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venta de la primera parcela de propiedad municipal

Alicante hace caja con la subasta del solar a espaldas de Gran Vía: 'dobla' el ingreso previsto

20/09/2018 - 

ALICANTE. La primera operación de venta de suelo de propiedad pública puesta en marcha por el equipo de Gobierno del PP -un solar situado a espaldas del centro comercial Gran Vía, entre las calles Foguerer Ramón Marco y Muñoz Seca- se encarrila con un resultado que supera todas las expectativas. La parcela en cuestión podría adjudicarse a uno de los seis particulares que acudieron a la puja por un precio que prácticamente dobla el importe de salida. En función de su oferta, ya clasificada por la mesa de Contratación como la mejor de las presentadas, el Ayuntamiento ingresará 182.500 euros (sin impuestos) frente a los 100.287,51 euros (también sin impuestos) por los que se había convocado el proceso.

Lo cierto es que dicha propuesta supera holgadamente las ofertas presentadas por el resto de los postores. Según las fuentes consultadas, esos cinco interesados pujaron con sumas mucho más bajas: 125.000, 117.000, 110.000, 106.000 y, por último, en torno a 102.400 euros. Como viene informando Alicante Plaza, el solar podría albergar la construcción de una vivienda unifamiliar de gran tamaño o, a lo sumo, dos de tamaño menor. Dispone de 1.470 metros cuadrados y, pese a que forma parte del llamado patrimonio municipal de suelo, no debe destinarse necesariamente a la promoción de vivienda de protección oficial (VPO), según certificado emitido por la Conselleria de Vivienda que forma parte del expediente.

Esa es, no obstante, la peculiaridad que sí concurre en la segunda operación de venta de suelo público (en realidad, la primera por orden cronológico) también convocada por el gabinete que coordina Luis Barcala (PP) y que sigue en plazo de admisión de ofertas. Se trata de una parcela situada en el distrito de Playa de San Juan, junto a la avenida Historiador Vicente Ramos, que se comercializa con un precio tasado fijo de 5,5 millones (6,6 con impuestos) sin que se admitan ofertas al alza

Compromís incide con las críticas: "No tiene sentido que se bajen impuestos de manera generalizada sin importar que se reduzcan ingresos y que se venda patrimonio para recaudar"

Así, en el pliego de condiciones se establece que la adjudicación se decantará a la propuesta que presente las mejores condiciones de urbanización y en las características de las viviendas. Entre otras, figuraría la construcción de instalaciones deportivas y piscina con una mayor superficie sobre el mínimo exigido, la construcción de un club social y la ubicación de plazas de estacionamiento en el sótano. Además, estos criterios incluyen la implantación de medidas de fomento de la movilidad sostenible como la creación de un área de aparcamiento para bicicletas seguro y cubierto y zonas de estacionamiento con puntos de recarga energética. En principio, se da cabida a la construcción de 150 pisos. Hasta el momento sólo ha trascendido el registro de una primera oferta, formulada por una cooperativa, Residencial Les Naus

Como también ha publicado este diario, las dos operaciones han generado controversia política entre los grupos de la oposición desde su misma convocatoria. El PSOE planteó la creación de una comisión para tutelar el proceso de adjudicación y Guanyar reclamó formalmente la semana pasada que la enajenación se dejase sin efecto para recuperar el proyecto promovido por el Patronato Municipal de la Vivienda, por el que se pagó cerca de medio millón de euros en el concurso promovido en mandatos anteriores por el PP para encargar su redacción. La última valoración al respecto la ofreció este miércoles el grupo municipal de Compromís. 

Su portavoz municipal, Natxo Bellido, apuntó que la venta de parcelas de propiedad pública supone la confirmación de "la incoherencia de la política económica del minigobierno del PP que promueve una bajada de impuestos generalizada en la que se reducen ingresos para el Ayuntamiento y que, sin embargo, decide vender patrimonio para recaudar". A su juicio, la decisión es "doblemente errática porque ninguno de los dos acuerdos es necesario ni existe ninguna urgencia para que se adopten", insistió. 

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