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diputación de alicante

Caso 'ayudas a la carta': el PP exige explicaciones a Compromís después de 'conformarse' en el juzgado

6/07/2018 - 

ALICANTE. Las ayudas a la carta para los vicepresidentes de la Diputación de Alicante ya son historia. Al menos, tal y como se plantearon desde el equipo de gobierno del PP que preside César Sánchez: el juzgado que las suspendió cautelarmente por un recurso de Compromís, y que obligó al PP a retirarlas, ha archivado caso. Y, ¿por qué lo ha hecho? Pues porque considera que así lo ha pedido la propia institución provincial a través de sus servicios jurídicos, que ha dado por buenos los argumentos de los demandantes, esto es, el recurso contencioso-administrativo de Compromís. El juez señala que "habiendo sido dejado sin efecto el acto administrativo impugnado, ya no existe interés público que preservar, razón por la que no se justifica la existencia de este proceso, que necesariamente debe concluir. En consecuencia y por lo expuesto, es por lo que procede declarar el archivo de las actuaciones por carencia sobrevenida de objeto".

Es decir, ya no hay ayudas a la carta, pues no no hay proceso judicial. O lo que es lo mismo, el juez archiva la denuncia porque la institución provincial ha aceptado que Compromís tenía razón al denunciar las ayudas. Desde la coalición señalan que "hubiera sido deseable un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que sirviera como precedente en el asunto, aunque nos damos por satisfechos con el hecho que los servicios jurídicos de la institución hayan hecho explícito el fundamento de nuestra postura judicial". Lejos de solicitar un pronunciamiento sobre el fondo, como reclamó hasta este miércoles el equipo de gobierno del Partido Popular, los servicios jurídicos se han decantado por reconocer los argumentos de la denuncia de Compromís y destacar que se renunció a la aprobación de dichas subvenciones y en consecuencia al acto administrativo que las sustentaba.

El PP no lo ve así

Después de que Compromis hiciera público el fallo de archivo, horas más tarde, el equipo de gobierno del PP ha emitido una nota también para celebrar el fallo, pese a que en el fondo supone que no puede plantear las ayudas a los ayuntamientos de La Nucía, Mutxamel y Busot, tal y como las planteó, como una especie de cheques a la carta de sus vicepresidentes. Pese a ello, el presidente de la institución provincial, César Sánchez, quien ha reclamado a los diputados de esta formación “que asuman responsabilidades y pidan perdón a los alcaldes de nuestra provincia  y a todos sus ciudadanos por paralizar e intentar impedir la llegada de ayudas e inversiones a nuestros pueblos”.

Para el dirigente provincial “es momento de que el señor Fullana asuma responsabilidades, él que siempre las está reclamando, por bloquear esta institución y, lo que es peor, por impedir la llegada de inversiones a los municipios”. “El grupo Compromís está jugando con el bienestar de los ciudadanos de nuestra provincia desde la irresponsabilidad política y desde la deslealtad institucional”, ha añadido.

Antes de que se conociera este fallo, Sánchez ya ha anunciado que en breve se aprobarán las ayudas por valor de 25 millones de euros por los remanentes de tesorería, las obras conocidas como financieramente sostenibles. Este paquete de ayudas formaba parte de un bloque más amplío que supera los 31 millones, pero que incluían siete millones de euros en más ayudas a la carta. De momento, Sánchez ha anunciado que la aprobación del primer bloque. ¿Qué pasará con los 7 millones restantes? ¿Las volverá a plantear? Algunos de los ayuntamientos afectados por la retirada de esas ayudas, como La Nucía, ya ha iniciado los trámites en su propio presupuesto para dotar de fondos y hacer frente a las ayudas -con una modificación presupuestaria- que en su día el propio PP retiró ante el recurso de Compromís.  Está claro que el juzgado no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión; es decir, si eran legales o no, pero los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante, ante la posibilidad de una derrota judicial, no han contrarrestado los argumentos de los recurrentes, han preferido darle la razón al denunciante -Compromís- y evitar un posible fallo condenatorio.

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