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Gana el Ayuntamiento y la contrata

Una sentencia valida la adjudicación de la zona azul de Benidorm

La concesión del estacionamiento fue criticada en su día, acusando al anterior gobierno de haberla adjudicado a dedo a propósito del tránsfuga Bañuls

24/12/2016 - 

BENIDORM. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Alicante ha fallado en favor del Consistorio y de la UTE que gestiona la zona azul en Benidorm, la formada por la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) y Autobuses Playa de San Juan (Auplasa). La demanda partía de la empresa Estacionamientos y Servicios SA, contra estas tres entidades por la adjudicación de la mencionada concesión, cuyo concurso se publicó en diciembre de 2014, y se dio en marzo de 2015, es decir, con el anterior gobierno del PSOE, liderado por Agustín Navarro, ahora en la oposición.

En aquel momento, los populares reclamaron la municipalización de la zona azul, tras los diversos problemas que hubo para llevar a término la adjudicación, con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de por medio. Además de acusaciones de estar detrás de este contrato el popular que terminó siendo tránsfuga, José Bañuls, asesor de Movilidad, que tenía como concejal a Mari Carmen Martínez. Todo un lío que traía cola, tras el contrato que habían arrebatado a ParkControl cuando entró en impagos.

Ahora, la denuncia del demandante pedía que se dejaran sin efecto las resoluciones, tanto el concurso como la adjudicación "por no ser conformes a derecho", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La mercantil se apoyaba en la afirmación de que incurrían en "un claro fraude de ley a la hora de establecer relación entre la parte matemática (reglada) y la parte no reglada (discrecional)". Es decir, la que viene impuesta por una normativa general y la que queda a juicio de los técnicos.

Cabe recordar que criticaron este contrato porque decían tener tales criterios restrictivos que hacían que sólo una UTE (Unión Temporal de Empresas) pudiera hacerse con el contrato, como así terminó pasando porque sólo se presentaron al concurso las actuales adjudicatarias. Aspecto que también aportó a la demanda, considerando que se le dio más peso a los elementos discrecionales que a los reglados.

Pero el juez ha sido tajante. Desestima la demanda porque dice que no aporta pruebas suficientes. Alega que parte de la base de que de "forma ficticia los elementos reglados han sido valorados de manera que todos los participantes en la licitación obtengan la máxima puntuación". Lo que decantaría la adjudicación los puntos dados en la parte de valoración de los técnicos, suponiendo así que se adjudicó a dedo. Pero el magistrado indica que este punto no es cierto "de forma manifiesta y tozuda".

Tal y como descirbe la sentencia, el recurrente se apoya en que uno de los criterios de la parte reglada indica que se limita el canon máximo a 500.000 euros, dando una puntuación de 50 puntos. "Sin embargo, el licitador al que le fue adjudicado el contrato ofreció un canon de 210.000 euros", recoge el escrito.

El documento judicial indica que "la parte demandante no logra probar que nos encontramos ante un supuesto de fraude de ley". Y admite que la figura que cabría haber invocado es la de la desviación del poder, "consistente en la utilización de una norma para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico".

Por último, valora que el Ayuntamiento "ha guardado al debida y necesaria proporción entre los criterios de adjudicación, dando mayor peso a los elementos reglados que a los discrecionales". Además, señala que el demandante se basa en hipótesis, que luego no se ven cumplidas. Así, desestima el recurso e impone las costas a la empresa demandante.

Tras conocer la sentencia, el actual portavoz del PSOE, Rubén Martínez, pidió a los populares que pidan perdón tanto al anterior equipo de gobierno como a los vecinos "por decir que estaba todo mal hecho". Y recordó que ya en un pleno les mencionó que fueran de la mano de la empresa demandante, ya que urdían los mismos argumentos. 

Asimismo, les echó en cara que en estos momentos estén "en total connivencia con la actual concesionaria" sabiendo que "llevaban en su programa electoral la municipalización de esta gestión", manifestó el socialista a este diario. Quien recordó las vinculaciones del Partido Popular con la anterior empresa ParkControl, así como la demandante.

 

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