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expediente sobre las obras pactadas en el contrato de venta

Urbanismo será inflexible con la 'reforma fantasma' del Rico Pérez

Fuentes de la concejalía aseguran que se aplicará la normativa en vigor de manera rigurosa, después de que un informe técnico haya confirmado que se ejecutaron obras indebidas y que no se realizaron otras que sí estaban comprometidas en el contrato de compra-venta con Aligestión. El Hércules recibe el último requerimiento municipal y anticipa que su respuesta será negativa: en el club no existe ningún documento sobre el proyecto de ejecución

23/12/2016 - 

ALICANTE. Si de la Concejalía de Urbanismo depende -y, en teoría suyas son las competencias sobre la materia- la reforma fantasma del estadio José Rico Pérez no saldrá gratis. Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza señalaron que en el expediente abierto sobre la ejecución de las obras de remodelación comprometidas por Aligestión en el contrato de compra-venta se aplicará la normativa vigente en sentido estricto en función de lo que determinen los técnicos. Es decir, no más, pero tampoco menos. 

La apreciación resulta pertinente a la vista de las tres almas que coexisten en el seno del tripartito a la hora de abordar la cuestión. Como publicó este diario, el equipo de Gobierno se debate entre cuál debe ser la posición adecuada del Ayuntamiento para deshacer el entuerto: Guanyar es partidario de llevar el expediente hasta sus últimas consecuencias para depurar posibles responsabilidades; el PSOE aboga por la prudencia para no desestabilizar al Hércules CF en un momento en el que el club se juega su propia supervivencia; y Compromís aboga por aguardar hasta que el expediente se resuelva para conocer sus términos y, así, poder tomar la decisión más acertada. 

Hasta la fecha, la labor desarrollada por los técnicos se plasma negro sobre blanco en un extenso informe, que ya ha tenido difusión pública, en el que se confirman prácticamente todas las impresiones ya conocidas antes de que se llevase a cabo la inspección del estadio: que se ejecutaron trabajos no previstos inicialmente en el proyecto que se había presentado en el Ayuntamiento -como la reforma de la zona VIP y la ampliación del palco-, y que, sin embargo, no se realizaron otras obras que sí estaban previstas. De acuerdo con el contrato de venta, la sociedad Aligestión estaba obligada a ejecutar obras por valor de 4,2 millones al adquirir la propiedad del estadio de manos del Ayuntamiento, en 2007. Además, según el informe, esos trabajos extra no se ajustaron a la licencia concedida y tampoco se liquidaron de manera correcta con el pago del impuesto de construcciones que correspondía.

Como publicó este diario, el último paso dado por Urbanismo para desentrañar esa serie de desajustes fue la remisión de un requerimiento al propio Hércules para que facilitase copia del proyecto de ejecución definitivo con el que poder comparar la actuación llevada realmente a la práctica, ya que, primero, ese proyecto extrañamente no se ha podido encontrar en dependencias municipales y, segundo, Aligestión -ahora en proceso de liquidación- no ha respondido a todos los requerimientos previos. El nuevo requerimiento dirigido al Hércules se remitió, mediante un decreto del concejal del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), firmado a principios de noviembre. En ese documento se daba al club un plazo límite de dos meses para responder a partir de la fecha de recepción del decreto.    

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, confirmó este jueves a Alicante Plaza que él mismo había firmado el acuse de recibo de ese decreto hace cerca de tres semanas -aunque el ayuntamiento no tiene todavía comunicación oficial sobre ello- y que prevé facilitar una respuesta después de las fiestas navideñas. Apuntó que su contestación se limitará a informar de que en el club no existe ningún papel relacionado con la documentación requerida y que entienden que se trata de una cuestión que no les compete. 

La respuesta del club puede ser el último trámite pendiente para que Urbanismo pueda cerrar el expediente con una propuesta de resolución. Todo parece indicar que, a la vista de las irregularidades detectadas, podría plantearse como mínimo una posible sanción económica. A lo largo de todo el proceso se ha llegado a sopesar la posibilidad de que el Ayuntamiento reclame la propiedad del estadio por un incumplimiento de contrato.   

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