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"van a conseguir que 21 trabajadores se queden sin cobrar", advierte gómez

Coepa intentará que el juez del contencioso con el Servef paralice la orden de embargo

24/11/2017 - 

ALICANTE. El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa), Francisco Gómez, se resiste a bajar la persiana de la patronal alicantina. Tras la reanudación del proceso de embargo contra la confederación empresarial como consecuencia de la reclamación de 1,9 millones de euros por parte del Servef, Gómez está dispuesto a agotar todas las vías posibles para evitar que dicha ejecución obligue a llevar a liquidación a Coepa tras 39 años de historia.

Gómez, que aún no ha recibido la notificación de la AEAT (que tramita la ejecución de la reclamación a petición del Servef), tiene previsto reunirse con el administrador concursal de la patronal y el tesorero de la organización, Antonio Galvañ, para analizar los siguientes pasos a dar, una vez desestimados el recurso ante el propio Servef y la impugnación que presentó contra la orden de ejecución de Hacienda. La intención de Coepa es intentar que el juez de lo Contencioso se pronuncie sobre el particular, dado que la patronal tiene recurrida en los tribunales la citada reclamación, y aún no se ha dilucidado quién tiene razón.

"El problema es que en la reclamación del Servef nuestros recursos se presentan ante la misma administración, que al final decide sobre sus intereses", lamenta el dirigente empresarial. "Lo que queremos es que decida un juez, un árbitro imparcial". Podría darse la paradoja de que Hacienda embargase a Coepa por la reclamación, esto motivase su liquidación al no poder cumplir el convenio de acreedores (con las cuentas bloqueadas), y posteriormente el juez considerase que la patronal no tenía por qué devolver los 1,9 millones que le reclama el Servef. En este sentido, cabe recordar que un tribunal ya archivó la querella penal de la Generalitat por este mismo caso, al no apreciar indicios de los supuestos delitos de fraude en subvenciones que denunciaba el Consell.

La patronal alicantina insiste en su línea argumental: no hubo doble contabilidad, puesto que las mismas facturas se presentaron ante dos instancias distintas (el IVF para pedir el crédito, y el Servef para recibir la subvención), y en caso de que se entendiesen mal justificadas, dichas subvenciones estarían sujetas a la quita del 95% que aprobaron los acreedores ordinarios, dado que el Servef se personó en el concurso para reclamar su devolución. Así lo entiende también el administrador concursal, pero sin embargo el Servef argumenta que, en tanto que Administración pública, es un acreedor privilegiado.

Una condición que, de confirmarse, provocaría que el crédito del Servef pasase a la primera posición el preferencia de cobro ante una eventual liquidación, lo que impediría que el resto (Seguridad Social, Fogasa y exempleados) pudiesen recuperar ni un euro de lo que adeuda la patronal alicantina. "No están salvaguardando los intereses de los valencianos, ni mucho menos", critica Gómez, "porque si nos liquidan habrá 21 trabajadores que no verán ni un euro, y el Fogasa, que es un organismo público, tampoco cobrará". Para el presidente de Coepa, el Servef está siguiendo una directriz política de acabar con la patronal alicantina, para que la CEV (ahora de ámbito autonómico) pueda ocupar su espacio.

Como ha publicado Alicante Plaza, el servicio provincial de Recaudación de Alicante (IVAT), a partir del informe elaborado por el Servef en el que se desestimaban las pretensiones de la patronal, ha rechazado la impugnación que presentó Coepa contra la providencia de apremio que se le envió hace unas semanas. De esta manera se ha reactivado la vía ejecutiva que, en caso de no pagar o avalar la cantidad reclamada (cosa imposible en ambos casos) terminará en embargo de las cuentas de la patronal, dado que ya no le quedan bienes. La providencia de apremio se ha formalizado por los 1,9 millones de euros más el recargo del 20% por la vía ejecutiva, lo que eleva el importe a satisfacer hasta los 2,3 millones de euros.

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