Un juzgado investiga amenazas de muerte de uno de los imputados del 'caso Cooperación'

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia investiga las amenazas de muerte que el exdirector general de Inmigración y Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip ha recibido de un anónimo por su presunta implicación en el caso Cooperación. Según ha podido saber Valencia Plaza, Felip habría recibido una serie de cartas anónimas en las que le dicen que o devuelve a las ONG el dinero que presuntamente ha sido desviado o lo matarán.

Los investigadores están preocupados ante unas amenazas tan graves y, por ello, tras comunicarles que habían sido recibidas, se decidió denunciar la situación. Ahora, un juzgado diferente al que instruye la causa por corrupción será el encargado de dilucidar quién o quiénes están amenazando a Felip.

A raíz de la recepción, se llegó incluso a suspender una declaración tras negarse a declarar el acusado, ya que el fiscal no acudió pues esperaba a tener más datos sobre los anónimos para seguir con la instrucción.

Por el momento, según las fuentes consultadas, Josep Maria Felip es el único investigado que ha recibido amenazas o, al menos, que las ha denunciado.

Las acusaciones

Esta semana, las partes han solicitado las penas contra los presuntos autores del desvío de dinero al tercer mundo. A la solicitud de 16 años efectuada por la fiscalía contra el exconseller Rafael Blasco se suma a la formulada este lunes por la Abogacía de la Generalitat, que pide una condena de 17 años y 6 meses de cárcel para el exconseller y de 170 años para el conjunto de los procesados, entre ellos Josep Maria Felip, para quien el Ministerio Público pide una pena de siete años y medio de cárcel.

Adicionalmente reclama 8 millones de euros por la responsabilidad social de los procesados, de los que 3 millones se piden por el "daño moral" a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.

Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita una pena de 16 años de prisión para Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones dentro del caso Cooperación. En total, la esta entidad reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento.

Entre los procesados en estas dos piezas se encuentran la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán; Felip; Tauroni, su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Desvío de ayudas al Tercer Mundo

Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.