ALICANTE. El proceso para ordenar la implantación de pisos turísticos en Alicante se pondrá en marcha de manera oficial este viernes, cuando la propuesta de suspensión en la concesión de nuevos permisos se someterá al dictamen del conjunto de grupos políticos representados en la corporación en su debate en comisión informativa de Urbanismo. De ahí, el acuerdo se elevará a aprobación inicial en el pleno ordinario de diciembre, el día 19. En principio, todo parece indicar que la propuesta sumará los apoyos necesarios para que prospere, lo que permitirá bloquear nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico (VUT) en encuadradas en edificios residenciales (no así para los proyectos concebidos en bloques completos) por un máximo de dos años.
La medida, que ya han aplicado otros ayuntamientos de la provincia con antelación, es una de las recomendaciones recogidas en el informe de diagnóstico encomendado a la consultora EOSA para tener una primera foto real sobre la situación de las VUT en la ciudad. Y permitirá usar esos dos años de margen en los que estará vigente la moratoria para acordar una regulación urbanística específica en la que se concrete dónde y bajo qué condiciones arquitectónicas concretas podrá permitirse el arrendamiento de viviendas con fines turísticos.
El propósito que mantiene el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), es abordar esa regulación barrio por barrio, después de evaluar la situación concreta de cada uno de ellos. Así lo confirmó, de hecho, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en una comparecencia pública al término de la presentación del estudio, en la que deslizó que se pretende promover una ordenación zonificada. O lo que es lo mismo, que podrían acordarse limitaciones concretas en determinados ámbitos territoriales de la ciudad en los que se considere que ya existe oferta de alojamiento suficiente.
Con ello, se evitaría incurrir en posibles situaciones de saturación que, según el informe de EOSA, todavía no se registran en Alicante, a pesar de que sí se habría detectado concentración de la oferta en puntos como el Casco Antiguo y parte del Centro Tradicional, en el distrito de Playa de San Juan o, en menor medida, también en Urbanova.
A priori, esa regulación podría fijar condiciones vinculadas con la densidad de licencias de VUT ya concedidas en cada ámbito a través del nuevo planeamiento, ahora en la primera fase de redacción en lo que respecta al Plan Estructural. En ese trámite, también podrían implementarse requisitos como la exigencia de que los pisos turísticos deban disponer de un acceso independiente al resto de viviendas de un edificio residencial, o que pueda impedirse el uso de los bajos comerciales para establecer pisos turísticos, con el fin de que pueda fomentarse el uso de viviendas con uso estrictamente residencial.
En todo caso, tanto Gómez como el alcalde, Luis Barcala, señalaron este martes que se estaba a la espera de posibles variaciones en la Ley Estatal de Vivienda, que el primer edil consideró "fracasada", tras destacar que ya se estaban poniendo en marcha, como la misma suspensión de licencias. No obstante, Barcala no fue más allá y no llegó a concretar, tampoco, qué otras recomendaciones entre las recogidas en el estudio podrían llegar a implementarse, más allá de la moratoria y de la creación del censo o registro público de pisos turísticos. Así, no llegó a precisar si se pretende introducir medidas para gravar a los propietarios de pisos turísticos, o para fomentar la apuesta por el alquiler de larga temporada en detrimento del arrendamiento turístico. Así, insistió en que el estudio era "un punto de partida" para contar con información "objetiva" en lugar de "debates ideológicos" con el propósito de poder adaptar una respuesta municipal adecuada a la situación del sector. En este sentido, señaló que nunca antes se había contado con un diagnóstico similar.