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nuevo decreto de suspensión de actividad frente a la empresa pública 

Urbanismo ordena el cierre de Marmarela por falta de permiso y alerta a la SPTCV de desobediencia

30/09/2017 - 

ALICANTE. Continúa el conflicto entre dos instancias del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat a cuenta del funcionamiento de la sala de fiestas Marmarela, ubicada en el dique de Levante del Puerto de Alicante. La Concejalía de Urbanismo dictó este viernes un nuevo decreto por el que se comunica a la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) orden de cierre del establecimiento con el mismo argumento que ya justificó su primera clausura, el pasado 12 de septiembre: la ausencia de licencia de actividad en vigor, pese a que sí disponga de la preceptiva autorización administrativa concedida por la Autoridad Portuaria para hacer uso del suelo

El mandato del decreto no es nuevo. Pero sí aporta dos elementos novedosos. En primer lugar, en esta ocasión, la resolución se acompaña de una advertencia que no había llegado a trascender cuando se dictó el decreto precedente: la posibilidad de que la concejalía inicie acciones legales contra la empresa pública de la Generalitat por un presunto delito de desobediencia, en caso de que se produzca un hipotético incumplimiento de la orden. De hecho, el decreto faculta a la Unidad de Disciplina Urbanística de la Policía Local a ejecutar el precinto de las puertas de acceso en el supuesto de que la orden no fuese atendida.

Según pudo constatar Alicante Plaza, el decreto insta a la sociedad pública -a la que el Consell le encomendó la gestión de la etapa de salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante- a suspender el funcionamiento de la conocida sala de fiestas hasta que aporte la documentación que se le requirió el 20 de septiembre para poder regularizar su apertura. La entrega de esa documentación, además, tendría que ver sólo con la solicitud de licencia que realmente se habría presentado: un permiso para el conjunto de las actividades relacionadas con el evento de la Volvo durante los 12 días en los que se pretende abrir al público el Race Village, entre el 11 y el 23 de octubre. Es decir, no en ningún otro periodo anterior.

Ese permiso ampararía el funcionamiento del conjunto de las instalaciones ubicadas en el dique de Levante, incluida la conocida sala de fiestas con la que Proyectos Temáticos había suscrito un contrato de prestación de servicios de promoción y difusión del evento deportivo, de recepción de patrocinadores e invitados y de punto de restauración.

El segundo elemento novedoso tendría que ver con la alternativa a la que Proyectos Temáticos había recurrido para que la sala pudiese reabrir sus puertas: la superación de un control externo. El nuevo decreto, firmado por el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), rechaza la validez de esa supervisión. Resuelve que el certificado de organismo de certificación administrativa (OCA) presentado por Proyectos Temáticos el 22 de septiembre para que se permitiese el funcionamiento de Marmarela antes de la apertura del Race Village no resulta suficiente si antes no se ha presentado una declaración responsable con toda la documentación requerida, en la que se especifique la actividad solicitada y el tiempo de duración de la misma. Y, según el decreto, la única declaración responsable que sí se ha presentado es la que concierne al desarrollo del evento, desde el 11 de octubre, ahora todavía incompleta. 

La resolución vuelve a incidir en que, de acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria el 17 de junio, la autorización administrativa de la que disponía Marmarela caducó el pasado 25 de abril, lo que implica que la licencia municipal que la sala tenía concedida desde el 17 de diciembre de 2014 también estaba extinguida desde esta primavera (al estar condicionada a la vigencia del permiso portuario).

Como viene publicando este diario, la empresa gestora de Marmarela, Puerta del Mar y Ocio, ha presentado un contencioso contra la Autoridad Portuaria al considerar que extinguió su autorización administrativa antes del plazo debido, tras computar como fecha de inicio la de la firma de la autorización, en lugar de la fecha de ocupación efectiva del suelo, que no se produjo hasta diciembre. La empresa también ha presentado un segundo contencioso contra la Concejalía de Urbanismo frente al primer decreto de suspensión de licencia de actividad.

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