El president de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. Depende de si uno está en el Gobierno o en la oposición, el tiempo pasa más o menos rápido. En esta legislatura, el Consell que preside Ximo Puig se ha quejado en numerosas ocasiones de la lentitud de la burocracia para sacar sus políticas adelante. Y, como no podía ser de otra manera, las leyes que el Govern del Botànic ha impulsado desde que llegó a la Generalitat no escapan de esta lógica. Tan solo cinco normas han salido adelante –exceptuando las de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento que cada ejercicio escolta a las cuentas autonómicas– en dos años de legislatura.
Unos registros que no son de extrañar si se tienen en cuenta todos los pasos por los que circula una normativa antes de ser aprobada en Les Corts y ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana –cuando ya comienza a estar en vigor– o en el Boletín Oficial del Estado. Una media de 405 días lastran el trabajo que el Consell quiere visualizar.
Así, el proyecto de la Ley de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencia tardó 390 días en ver a luz. El tiempo para sacar adelante la Ley de Función Social de la Vivienda fue incluso mayor: un año y cuatro meses desde la primera reunión en la que se constituyó el consejo asesor que trabajaría en su redacción hasta su publicación oficial.
El proyecto de Ley de Agencia Valenciana de Innovación no fue mucho más rápido; 395 días desde que se fijó como uno de los compromisos del Botànic en el primer seminario de Morella hasta su publicación en el DOGV. Y el proyecto de Ley Integral de Reconocimiento de la Identidad y Expresión de Género rompía toda la media el pasado mes de abril –cuando se convirtió en una normativa autonómica en vigor– al llegar hasta los 456 días.
Justo en la media de la carrera de obstáculos que debe superar cada conselleria para ver nacer sus normas se encuentra la primera ley que logró sacar adelante el Ejecutivo de Ximo Puig. Plasmada como uno de los compromisos del primer seminario de Gobierno –el 9 de enero de 2016–, el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima y Acuicultura no llegó a aprobarse hasta junio de ese mismo año. Una nueva norma que pretendía actualizar, revisar en profundidad y refundir en un único texto la anterior Ley de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana y la Ley sobre defensa de los recursos pesqueros, donde se regula el régimen sancionador.
La norma, no obstante, tuvo que pasar, como cada ley, por todo un peregrinaje burocrático en la cartera que dirige Elena Cebrián: informe de necesidad y oportunidad, informe de impacto de género, informe de impacto en la familia, informe de infancia y adolescencia, memoria económica, alegaciones de la Dirección General de la conselleria, informe de competitividad, informe de la Abogacía General de la Generalitat, alegaciones de la Dirección General de Presupuestos, informe del Subsecretario del departamento, dictamen del Comité Económico y Social, y anteproyecto de Ley considerando todas las alegaciones recibidas. Un viaje completo por todos los rincones de la administración.
Después de ir superando cada informe, se realizó una propuesta de ley definitiva. La norma posteriormente era aprobada por el Consell y se remitió al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera su dictamen. Cuando este llegó de nuevo a la conselleria que desarrollaba la norma, el Director General emitió otro informe sobre el dictamen y se incluyeron las consideraciones –puede no hacerse, puesto que no es vinculante, como sucedió con la Ley Trans que desarrolló la Conselleria de Igualdad– que el órgano realizó para trasladar el proyecto de Ley a Les Corts y que se tramitase. La norma, después de innumerables informes y de vagar de departamento en departamento, había superado solo su primera etapa. Ahora le quedaba la fase más enrevesada y complicada: su tramitación en Les Corts.
Así, a los seis meses de trabajo, todavía le siguió otro medio año de dedicación. Por norma, desde que una ley entra en el parlamento valenciano, se abre un período de participación ciudadana. Un modelo de exposición pública que sirve para que asociaciones y organismos remitan propuestas de modificación al texto. En el caso de la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura, éste no se inició hasta el 21 de junio. Esto es, cinco meses y once días después de comprometerse a ello. Y el reloj no cesaba de correr para el Consell.
Una vez superada la fase inicial antes de acceder a les Corts, la norma fue testigo de como su cuerpo sufría todo tipo de cambios. Y es que las leyes también deben ser valoradas por los diputados de la Cámara, un trabajo que empieza en las comisiones pertinentes. Pero los períodos de sesiones para debatir las normas son complejos y están sujetos a un calendario parlamentario apretado y agujerado por las vacaciones y las fiestas. Para muestra: enero y agosto son meses inhábiles.
