en base al informe de febrero de la alta inspección educativa

Cs pide al Gobierno que paralice el decreto de plurilingüismo por las dudas sobre su legalidad

11/07/2017 - 

ALICANTE. La responsable de Educación del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, la alicantina Marta Martín, ha explicado que su formación "ha registrado una iniciativa para reclamar  al Gobierno central que paralice el decreto de plurilingüismo valenciano, ante las dudas expresadas por la Alta Inspección educativa sobre su legalidad al considerar que puede generar discriminaciones". Así lo ha indicado la formación naranja en un comunicado este martes.

Además, Martín ha asegurado que ha registrado varias preguntas para conocer "por qué el Gobierno, si sabe que el plazo para interponer un recurso era de dos meses, no actuó pese a tener el informe que señala el riesgo de ilegalidad del decreto". "El Ministerio no puede continuar siendo un mero espectador y tiene que paralizar inmediatamente el proceso de matriculación de los niños valencianos", ha considerado la diputada de Ciudadanos, al tiempo que ha lamentado que "el Gobierno tenga este informe que apunta a la inconstitucionalidad desde febrero y siga sin tomar medidas para garantizar la igualdad de los estudiantes". 

"Marzá, con la inacción del Gobierno Central y la complicidad de la Generalitat, ha decidido seguir adelante con la aplicación del decreto, pese a que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido suspenderlo cautelarmente porque genera discriminación", asegura la diputada nacional por Alicante de la formación de Albert Rivera. Al respecto, ha señalado que "se está produciendo una doble ilegalidad: la primera, la que afecta al propio contenido de la norma; y la segunda, el incumplimiento del auto judicial de suspensión, poniendo en grave riesgo los derechos del alumnado", por lo que ha reclamado "más responsabilidad y no utilizar a los menores con fines partidistas". 

La Proposición No de Ley registrada hoy en el Congreso de los Diputados, además de solicitar al Gobierno "la anulación definitiva del decreto, pide que se establezca un procedimiento que permita a la Abogacía del Estado proceder a la interposición de un recurso cuando la Inspección Educativa aprecie ilegalidad en alguna medida adoptada por una Autonomía".

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