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concurso de obra y gestión convocado por la autoridad portuaria

Los inversores que opten a explotar las naves antigraneles tendrán libertad para definir su altura

28/04/2018 - 

ALICANTE. El concurso impulsado por la Autoridad Portuaria de Alicante para optar a la construcción y explotación comercial de las naves antigraneles en el muelle 17 no será un corsé con condiciones estrictas sobre su diseño. En realidad, los aspectos técnicos relacionados con la fisonomía del edificio quedarán en manos de las empresas que concurran al proceso, de modo que tendrán libertad para definir los proyectos de sus propuestas en aspectos como la altura de esas futuras instalaciones. Nada se concreta en el pliego de condiciones del concurso sobre esas dimensiones. Así lo confirmó este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, a Alicante Plaza, al término del primer encuentro institucional mantenido con el nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, para coordinar la acción de las dos administraciones y poner en común estrategias sobre la llamada integración puerto-ciudad.

Tras esa cita, Gisbert insistió en que, a su juicio, la polémica generada en torno a la estiba de los graneles estaría encarrilada hacia la solución que se venía reclamando hasta ahora, mediante la construcción de esas naves cerradas en las que debía canalizarse toda la operativa. En esta línea, incidió en que sobre lo que nadie puede especular ya es sobre la obligación de la participación pública en su desarrollo. "Debe corresponder a la iniciativa privada, como ha sucedido en todos los puertos de España; en ningún punto se ha destinado fondos públicos para su construcción, siempre se ha dejado a instancias de las empresas interesadas, si es que las hay", abundó.

Así, como ha contado este diario, el único detalle que sí está delimitado en el pliego de condiciones (ya redactado y aprobado pero, según Gisbert, todavía no publicado en boletines oficiales), es el del periodo de duración de la concesión. Los inversores que puedan competir por la obra a cambio de su explotación comercial podrán gestionarla durante un plazo de 30 años, como se dio a conocer durante la última reunión del consejo de Administración del Puerto.              


Gisbert también se refirió este viernes a la controversia suscitada en torno al informe elaborado por el Instituto Universitario de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA) sobre la evolución de las emisiones de partículas a la atmósfera, dado a conocer también durante el último consejo del Puerto, celebrado la semana pasada. 

El presidente de la Autoridad Portuaria admitió que la UA no figura entre las entidades calificadas por la Generalitat para elaborar ese tipo de estudios, como sostiene la Asociación de Afectados por los graneles del Puerto. Sin embargo, defendió la validez de ese trabajo al sostener que el estudio fue todavía más exhaustivo de lo que se solicita a otro tipo de entidades que sí disponen de ese reconocimiento.

Las declaraciones de Gisbert motivaron reacciones políticas como la del secretario general de Podemos en Alicante, Pascual Pérez. El dirigente del partido de Pablo Iglesias señaló que "como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante debería acatar el decreto de Consellería para evitar la emisión de partículas contaminantes provenientes de la descarga de materiales quimicos a cielo descubierto. Es decir impulsar la construccion a corto plazo de naves cerradas y en depresión".

En esta línea, añadió que "sin embargo y pensando que los cambios políticos en el Ayuntamiento le permiten resistirse, ahora vincula la construcción de las naves a la existencia de inversores; intolerable nueva vuelta atrás. Estas declaraciones son inaceptables, oportunistas e insultantes para un colectivo de asociaciones de vecinos y AMPAS que, agrupados en la Plataforma contra la descarga de graneles, está librando una lucha titánica que se asemeja a la bíblica de David contra Goliat", sostuvo.

"Podemos Alicante insiste una vez más en la exigencia de la construccion de las naves en depresión como única forma de compatibilizar la actividad económica en el puerto con la salud de la ciudadanía. Está es la única solución y acometerla sin más dilaciones una obligación", apostilló.

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