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TRAS EL PAGO DE 140.000 EUROS

El PP de Elche responsabiliza al tripartito del pago a herederos de Miguel Hernández

2/05/2017 - 

ELCHE (EFE). El grupo popular en el Ayuntamiento de Elche ha responsabilizado este martes al Gobierno local del pago de la indemnización de más de 140.000 euros a los herederos de Miguel Hernández, después de que los populares rescindieran en 2011 el convenio para que el legado del poeta continuara en la ciudad.

El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, ha afirmado que la sentencia dictada el pasado mes de noviembre que obliga al consistorio a abonar esa cantidad era "fácilmente recurrible".
Según Granero, se trataba de un juzgado de primera instancia y "el Ayuntamiento de Elche no ha admitido nunca una sentencia firme en este término y siempre se han llevado a estamentos judiciales superiores".

El edil ha mostrado sus dudas ante la negativa a llevar a cabo el recurso, pues, según ha asegurado, el convenio "se había incumplido por ambas partes, ya que los familiares del poeta nunca aportaron el material al que se habían comprometido".

Ha recordado que fue el entonces alcalde socialista Alejandro Soler quien estableció el convenio con los herederos en noviembre de 2010 y que "dejó de pagar en marzo de 2011, incumpliendo lo que habían establecido". Cuando, más tarde, llegó al PP al gobierno municipal, desde intervención se advirtió de la falta de fondos, razón por la cual se decidió rescindió el contrato meses después.

Asimismo, Granero ha asegurado que los herederos del literato oriolano han recibido más de tres millones de euros desde la Diputación de Jaén para que el legado se quedara en Quesada -localidad natal de la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa- por lo que "este hecho hubiera permitido recurrir la sentencia al no poder cobrar dos veces por lo mismo".

El actual gobierno local (PSPV-PSOE, Compromís y Partido de Elche) optó en su día por no interponer un recurso de apelación a la resolución judicial, al considerar que "el resultado sería incierto" y, además, supondría tanto "el incremento de los gastos judiciales" como "el riesgo de una hipotética condena de costas".

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