A la nula progresión de las normas esos meses, se suma que el curso político empieza con el Debate de Política General en septiembre; que inmediatamente después llega la festividad del 9 d'Octubre y que el trabajo con los Presupuestos Generales de la Generalitat para el próximo ejercicio hace que los días para debatir las leyes se acorten, que el calendario no dé más de sí. No en vano, durante el debate de las cuentas autonómicas, los parlamentarios dedican sus jornadas a debatir enmiendas en cada área del Gobierno. Las leyes, mientras, no avanzan.
Con diciembre marcado en rojo por sus señorías para los presupuestos y siendo enero inhábil, la normalidad no vuelve a Les Corts hasta la segunda quincena de enero tras la festividad navideña. También el calendario de sesiones respeta las fiestas populares de cada provincia. Con lo que entre el tiempo de cada comisión –no son pocas las que se encuentran activas, pues además de cada área de Gobierno, también se encuentran en marcha las de investigación y estudio a las que los diputados dedican sus días–, se reduce considerablemente. De esta manera, queda febrero, marzo –excepto Fallas-, abril –excepto Semana Santa-, mayo, junio y mitad de julio para estudiar la normativa que deben aprobar.
Durante esos meses, los grupos parlamentarios deben preparar enmiendas a los proyectos de ley. En el caso de la Ley de Pesca -utilizada como ejemplo, por si alguien se ha perdido con tanto trámite y fiesta parlamentaria-, se inició a mediados del mes de noviembre. Ahora bien, ese período tampoco es dinámico. Y más con el partido de la oposición que suele preparar una enmienda a la totalidad para que la ley no salga adelante. Una cuestión que debe pasar por un pleno de Les Corts para que los diputados voten si aceptan tumbar o no la normativa que intenta nacer. En esta legislatura, por ejemplo, el PP y en ocasiones Ciudadanos, las han presentado y el tripartito ha conseguido evitarlas por contar con mayoría en la Cámara.
Pasado este otro paso intermedio, la consellera o el conseller comparece en el parlamento valenciano para exponer la ley: el preámbulo –es decir, por qué nace esta normativa, cuál es su necesidad de existir–, su articulado, disposiciones adicionales, etcétera. Una especie de descripción a los diputados que les sirve para posicionarse, presentar y debatir enmiendas y realizar un dictamen que determina, entre otras cosas, qué modificaciones se han hecho. Las enmiendas aprobadas por la mayoría, se incluyen automáticamente en la ley; las que no, quedan vivas y pasan a debatirse en un pleno de Les Corts, puesto que en la comisión tan solo hay 15 diputados que representan proporcionalmente por la Ley d'Hondt los resultados electorales que ha recibido su partido en los comicios autonómicos.
Una vez la ley ha vagado durante meses por Les Corts y ha estado sometida a todos los cambios posibles, comienzan las negociaciones entre los grupos parlamentarios. En los pasillos unos y otros tratan de rebajar las enmiendas, modificar su redacción para conseguir que aquellos grupos que no han sustentado las iniciativas, lo hagan. Además, cabe señalar que, esta es una legislatura de amplios consensos, puesto que ninguno de los cinco partidos –Podemos, Ciudadanos, PP, PSPV y Compromís– tiene una mayoría parlamentaria. La geografía política de la cámara, por tanto, es otro elemento ralentizador a añadir a la larga lista descrita.
Después de todo este periplo, la ley llega a un pleno de la Cámara. Se exponen las enmiendas parciales –esto es, aquellas que tratan de modificar aspectos de la ley, pero no toda en su totalidad–, y los partidos votan. Con una mayoría cualificada -tres quintos-, la norma consigue nacer. La primera del Consell lo consiguió el 17 de enero de 2017. Más de un año le costó ver la luz, y casi un mes después para que fuera publicada en el DOGV. La burocracia le gana la partida al Consell.
Un argumento categórico que, entre otras cosas, sirve para justificar el por qué de tantos planes en este último retiro en Ademuz y no más proyectos legislativos. Atendiendo al calendario, 2019 queda demasiado cerca. Trabajar en normas podría ser vano para el Botànic, pues los escasos tres tres períodos de sesiones restantes antes de las próximas elecciones, amenazan con que éstas no lleguen a aprobarse en esta IX legislatura.
