X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

informará dos veces al año sobre el valor de los activos

El Consell tendrá que pedir permiso a la UE para cada actividad en Ciudad de la Luz

1/04/2018 - 

ALICANTE. La Generalitat Valenciana sigue dando pasos para activar en Alicante el proyecto de Distrito Digital, con la intención de potenciar la implantación en la capital alicantina de empresas españolas y extranjeras dedicadas a la tecnología. Un proyecto en el que las instalaciones de los antiguos estudios de cine de Ciudad de la Luz, cerrados por mandato europeo, juegan un papel central como anclaje. Sin embargo, las especificaciones de la resolución europea que aceptó la 'dación en pago' del complejo, para dar por devueltas las ayudas consideradas ilegales, acotan de forma muy estricta el terreno en el que se puede mover el Consell, lo cual obliga a ser especialmente cuidadoso en los citados pasos.

La resolución de la Comisión Europea en la que se acepta la fórmula de dación en pago propuesta por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es especialmente tajante en dos cuestiones. Primero: bajo ningún concepto se puede volver a hacer cine en los estudios (ni la Generalitat, ni un eventual comprador o arrendatario de las instalaciones), salvo que sea con fines educativos. Segundo: el Consell solo puede arrendar espacios de Ciudad de la Luz si demuestra a la Comisión que primero ha intentado venderlos sin éxito. Unos condicionantes que limitan tanto la tipología de empresa que podría instalarse en la zona, como las fórmulas legales para favorecer el uso de dichas instalaciones.

El documento, según ha podido saber Alicante Plaza, acepta la dación en pago del Consell, que en la práctica se articula con la devolución de los activos de Ciudad de la Luz a su único accionista, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), siempre que esta última no continúe con la actividad prohibida. En tal caso, según la resolución, no se podría hablar de dación en pago, y habría que volver a forzar la liquidación del complejo. SPTCV no puede, por tanto, obtener beneficio económico directo con los activos del complejo, cuyo proceso de absorción ya está en marcha en el Registro Mercantil de Alicante. Sí puede, como ya se ha dicho, vender o arrendar todo o parte del complejo, pero bajo determinadas circunstancias: la venta tiene que ser en un proceso competitivo abierto, en el que se marque el precio de mercado como mínimo de salida. El alquiler solo se permite si ese intento de venta fracasa.

Tanto si el Consell intenta enajenar parte del complejo, como si lo que quiere es (como sucedería en el caso del proyecto de Distrito Digital) favorecer la realización de actividades económicas en las instalaciones, necesita el visto bueno previo de la Comisión Europea, según la resolución. Es decir, para cada actividad, la Generalitat tendrá que remitir un informe a Bruselas para que las autoridades europeas determinen si en ese caso concreto se respeta o no su resolución. Asimismo, y según el documento, para cada empresa interesada en alquilar un espacio en los estudios, el Consell tendría que convocar un proceso de venta abierto y que terminase desierto.

En esencia, lo que la resolución viene a decir es que la dación en pago no se puede dar por hecha en tanto no se certifique que se cumplen todas estas especificidades. O lo que es lo mismo, el 'sí' de Bruselas a la propuesta de Puig en un 'sí, pero'. El Consell no solo tiene que ser especialmente cuidadoso con las actividades que permite o promueve en el complejo, sino que además el flujo de información al respecto con las autoridades europeas debe ser constante. Según el documento, la Generalitat deberá remitir información dos veces al año a la Comisión sobre el valor y el estado de los activos devueltos a la SPTCV. Una vigilancia en corto por parte de Bruselas.

Emplazamientos alternativos

Quizá por este motivo, como ha contado este diario, la Sociedad Proyectos Temáticos viene buscando emplazamientos alternativos a las empresas interesadas en formar parte del proyecto de Distrito Digital. Con los incentivos de 40.000 euros por sociedad convocados (a cambio de establecerse con una delegación o filial y contratar a tres personas como mínimo). Por una parte, la empresa pública que dirige Antonio Rodes cuenta con un catálogo de espacios en centros de coworking y edificios de oficinas privados para ofrecer como alternativa a las citadas empresas. Por otro, como desveló este diario, ha puesto en marcha el proyecto para construir una subsede del Distrito Digital en la terminal de cruceros del puerto de Alicante.

Hasta el momento, el proyecto ha despertado el interés de varias empresas nórdicas, como la finesa Fun Academy, que ya ha abierto una filial en Alicante tras pasar un año en el coworking de ULab. Se trata de la empresa que nació al calor del éxito del videojuego educativo Angry Birds, cuyos valores pedagógicos tratan de aplicar a otros productos los programadores que trabajan en Alicante. Por contra, y aunque Ciudad de la Luz sigue despertando el interés de empresas relacionadas con el audiovisual, como Netflix, las condiciones europeas cierran la puerta a que se vuelva a hacer cine en Ciudad de la Luz.

Noticias relacionadas

next