El vicealcalde, edil de Urbanismo y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, junto al alcalde, Gabriel Echávari. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El tercer intento se antoja definitivo. PSOE, Guanyar y Compromís prevén dar este martes uno de los últimos pasos pendientes para que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se convierta en pleno propietario del estadio José Rico Pérez: la cancelación de la condición resolutoria que todavía sigue vigente pese a que el contrato de venta del inmueble con Aligestión se cerró en 2007.
El acuerdo, incorporado al orden del día de la Junta de Gobierno, podría contar incluso con el respaldo de Guanyar. Su portavoz, vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, confirmó este lunes, a preguntas de Alicante Plaza, que la cancelación de esa cláusula "es ya la única solución; no parece que exista otra alternativa", explicó. Y no la hay, recalcó "porque ya se ha superado el plazo legal para revertir el acuerdo que el propio PP acordó en ese sentido", en una Junta de Gobierno celebrada en 2012, en la que se dejó todo preparado para que la entonces edil de Patrimonio, Oti García Pertusa, pudiese formalizar el trámite de firma que debía cancelar esa cláusula.
Ahora bien, Pavón insistió en que esa decisión "no supone admitir que las obras comprometidas por Aligestión se hayan ejecutado". Es más, insistió en que, al margen del acuerdo que se adopte este martes, "se va a abrir un procedimiento para investigar internamente si esas obras se ejecutaron y si puede derivarse algún tipo de responsabilidad en el caso de que se constate que no fue así".
Así lo anticipó la semana pasada el propio alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), al dar a conocer una propuesta que en realidad había sugerida desde las filas de Guanyar: la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos y determinar si Aligestión incumplió el pago en especie comprometido (4,2 millones en obras de reforma del estadio). Tanto Pavón como el portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), matizaron este lunes que probablemente la fórmula elegida no sea la de crear una comisión de investigación, sino la de abrir un expediente de averiguación de hechos. Los tres partidos aliados en el equipo de Gobierno comparten que, si de esas indagaciones se desprende algún supuesto delictivo no prescrito, se remitirá toda la documentación disponible a Fiscalía para que actúe en consecuencia.
La posición no parece unánime: sectores de la coalición mantienen que con la entrega definitiva del estadio se pierde un instrumento para reclamar la restitución del interés público
Pavón abundó en su predisposición a respaldar la cancelación de la condición resolutoria en una entrevista concedida a Radio Alicante, en la que insistió en que la inspección llevada a cabo por su concejalía no permitió concluir con certeza si los trabajos se llegaron a realizar. Pavón fue durante el pasado mandato el concejal más crítico con la decisión del PP de Castedo de devolver el aval depositado como garantía por la ejecución de esas obras, al defender que en la investigación del caso Brugal habían trascendido indicios de que pudieron no haberse realizado. De hecho, la decisión de levantar la cláusula del contrato no cuenta con el respaldo de todo el grupo municipal de Guanyar. Al menos hasta la semana pasada, todavía persistía un sector que consideraba que con ese acuerdo se renuncia a una vía para poder reclamar la restitución de los intereses públicos: la reforma de 4,2 millones que Aligestión debía ejecutar como pago en especie.
En declaraciones a Radio Alicante, Pavón también se refirió a otros asuntos que figuran en la agenda municipal como las negociaciones con Ikea. Sobre este punto, sostuvo que está prevista una reunión con sus representantes el próximo día 19 en la que se tratará de conocer cuáles son las intenciones de la multinacional y se transmitirá que Alicante sigue abierta a la instalación de una tienda sin macrocentro en Rabasa o en cualquier otra ubicación, como figura en el pacto de gobierno. El PP pidió este lunes que se apartase a Pavón de esas negociaciones y que el único interlocutor fuese el alcalde.
El vicealcalde también se refirió a la polémica por la carga y descarga de graneles en el Puerto para sostener que él no va a tomar la decisión de suspender la actividad porque eso supondría poner en peligro cientos de puestos de trabajo. "He sido y sigo siendo exigente para que la actividad se regule y se garantice que no existe contaminación y soy el primero que no estoy satisfecho con lo previsto en la autorización ambiental del Consell, pero no podemos suspender la actividad", dijo.
