Villar, también se prevé ampliar el número de inspectores municipales encargados de velar por el cumplimiento del servicio, de modo que pueda contarse con otros cinco más, al margen de los tres de los que ya se dispone.

Pagos pendientes y reposición de arbolado

Con todo, el incremento de precios y la ampliación de plantilla no es el único elemento novedoso que el edil responsable del área ha dado a conocer durante el desarrollo de la comisión. Al tiempo, Villar ha asegurado que el ayuntamiento se disponía a atender al menos parte de la solicitud presentada por la anterior concesionaria del servicio, Geamur, para liquidar pagos pendientes durante el periodo en el que asumió la prestación al confirmar que los técnicos municipales habían validado que se produjese la devolución de la fianza que la compañía depositó en 2012.

Se trata de una suma que supera los 724.000 euros. Con todo, no se ha llegado a concretar si también se accederá a otra de las peticiones formuladas por la compañía, una vez descontado el abono de las últimas facturas atrasadas: el pago de más de 599.000 euros como compensación económica por el tiempo en el que tuvo que seguir asumiendo el servicio con el contrato vencido (y con el mismo precio que se acordó en la adjudicación), cuando -según alegó- ya no era aplicable la figura del riesgo y ventura imputable al contratista.