FOTO: INMA CABALLERVALENCIA, (EFE). La exconsellera de Bienestar Social Angélica Such ha afirmado este lunes que durante su etapa al frente de la Conselleria se mantuvo el número las plazas concertadas y no se amplió al 100 % como reclamaban las empresas, y ha negado que hubiera presiones o trato de favor hacia las mismas.
Such, quien fue titular de Bienestar Social desde agosto de 2009 hasta mediados de 2011, ha comparecido en la comisión de investigación de Les Corts sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias para dependientes a los centros del grupo Savia.
Ha afirmado que no recibió ninguna "instrucción o invitación" para ampliar el número de plazas concertadas, y ha asegurado que las plazas que había cuando llegó son las mismas que cuando se marchó y se mantuvieron porque, según ha dicho, estaban ocupadas por usuarios y eran necesarias.
Sin embargo, no se consideró que fuera necesario ampliarlas más allá del segundo tercio acordado en 2008, ya que no existía por aquel entonces "una problemática con las listas de espera", y no se entendía que hubiera obligación legal de hacerlo.
Such ha indicado que cuando llegó a la Conselleria se había ampliado el concierto de plazas a un segundo tercio (unas 1.800 más) y ha justificado que este contrato se hiciera de forma negociada sin publicidad porque en ese momento estaba avalado por una cláusula de exclusividad que regía para el primer tercio.
Ha explicado que el protocolo firmado en 2008 para ampliar ese segundo tercio establecía también la posibilidad de ir ampliado las plazas concertadas hasta el 100 %, pero ha afirmado que se decidió no hacerlo, al considerar que se trataban de una posibilidad pero "no de una facultad legal".
La exconsellera ha indicado que las empresas del sector recurrieron la decisión porque estaban "descontentas con la actuación del Consell" y consideraban que tenían derecho a esa ampliación de plazas, pero la justicia finalmente ha dado razón a la Administración.
"No hubo presión ni trato de favor", ha asegurado Such, quien ha negado haberse reunido con su antecesor en el cargo, Juan Cotino, para hablar de las plazas de las residencias, y ha asegurado que ella tenía "la responsabilidad absoluta" sobre la Conselleria, pese a que Cotino mantenía la Vicepresidencia social del Consell.
Ha indicado que se reunió con Cotino cuando le traspasó la cartera para tratar sobre todos los temas de la Conselleria, pero ha afirmado que éste ni intervino ni controló su gestión.
Ha negado también conocer al empresario Enrique Ortiz y al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y sobre el exdirigente del PP Alfonso Rus ha afirmado que "claro" que lo conocía, pero que su relación con él era como con cualquier otro de sus compañeros de partido.
Preguntada sobre si era consciente de las deficiencias denunciadas en algunas residencias, ha dicho recordar algunos problemas, como uno en la residencia de Carlet relacionado con los menús, pero ha indicado que la inspección "trabaja de manera autónoma" y estaba servida por "muy buenos profesionales".
