FOTOS: EFEVALÈNCIA. La primer sesión del juicio por el presunto ‘dopaje’ electoral del PP valenciano se ha dedicado a las cuestiones previas. De la jornada cuatro cosas destacables: el pacto del cabecilla de Gürtel Francisco Correa con Anticorrupción, la reducción de petición de condenas a Correa y Vicente Rambla, la retirada de acusación a un empresario y la ingeniería procesal de las defensas para tratar de conseguir que se den por prescritos los delitos.
Con casi una hora de retraso, los principales imputados el Consell Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-; la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez se sentaban en el banquillo de los acusados dejando así una fotografía para la historia. Una fotografía que significa el juicio a toda una época política, la del PP de Francisco Camps.
Antes de comenzar la primera de las 22 sesiones de las que constará este macro juicio, las caras serias, muy serias, eran lo más llamativo en la puerta de la sala. Ricardo Costa, en todo momento acompañado por su mujer, apenas dejaba entrever una leve sonrisa cuando alguien le saludaba. Mucho más parco en palabras de lo que es habitual en él trataba de aparentar seguridad, pero su cara lo decía todo.
Rambla, al igual que Costa, permanecía de pie en un lado junto a su abogado. Serio, callado, solo abría la boca o para saludar brevemente a alguien o para comentar con su letrado. El único que mantenía una apariencia de normalidad creíble era David Serra. No escatimó en sonrisas y saludos y fue de aquí para allá hasta que tuvo que entrar en sala.
En cuanto a la sesión del juicio, las únicas novedades reales fueron el momento en que la fiscal Miriam Segura, por un lado, redujo la pena solicitada para Vicente Rambla en 15 meses al eliminar el delito electoral de las municipales de 2007 y, por otro, y por primera vez en nueve años, dijo haber alcanzado un pacto con el principal imputado, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. La segunda cosa destacable fue la retirada de acusación por parte del PSOE a un empresario.
En cuanto al pacto con Correa, Segura aseguró que dicho pacto está supeditado a lo que Correa declare en el juicio. El acuerdo alcanzado, tal y como explicaba este lunes Valencia Plaza reduce sensiblemente las penas solicitadas. Entre dichas reducciones destaca la que pasa de cuatro a tres años de prisión por falsedad de documento mercantil.
Esa bajada le servirá a Francisco Correa para que, en el hipotético caso de que el Tribunal Supremo reduzca su condena por la pieza de Fitur, el máximo de pena que cumpla entre rejas sea de nueve años de cárcel. Esto se debe a que la ley contempla que cuando una persona se enfrenta a varias causas derivadas de un solo caso, lo que se conoce como piezas separadas, y es condenado por varios delitos en los diferentes juicios no debe cumplir todos los años a los que ha sido condenado, sino que cumplirá el triple de la mayor de las penas.
Hasta ahora, la mayor de esas penas es la de seis años por malversación de caudales públicos que le fue impuesta en Fitur, lo que implicaría que el total de pena que debería cumplir es de 18 años. Pero su defensa, ejercida por el abogado valenciano Juan Carlos Navarro tiene recurrida la sentencia ante el Supremo y espera que el Alto Tribunal rebaje sustancialmente esa condena.
Con respecto a la tercera pata de la banqueta, es decir, las cuestiones previas presentadas por las defensas, destacar la ingeniería procesal que han tratado de realizar de los letrados de las defensas. Dos han sido las principales peticiones. La primera, la prescripción de los delitos que aseguran que se produce porque el plazo de prescripción que marca la ley son tres años, y todos los imputados fueron notificados del hecho de que estaban siendo investigados mucho después de ese tiempo. La segunda, la nulidad de los escritos de acusación por generar indefensión. La fiscal ha estado toda la tarde tumbando cada una de las peticiones de las defensas basándose, en la mayoría de los casos, en sentencias y autos obrantes en la causa.
Y la cuarta y última pata, es la que afecta al consejero delegado de la empresa Padelsa Infraestructuras SA, José Enrique Fresquet, que le pedían un año y medio de prisión desde el PSOE como acusación popular. Sin embargo, la abogada socialista Gloria de Pascual ha tomado la decisión de sacarlo de la causa para evitar que Fresquet pudiera negar haber financiado al PP de Francisco Camps, dejando así libre el camino al Ministerio Público que ha conseguido que todos los demás empresarios afirmen que sí que ayudaron a los populares a presentarse dopados a las elecciones municipales y autonómicas de 2007, así como a las generales de 2008. Esta retira de acusación afecta, y mucho, a las defensas, pues era la única baza con los empresarios que les quedaban.
Por último, y para terminar la sesión, el magistrado José María Vázquez Honrubia ha tumbado una por una todas las peticiones realizadas por las defensas. De hecho, ha utilizado un todo vehemente y socarrón hablando de lo “ extremadamente pertinaces” que son las defensas al pedir juicio tras juicio lo mismo, todo ello pese a saber que no tienen razón.
Su intervención ha sido lo más comentado del día por su forma directa de contestar a las partes. De hecho, al letrado de Álvaro Pérez le ha llegado a espetar “¿qué pasa? ¿Qué le parece a usted que soy demasiado pretencioso al referirme al Supremo?” al hablar sobre la sentencia de Fitur que está pendiente de ser resuelta por el Alto Tribunal, o cuando ha abierto su intervención con un contundente: “ya les adelanto que he rechazado todas y cada una de sus peticiones”.
