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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL PUERTO DE ALICANTE, JUAN ANTONIO GISBERT

"En el tema de los graneles, sólo al Puerto de Alicante se le está exigiendo los permisos"

20/11/2016 - 

ALICANTE. -Una de las singularidades del puerto de Alicante es su conexión con la ciudad y su apertura al público con espacios dedicados al ocio, ¿cuál es su hoja de ruta sobre las concesiones en vigor, como la del barco Santísima Trinidad, Tiovivo, Marmarela o el resto de pubs que todavía permanecen instalados en el recinto portuario?

-Cada uno de los casos que señala sería una historia distinta, que lleva caminos diferentes, y que requieren de una interlocución directa entre los autorizados y la Autoridad Portuaria para buscar las soluciones más idóneas en cada caso. Es cierto que el puerto de Alicante tiene una amplia zona abierta al público, en la que, además, existen concesiones, algunas de ellas vinculadas al mundo de la hostelería, con o sin ambiente musical. En estos casos, más allá de la propia existencia de una concesión o de una autorización concreta, los afectados deben obtener las correspondientes licencias municipales, en los términos y condiciones que establezca el Ayuntamiento, como no podía ser de otra forma.

-¿Qué futuro le augura al centro comercial Panoramis? ¿Confía en que la subasta se cierre con un inversor que lo reflote?

-A muy corto plazo, el futuro de Panoramis está condicionado, como apunta, a que, en el proceso de subasta de la rama de actividad de la concesionaria, en liquidación, existan inversores que puedan hacerse cargo del centro para aportar valor y realizar una oferta atractiva para los potenciales usuarios. Como seguro que se imagina, desde la Autoridad Portuaria solamente podemos desear que esa posibilidad se concrete en las próximas semanas.

-¿Ve en la Volvo una buena oportunidad para Alicante pese a su alto coste?

-La Volvo Ocean Race sitúa Alicante en el mapa del mundo, sin lugar a dudas. A partir de este hecho incuestionable, que es el que constituye en sí mismo una gran oportunidad, el que se sepa aprovechar para obtener los mejores rendimientos posibles para la ciudad y su entorno, ya es cuestión de los muchos agentes que intervienen. Yo creo que tanto la Generalitat Valenciana como la Administración General del Estado hacen un importante esfuerzo presupuestario, que se debe agradecer, para que la VOR en Alicante sea una realidad, al tiempo que minimizan, con una buena gestión del evento, el coste para los ciudadanos que pagan sus impuestos.

-¿Cree que el espacio de la llamada zona Volvo está bien rentabilizado?

-Hay momentos muy distintos y no en todos ellos la utilización de la zona está al mismo nivel. Por supuesto que al tiempo del evento la rentabilidad es máxima, pero durante el resto de los periodos, considero que la rentabilidad es relativamente elevada, dado el elevado número de vistas que experimenta el museo.

-¿Cuál es el estado de salud de las marinas deportivas? ¿Quedan amarres libres?

-En sentido estricto, solamente tenemos una marina en la dársena interior, además de los amarres existentes en el Real Club de Regatas de Alicante. Tanto en un caso como en otro, quienes conocen mejor los datos sobre su grado de utilización son los propios concesionarios. Me atrevo a apuntar que están totalmente ocupadas.

-El puerto ha recuperado la Lonja de Pescado, ¿qué perspectivas tiene?

-Los procesos vinculados a la tramitación de una concesión son, en ocasiones, relativamente lentos. El pleno otorgamiento de la concesión de la lonja de pescado, se ha producido muy recientemente, tras el cumplimiento, por todas las partes, de las condiciones establecidas. Pero ahora está pendiente, para poder funcionar, de un trámite muy relevante, cual es la obtención del permiso para la primera venta de pescado. Si, como deseamos, el procedimiento concluye satisfactoriamente, los concesionarios tendrán que conseguir que una parte de la flota recale en Alicante, después de un largo periodo de tiempo sin actividad de primera venta. Es un reto importante, al tiempo que muy atractivo.

