solicitud de información en relación al 'caso comercio'

El PP insiste con las firmas de los contratos de Fiestas tras el procesamiento del alcalde

20/11/2017 - 

ALICANTE. La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Alicanet, Mari Carmen de España, ha lamentado este lunes, a través de un comunicado, el "nulo interés por la transparencia mostrado por el Gobierno municipal para atender a la solicitud de información del grupo popular para aclarar la utilización de la tarjeta de firma electrónica correspondiente al alcalde, Gabriel Echávarri, para la autorización del pago de facturas correspondiente al área de Fiestas". Doce días después, los socialistas siguen sin dar la información requerida por los populares.

El PP pidió mediante dos escritos, cursados por el registro general del Ayuntamiento el 8 de noviembre, dirigidos a las concejalías de Fiestas y Modernización una aclaración de "si la firma electrónica se realiza, o se ha realizado, en los dos últimos años, desde el equipo informático instalado en sus despachos o si se ha realizado desde otro equipo y, en este último caso, identifiquen el equipo o equipos desde el que ha sido utilizada, así como su ubicación y la persona a la que está asignado". 

De España ha cursado estos escritos después de que la juez imputara al jefe de Gabinete, Lalo Díez, y al asesor Pedro de Gea por posible "usurpación de funciones" en el uso de la firma electrónica en la Concejalía de Comercio, que también dependía directamente del alcalde, Gabriel Echávarri, como edil delegado del área cuando se formalizaron los contratos bajo sospecha, entre noviembre y diciembre de 2016.

La portavoz adjunta popular ha explicado que "tras la reorganización de concejalías, debido a la decisión del PSOE de gobernar sin ninguna legitimidad democrática con sólo seis concejales, el PP enviará nuevos escritos a los concejales que han asumidos las áreas: Fernando Marcos, en Modernización, y Eva Montesinos, en Fiestas". El plazo establecido para informar sobre los requerimientos de la oposición es un máximo de cinco días hábiles.

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