ALICANTE. La subida de la tarifa del agua de Alicante -aprobada el pasado septiembre por el consejo de administración de la empresa suministradora, Aguas Municipalizadas de Alicante (SA) con un incremento medio del 0,71%- queda congelada por el momento a la vista de un informe del interventor municipal, dado a conocer este lunes en la comisión de Servicios, en el que se apunta un exceso de previsiones de costes en relación a los gastos ejecutados en ejercicios anteriores y a la existencia de remanentes (sobrantes) disponibles.
Aunque ese informe emite un dictamen favorable sobre la subida de precios, el equipo de Gobierno, formado por solo 8 concejales del PP en una corporación de 29, consideró preceptivo que se convoque un nuevo consejo de administración de la empresa mixta (50% Ayuntamiento de Alicante y 50% Hidraqua) para que se aporten explicaciones sobre lo que se apunta en ese dictamen. Sobre todo, después de que el resto de grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, Guanyar y Compromís) subrayasen los reparos que se ponen de manifiesto en ese informe. El PSOE incluso llegó a recriminar que los representantes del PP no se hubiesen leído el expediente antes de acudir a la comisión, lo que hizo necesaria la presencia de los técnicos, según apuntaron a través de un comunicado.
¿Qué tipo de reparos apunta el interventor? Primero, llama la atención sobre la inclusión de dos partidas concretas en el apartado de gastos de personal de la empresa mixta. Se trata de una asignación de 666.932 euros en aportaciones al plan de pensiones privado para los empleados que comenzaron a prestar servicios en la empresa antes de 1985, y otra de 468.900 para recuperar las indemnizaciones abonadas por las prejubilaciones de empleados registradas entre 2010 y 2016. El informe subraya que la cobertura o recuperación de los costes de esos dos conceptos se repercute a través de las tarifas a lo largo de varios años. Y señala que, en el futuro, todavía se deben repercutir gastos por 11,5 y de 1,3 millones más en relación a ambos.
En segundo lugar, el dictamen subraya que se presupuesta una partida de 425.000 euros para subvencionar el recibo del agua a familias desfavorecidas a través de Cáritas y de Cruz Roja o de forma directa. Sin embargo, según el interventor, todavía existiría un fondo de 255.649 euros no gastado en el presupuesto asignado a ese fin en el ejercicio de 2017. Así, advierte que "el exceso de dotación" que se plantea "encarece la tarifa y es pagado por todos los usuarios". Además, señala que el Ayuntamiento desconoce el uso y la verificación de la concesión de esas ayudas.
Y en tercer lugar, el informe analiza la financiación de las inversiones previstas. En esta línea, el interventor precisa que se presupuesta un primer paquete de actuaciones calificadas como compromisos tarifarios con una dotación de 3,3 millones para 2018. No obstante, señala que existe un sobrante de 2,8 millones en ese mismo capítulo correspondiente al año anterior por lo que recomienda el "ajuste de las necesidades reales a las cantidades incluidas en el estudio de costes" para no acordar un exceso de dotaciones que fuerce la subida de tarifas.
El alto funcionario subraya la existencia de partidas por gastar en ejercicios anteriores y la conveniencia de ajustar la dotación de gastos a las necesidades reales
Y lo mismo sucede por lo que respecta a las inversiones comprometidas en los llamados planes directores. Según el interventor, para este ejercicio se prevé una dotación de 601.072 euros, que también se plantea repercutir a través de las tarifas. Y ello pese a que no se ha llegado a agotar las partidas previstas en 2016 ni en 2017: hace dos años se dotó una partida de 1,2 millones y se ejecutaron actuaciones por 271.300 euros; hace un año, se planificaron 5,9 millones y se invirtieron 3,1. De ahí que, en su escrito, recomiende nuevamente el ajuste de las necesidades reales.
El concejal de Servicios, el popular Israel Cortés, apuntó, a través de un comunicado, que el aumento de las tarifas fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en el consejo de Aguas de Alicante celebrado el 29 de septiembre de 2017. En ese momento, según explicó, no se disponía del informe municipal al respecto. Según Cortés, se solicitó el 6 de noviembre y, finalmente, fue emitido por el interventor el pasado 14 de marzo con las apreciaciones ya enumeradas.
Así, según el edil del área, se planteó "dar traslado de este informe al consejo de Aguas de Alicante para que se decida si se quiere continuar con esta propuesta y para que se pronuncien los distintos grupos políticos". En el consejo de administración de la empresa mixta están representados los cinco grupo políticos municipales: PP, PSOE, Guanyar, Cs y Compromís.
