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caso brugal

El juez fija fianza de 1,3 millones de euros para las empresas acusadas de amañar el PGOU

30/05/2018 - 

ALICANTE (EP). El magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dictado un auto aclaratorio de apertura del juicio oral contra los exalcaldes 'populares' de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, y para el constructor Enrique Ortiz, entre otros, por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y ordena incluir a diez mercantiles como responsables civiles subsidiarias, vinculadas al constructor alicantino y a sus socios, Pablo Rico y Javier Gutiérrez, entre otros. A esas empresas se les pide una fianza de 1,3 millones de euros.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado aclarara el auto de apertura del juicio oral de fecha 23 de febrero, tal y como dictó la Audiencia Provincial el pasado 18 de mayo, y ordena que se adopten medidas cautelares ante la posible responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A; Inmovist Inversiones Inmobiliarias S.L; Ingenieria Urbana S.A. (Inusa); Deproinmed S.L; Ortiz Desarrollos Urbanísticos S.L.; Viviendas del Mediterraneo Orvi S.L.; Asegur Ingeniería del Fuego S.L.; UTE Hospital Elche-Crevillente; Gutiérrez Miguélez Gestión del Suelo S.L. y Salvetti Abogados y Consultores S.L.P.

Además, solicita la apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad civil, así como una fianza de 1.339.249 euros, que deberán hacer efectiva en el plazo de diez días, procediéndose, añade en el auto, al embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades, si no aportan la cantidad fijada o acreditan su insolvencia.

El magistrado les da un plazo de tres días para que comparezcan en la causa con abogado y procurador, para posteriormente dar traslado de las actuaciones a terceros responsables acusados en esta causa. Los representantes de las mercantiles tendrán un plazo de diez días para presentar el escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.

Se subsana el error

Con estas medidas se da traslado de la admisión parcial, por parte de la Audiencia de la queja interpuesta por el ministerio fiscal y el recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral, exclusivamente en lo que se refiere a la omisión de los responsables civiles subsidiarios. Así, se deja sin efecto la providencia de 7 de marzo de 2018, en la que no se admitió el recurso de apelación de Fiscalía contra el auto de apertura de juicio oral de 23 de febrero de 2018 de la causa del presunto amaño del Plan General de Alicante, una de las piezas del caso Brugal.

El ponente indicó que la jurisprudencia admitía por la vía de la aclaración la posibilidad de que se complete esa omisión, y así ha sido ahora. Para el magistrado ponente, la eventual condena de esos responsables civiles a los que no se les había dado ninguna oportunidad de intervenir "podría incurrir en indefensión".

El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante abrió en febrero juicio oral a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y al empresario de la construcción Enrique Ortiz, entre otros acusados, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas PGOU de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010. Castedo y Alperi serán juzgados por los delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario; cohecho y tráfico de influencias. Además, solo a Castedo se le suma el delito de prevaricación.

El empresario Enrique Ortiz tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, al quedar fuera con auto firme contra el que no cabe recurso, el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El ministerio público y la acusación particular, ejercida por EUPV, piden para los primeros 10 años de prisión y para el empresario ocho años el Ministerio Fiscal y la acusación particular 13 años.

En la causa, también serán juzgadas seis personas más, entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias continuado y cohecho, y el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, por corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

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