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alegaciones al futura ley de plurilingüismo

La plataforma Idiomas y Educación insiste en la libertad de elección de lengua y ofertar el valenciano, a demanda 

3/12/2017 - 

ALICANTE. La plataforma Idiomas y Educación, una de las más combativas contra el decreto de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà, ha presentado alegaciones a la futura ley que ahora se debate en las Cortes y que debe sustituir al decreto suspendido por el TSJ y al decreto-ley que, a su vez, sustituyó al primer texto del Gobierno valenciano. Idiomas y Educación rechaza el futuro texto normativo, tal y como está planteado.

En primer lugar, porque elimina el derecho de elección de lengua vehicular. A juicio de la plataforma, el proyecto de ley de plurilingüismo, al "igual que el anterior decreto de  presenta un escenario inaceptable en cuanto que trata de conseguir los mismos objetivos que dicho decreto  impidiendo de igual manera el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos". Según el colectivo, este es un derecho reconocido por Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 afirma que Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.  Y ponen el acento en que "también está reconocido internacionalmente que el fracaso escolar está directamente relacionado con la realización de estudios en lengua que no sea materna".

"El proyecto de Ley no mejora la legislación vigente en materia de plurilingüismo, que tiene muchísimo más consenso en la sociedad valenciana que el que se pretende aprobar.No tiene sentido eliminar las dos líneas actuales, e imponer una sola por centro", denuncia la plataforma.

Idiomas y Educación dice que "defiende la lengua regional, el valenciano, pero solo en la medida en que sea demandada por los propios padres". "Esta ley, por el contrario -asegura el colectivo- tiene como eje principal una imposición orientada al territorio, que es el que ahora gana el derecho en lugar de ser los ciudadanos los que deberían conservarlos; es decir, que se impone el derecho colectivo al individual, según Idiomas y Educación.

También denuncia la organización contraria al texto que elabora el Gobierno del Botánico que no se da prioridad al inglés. Por ello, dicen que "nuestros hijos perderán una gran oportunidad para enfrentarse a un mundo que se globaliza a gran velocidad, el del siglo XXI, cada vez más internacional y que exige dominio de idiomas globales". "La ley no está orientada a los cambios vertiginosos que se esperan para esta nueva sociedad y nueva economía, en donde el inglés y el español son un  magnífico recurso de valor para la comunicación, los negocios y el empleo. La eliminación y quebranto de un derecho que ahora sí tienen los padres llega, por tanto, en el peor momento, cuando más necesitan los hijos esos recursos, y los padres de poder elegirlos", lamenta este colectivo que ha sido muy crítico con el conseller Marzà.

Por ello, aseguran que han presentado alegaciones al considerar que no se recoge la libertad de elección de lengua, que no se  garantiza el nivel de inglés de los alumnos, y no cuenta con ningún plan detallado para mejorar la formación del profesorado en inglés o la contratación de personal docente nativo y no respeta las zonas de exención del valenciano recogidas en la Ley 4/1983 de Uso y Enseñanza del valenciano. Por último también critican que se están "está actuando con una urgencia nada recomendable tratándose de un tema tan delicado como lo es la educación, al tratar de aplicar dicha Ley en tan solo 3 cursos escolares". "Las prisas denotan el pánico a no poder aplicar su ansiado rodillo de imposición del valenciano por su propia incompetencia, ante la proximidad de las elecciones autonómicas", concluye el texto remitido por Idiomas y Educación.

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