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VALÈNCIA. El Consell realizará la auditoría forense al sector público de la Generalitat con una limitación temporal del año 2023, aunque tendrá en cuenta "los hechos anteriores y posteriores que resulten relevantes a efectos del control".
Así lo determina la Conselleria de Hacienda en una respuesta parlamentaria a Compromís, en la que consta el encargo del análisis el pasado 20 de marzo y especifica que la finalidad es "dotarse de las medidas adecuadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; permitiendo ejercitar las acciones legales procedentes para recuperar los fondos que hayan podido ser objeto de apropiación indebida, en su caso".
La limitación a 2023 resulta llamativa, puesto que se trata del año electoral. El anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) estuvieron al frente del Ejecutivo la mitad de este ejercicio, puesto que el nuevo Consell del PP y Vox se conformó en julio. Así que se analizarán tanto los últimos meses de la izquierda como los primeros de la derecha.
En cuanto a la ejecución, la auditoría se llevará a cabo por empresas privadas "a través de un sistema dinámico de adquisición electrónico y abierto". "Deberán ajustarse a la invitación específica y su pliego de prescripciones técnicas", determina Hacienda. Este sistema supone que las empresas optan previa invitación al contrato y pueden participar y adherirse durante todo el tiempo que dure, de manera que no se presentan únicamente durante el proceso de licitación y con unas condiciones cerradas.
A lo que añaden que la Intervención General supervisará el cumplimiento de los plazos y fechas previstas para la realización de los distintos hitos intermedios y para la emisión de los informes establecidos en los contratos específicos. Asimismo, propondrá al responsable del contrato en cada caso.
Lo mismo ocurre respecto a la auditoría operativa, que también se ceñirá a 2023. Su finalidad será "proporcionar una valoración independiente de la racionalidad económico financiera del sector público instrumental y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas. Asimismo, este análisis pretende detectar la existencia de duplicidad de tareas, ociosidad o sobredimensionamiento en recursos materiales, financieros o de personal, así como de generación de costes externos de cualquier tipo".
En esta auditoría se analizarán todos los organismos autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles y consorcios dependientes de la Generalitat.
Desde la oposición critican la decisión. El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, valora que el anuncio de Mazón "a bombo y platillo de una auditoría a la gestión del Botànic del sector público fue un acto de propaganda que solo buscaba tapar las vergüenzas del PP por los casos de corrupción que aún hoy arrastramos y que están siendo juzgados estas semanas". "Han tardado dos meses en encargar esa auditoría y han pasado de analizar ocho años a centrarse en solo en 2023, cuando el Botànic gobernó unos pocos meses. Además, dejan claro que la auditoría no la realizarán los técnicos de la Generalitat sino empresas privadas elegidas a dedo. Es decir, quieren investigar la eficiencia en la gestión y lo hacen pagando a empresas privadas por realizar informes que ya realizan la Sindicatura de Comptes o la Intervención", afirma.