El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Foto: PEPE OLIVARES. LA NUCÍA. El PP de La Nucía llevará al próximo pleno un año más una propuesta para levantar el reparo interpuesto por Intervención a las nóminas de los funcionarios que anuló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2012. Así lo refleja el orden del día para el pleno del jueves 25 de enero, que saldrá adelante gracias a la mayoría que ostenta el PP, liderado por el alcalde Bernabé Cano. De esta manera, permitirán que los 22 funcionarios interinos cobren las mensualidades de 2018.
Como se recordará, el TSJCV anuló la Oferta de Empleo Público tras una denuncia del sindicato CCOO cuando denunció las supuestas irregularidades. El caso lo denunciaron la edil socialista Pepa Ivorra y el concejal de Ciudadanos, Ángel Ferrer, que en ese momento era del CDL. Así, perdieron en un primer lugar en el Contencioso Adminstrativo, pero ganaron en el TSJCV.
El mencionado sindicato impugnó la oferta por no haber sido convocado a la Mesa de Negociación, siendo éste el sindicato más representativo a nivel estatal y autonómico. El TSJCV anuló la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por el Ayuntamiento así como la convocatoria para el personal interino. Además, reconocen el derecho del sindicato a estar en la Mesa de negociación, y por tanto, retrotraen el procedimiento hasta le paso previo a la convocatoria.
Desde la sentencia, los populares han optado por seguir pagando las nóminas de estos trabajadores, que durante una parte del interrogatorio fiscal se dedicó a sacar a la luz el parentesco entre los funcionarios y los concejales populares. Hay que tener en cuenta que la decisión del Ayuntamiento fue retrotraer el expediente de aprobación de la OEP, convocó la nueva mesa en junio de 2012 y se aprobó en diciembre de ese año.
Un informe de Generalitat de 2014 enumera estas acciones del consistorio nuciero y concluye que el Ayuntamiento ejecutó "adecuadamente la sentencia al retrotraer los efectos de la misma al momento de constitución de la Mesa de Negociación". Asimismo, reconoce que la sentencia no dice a la administración pública cómo debe acatar la sentencia, es más, explica que se acoge al criterio de la sentencia que no les impide aprobar la OEP de 2008, sino que directamente la anula, por lo que, subsanados los errores, puede volver a aprobarla.
En su momento imputaron por ese hecho al propio alcalde del municipio, así como los concejales de la etapa anterior. Es más, en 2013 el primer edil y sus regidores Pedro Lloret y Beatriz Pérez-Hickman tuvieron que declarar por una supuesta prevaricación administrativa y desobediencia por seguir pagando las nóminas.
El Ayuntamiento se basa en distintos informes externos realizados y que les da la razón. Es el caso por ejemplo del abogado Francisco Blat Picó, que argumenta que el sindicato no había impugnado ni el nombramiento ni los contratos de trabajo de estos empleados públicos. Motivo por el cual, explica que la sentencia no dice en ningún caso La Nucía tenga que prescindir de sus servicios. Además, el escrito de 2013 al que ha tenido acceso este diario indica que de no pagarles, el Ayuntamiento tendría que asumir la responsabilidad patrimonial.
No obstante, la interventora accidental actual sigue emitiendo el reparo que aplicó la anterior a pesar de decir que tiene "la absoluta falta de comprensión por mi parte de los distintos planteamientos jurídico-técnicos expuestos en los citados Informes". Hay que tener en cuenta que accedió al puesto como auxiliar administrativa.
