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por intereses de demora a assignia infraestructuras

Susana Monje, extesorera del Barça, gana en los tribunales al Ayuntamiento de l'Alfàs

21/08/2017 - 

L'ALFÀS DEL PI. El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha perdido en los tribunales la demanda que le interpuso la empresa Assignia Infraestructuras, controlada por la familia asturiana Monje Tuñón. La mercantil es la antigua Constructora Hispánica y pertenece al grupo Essentium. La contratista pasa por el peor momento de su historia, está en concurso voluntario, mientras que Assignia Infraestructuras en mayo entró en concurso necesario y disolución. No obstante, sigue ganando en los tribunales lo que según parece en la sentencia, es suyo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante ha resuelto en su sentencia fechada el 11 de julio de 2017 a favor de la mercantil madrileña, perteneciente al holding de la extesorera del FC Barcelona, Susana Monje. La cantidad a la que le condenan al consistorio es irrisoria, teniendo en cuenta los 124 millones de euros que adeuda. La sentencia indica 1.669,87 euros, a los que habría que añadir los intereses, que no se especifican en el escrito. Lejos está no obstante de los 700.000 euros que le pide al ayuntamiento de Navalcarnero.

El proceso en l'Alfàs del Pi se inició después de que la empresa demandara los intereses de demora en el cobro de los 57.692,70 euros que contrató con el ayuntamiento. Éstos eran para las obras del muro de cerramiento de una parcela del colegio Veles e Vents.

El consistorio llegó a desembolsar el dinero requerido, pero no lo hizo dentro de los 60 días de plazo. La factura se emitió en diciembre de 2008, y no se abonó hasta junio del año siguiente. Por ello, falla a favor de la empresa, e impone las costas al Ayuntamiento (que no superarán los 500 euros). Por último, cabe recurso de casación a esta decisión del juez.

Operación Lezo, Gürtel...

La constructora de origen madrileño y controlada por la familia asturiana ha tenido un periplo judicial importante en los últimos años. En el caso Lezo el juez Velasco investiga si directivos del Canal de Isabel II amañaron un contrato de 12 millones de euros que se llevó Assignia Infraestructuras. 

En su anterior etapa como Constructora Hispánica también se la tuvo que ver con los casos de corrupción. En ese momento, estaba desligado de sus directivos actuales ya que pertenecía al empresario Alfonso García Pozuelo, que fue procesado por el caso Gürtel. En ese momento, reconoció ante el juez que pagó sobornos a la trama dirigida por Francisco Correa a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos gobernados por el PP. Consecuencia de todo ello, García Pozuelo vendió a la familia asturiana Constructora Hispánica con el fin de hacer frente a un juicio por delito fiscal.

Más de cerca le toca los contratos de Argelia, por los que la Audiencia Nacional investiga la construcción de un tranvía en la localidad argelina de Ouargla, en el que están imputados el embajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna.

Problemas financieros

Assignia Infraestructuras está al borde de la desaparición, a pesar de todos los intentos por salvarla de su directiva Susana Monje, que tomó las riendas de las operaciones para mantener la empresa. En diciembre de 2016 puso a la venta a la mercantil, tras detectar el interés de varios fondos de inversión y dos grupos industriales internacionales asiáticos. 

Según varias publicaciones, la deuda de 124 millones de euros habría sido contraída en su mayoría por un crédito sindicado firmado en 2010 para financiar la adquisición de Constructora Hispánica.

Llama la atención si se tiene en cuenta que Assignia facturó 250 millones de euros en 2015, un 12% más que el año anterior. Consiguió un resultado bruto de explotación de 18 millones y cuatro millones en negativo por los gastos financieros (12 millones de euros al año).

Muchos fueron los intentos por salvar la empresa. A principios de 2017, en febrero, se conocía que Monje negoció con la china HNA, primer accionista de NH Hotel Group. Mientras que un mes después trataban de esquivar el concurso ultimando la venta a Icadi, un grupo de inversión sevillano que controla, entre otras firmas, la constructora Joca. Pero nada llegó a materializarse y ahora se enfrenta a su dislución.

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