El Supremo rechaza el recurso de una decena de placeros contra el PRI del Mercado Central de Elche

ELCHE. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un grupo de placeros, contrarios al proyecto del nuevo mercado, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) que avaló el Plan de Reforma Integral (PRI) del Mercado Central de Elche, aprobado en 2013.

La resolución determina que la memoria del PRI "no puede calificarse de arbitraria o carente de justificación", tal y como sostienen esos placeros en su recurso. También afirma que no existió desviación de poder, aunque no entra a valorar la existencia o no de una consulta ciudadana respecto a este proyecto.

El citado PRI fue aprobado en junio de 2013 por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y en 2014 el anterior gobierno municipal de Elche, del PP, adjudicó el proyecto del nuevo mercado central a la firma Aparcisa, ante la negativa del resto de partidos políticos y asociaciones ciudadanas, que apostaban por la rehabilitación del edificio.

El recurso de casación fue presentado por los placeros que permanecen en el viejo edificio del mercado central -actualmente ubicados en la planta de arriba debido a las catas arqueológicas realizadas en la parte baja- y comerciantes de la zona, después de la resolución del TSJCV, que rechazó anular el PRI y que motivó la continuidad del proyecto. Tras la sentencia del Supremo no cabe recurso y, además, condena a los demandantes al pago de las costas judiciales, hasta un máximo de 4.000 euros.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González no ha querido entrar a valorar esta sentencia. En este sentido, el pasado mes de julio, tras conocerse la decisión del Supremo de admitir a trámite el recurso de casación de los placeros, González indicó que "no afectaba al fondo" de esta cuestión.

De tal manera, días después el Ayuntamiento de Elche dio luz verde a Aparcisa para continuar con el proyecto del nuevo mercado central, tras la respuesta del Consell Jurídic Consultiu, en la que despejaba la duda existente en cuanto a una de las cláusulas del contrato firmado.

Sin embargo, uno de los socios del actual gobierno tripartito, Compromís, ya dejó claro desde el principio que se desmarcaba de este proyecto, al argumentar que "no" le "representa".