-El Ayuntamiento reclama la regularización de la actividad de los graneles mediante la obtención de permisos municipales y se ha solicitado autorización ambiental de emisiones a la atmósfera a la Conselleria de Medio Ambiente, ¿cómo se entiende que no se cuente con esos permisos después de casi 20 años de operativa?

-Las normas legales por las que se regulan los instrumentos ambientales tienen una antigüedad muy inferior a ese plazo, por lo que no es conveniente que planteemos los temas como si estuviéramos ante algún tipo de incumplimiento por un plazo de 20 años, cosa que no sería posible. De hecho, la Autoridad Portuaria de Alicante, presentó, dentro del plazo legalmente establecido para ello, en enero de 2015, una solicitud de autorización para emisiones a la atmósfera por el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes. Se trata de un expediente administrativo que está en trámite y que esperamos pueda resolverse ya en un plazo relativamente breve de tiempo. Respecto a la licencia municipal, las empresas operadoras, la solicitaron, también dentro de plazo, hace tiempo y, tras una larga tramitación, el Ayuntamiento de Alicante, acordó archivarlas al considerar que no era procedente el solicitarlas. Y es cierto que, recientemente, la Concejalía de Urbanismo se ha dirigido a la Autoridad Portuaria, exigiéndole que en un plazo determinado realizara la correspondiente solicitud. 

"La VOR sitúa Alicante en el mapa del mundo [...], el que se sepa aprovechar para obtener los mejores rendimientos posibles para la ciudad y su entorno, ya es cuestión de los muchos agentes que intervienen"

Pero ese decreto municipal ha sido recurrido y está pendiente de ser resuelto. Estamos ante un tema jurídicamente muy complejo, en el que intervienen muchos factores, quizá el más relevante, es quién es el sujeto que ha de solicitar y obtener los instrumentos ambientales previstos en las normativas estatal y autonómica, por considerarse los titulares de las instalaciones en las que se desarrollan las actividades y en el que el puerto de Alicante, está haciendo un poco de conejillo de Indias, porque la ley es para todos, pero al único puerto al que se le está exigiendo la obtención de estos permisos es al de Alicante. En resumen, en el momento presente, están en trámite, pendientes de resolución, dos expedientes administrativos, por lo que se está perfectamente dentro del marco de la legalidad.

-Se ha firmado un convenio con la Universidad de Alicante para externalizar los controles sobre emisiones que ya se realizaban internamente, ¿cree que los resultados de estos controles servirán para aplacar la polémica?

-Antes hemos hablado de trámites administrativos para la solicitud y autorización, en su caso, de los instrumentos ambientales oportunos, aspecto que es muy importante, sin duda. Pero creo que estaremos todos de acuerdo en que mucho más importante es la salud. Pues bien, lo más relevante es que las personas que trabajan tanto en el desarrollo de la propia actividad, y que por tanto están junto a los materiales pulverulentos, como los del entorno más próximo, están obligados a controles médicos periódicos, y de los estudios epidemiológicos existentes se deduce claramente que la actividad que se desarrolla no afecta negativamente a la salud de las personas. Ese es un hecho objetivo y comprobable. Pero es que es razonable que así sea, porque de las mediciones sobre las emisiones que se realizan, se deduce con absoluta claridad que las mismas están ampliamente dentro de los márgenes que se establecen en la Ley de Calidad del Aire. Esto se ha venido comprobando por mediciones propias, pero también por las mediciones externas que se contemplan, como obligación, en la propia ley, realizadas por empresas independientes homologadas por la administración. Dicho esto, si se quiere dotar de mayor transparencia a todo el proceso, el puerto está encantado de que pueda ser la Universidad de Alicante la que establezca, según sus propios criterios, las condiciones en las que se han de realizar las mediciones, y que las instalaciones pertinentes se integren en el sistema público que administra el departamento competente en materia de medio ambiente.

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