Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA (VP/EP). El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha elevado una consulta al Ministerio de Hacienda ante la petición del grupo popular en Les Corts de que entregue el Plan de Control Tributario cuando existe un "mandato de reserva" que establece la Ley General Tributaria, de 2003, al ser "una información muy sensible que puede servir para poner sobre aviso a los defraudadores de impuestos".
Soler ha señalado en un comunicado que en ese documento "se detallan de forma pormenorizada las áreas donde se va a poner el acento en la investigación contra el fraude fiscal y que puede dar pistas sobre actuaciones futuras", por lo que considera "irresponsable que se reclame información tributaria cuya transmisión prohíbe el Gobierno central para no poner sobre aviso a los defraudadores".
El conseller de Hacienda ha dicho "no entender" la petición, que subraya que tiene la circunstancia "agravante de que abrirá la vía para que se pueda reclamar también al Ministerio de Hacienda, desde otros ámbitos parlamentarios, su Plan Tributario, y así acceder a los planes, detallados por áreas, de la investigación estatal contra el fraude fiscal".
"Más allá de la acreditada trayectoria de algunos en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, la administración ha de velar por el respeto a la legalidad y por los intereses de todos los ciudadanos; en este caso, por evitar que determinada información pueda llegar a los presuntos defraudadores", ha señalado Soler.
A través de la consulta previa al Ministerio de Hacienda quiere saber cómo actúa éste ante peticiones similares desde las Cortes Generales, de forma que la Generalitat "seguirá exactamente el mismo criterio que aplica el Gobierno central".
El responsable de Hacienda ha explicado que el grupo popular de las Corts le pidió, a través de una solicitud, copia del Plan de Control Tributario de 2016. Sin embargo, los servicios técnicos de la Conselleria de Hacienda alertaron de que la petición "vulnera lo establecido en la ley estatal vigente, que determina la prohibición de la trasmisión de este tipo de información".
En concreto, según explica la Generalitat, el artículo 95 que establece el carácter "reservado" de los datos con trascendencia tributaria, fijándose solo la posibilidad de cesión, en el ámbito parlamentario, en el caso de "la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido".
En cuanto al Plan de Control Tributario, el artículo 116 de la citada ley declara "específicamente" su "carácter reservado" al establecer que la administración tributaria "elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque eso no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informan". En cumplimiento de ello, el director general de Tributos dictó una resolución que estableció los criterios generales del Plan de Control Tributario. De la resolución, que fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se trasladó copia al grupo popular.
El conseller trasladó estas consideraciones al grupo 'popular', y le comunicó que, no obstante, por si puede existir "alguna duda" respecto al ámbito de reserva del Plan de Control Tributario, los servicios tributarios de la Generalitat consultarían al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su criterio ante solicitudes parecidas por parte de los diputados o senadores de las Cortes Generales".
Esa consulta se ha cursado ya. De este modo, "los funcionarios con deber de custodia de los documentos tendrán también plena seguridad respecto al cumplimiento de la legislación vigente".
Sin embargo, según la Generalitat, pese a estos argumentos, el grupo popular ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por presunta vulneración de los derechos de los diputados al exigir la entrega de un documento "sobre el que el propio Gobierno central determina un mandato de reserva".
"Es evidente que no buscan información, sino confundir para obtener sentencias y así maquillar un pasado de opacidad total, en el que durante años se ocultaron cientos de contratos con la trama Gürtel, que únicamente se entregaron a golpe de sentencias del Tribunal Supremo", ha destacado el conseller Soler, quien ha recordado el reciente episodio de la petición de documentación en la que el PP "buscó engañar a los tribunales reclamando unos documentos en soporte informatizado, que suponen miles de escritos, pese a saber perfectamente que esos papeles no están digitalizados, ya que vienen de tener recientemente responsabilidades de gobierno".
"Nunca en la historia de las Corts ha habido mayor transparencia que en la actualidad, en que se pone a disposición de los parlamentarios toda la información obrante en el Ejecutivo. Antes se ocultaba hasta lo más elemental, como las encuestas electorales que durante 20 años disfrutaron los anteriores gobiernos sufragadas con dinero público o determinados contratos, que tenían una versión para la opinión pública y otra, escondida, donde se recogían las verdaderas cláusulas contractuales muy lesivas para la Generalitat", ha criticado.
