Les Corts instan al Gobierno a retirar los recursos contra leyes sociales valencianas

VALÈNCIA (EFE). Les Corts han aprobado hoy con los votos del PSPV, Compromís, Podem y los exdiputados de Ciudadanos instar al Consell a exigir al Gobierno central la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes valencianas por la función social de la vivienda y para paliar y reducir la pobreza energética.

La diputada de Compromís Maria Josep Ortega ha defendido la propuesta de Compromís aprobada hoy en que se buscan "soluciones, garantizar derechos humanos y derechos constitucionales", mientras el Gobierno quiere garantizar "a saber qué", y ha indicado que solo falta que el Tribunal Constitucional "recuerde que continúa vivo el decreto de nueva planta".

Según Ortega, los recursos de inconstitucionalidad son "un suma y sigue" porque, además de "ahogarnos financieramente", "nos ahogan políticamente", y ha preguntado al Gobierno si lo que quiere es "anular" la capacidad del parlamento autonómico para hacer política o si "le molesta" que trabaje por garantizar los derechos constitucionales.

El PSPV ha asegurado que siempre habrá partidos de izquierdas que luchen por el bienestar de las personas "combatiendo" un sistema "injusto" que ha sido capaz "de perdonar a la banca 60.000 millones", según su portavoz, Manolo Mata.

Ha acusado al Gobierno de aprovecharse "en exceso" del Tribunal Constitucional y de "aniquilar" el estado de las autonomías, así como de "poner en riesgo" a los más desfavorecidos.

El diputado de Podem Antonio Montiel ha calificado de "vergonzoso" que el PP utilice los instrumentos del Estado para "atacar" la actividad de Les Corts porque ya son diez las leyes impugnadas o amenazadas de impugnación, el 30 % de las leyes exceptuando la de presupuestos y la de acompañamiento.

El PP impugnó en Cataluña, según ha recordado, 40 normas del Parlamento catalán y ahora parece, según Montiel, que quiere aplicar la misma estrategia en la Comunitat Valenciana. "A este ritmo no sé si quieren fabricar independentistas también aquí", ha señalado.

En la proposición se señala que la sociedad valenciana es una de las más castigadas por la crisis económica y por ello el Consell y Les Corts han impulsado medidas para continuar reduciendo la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión con las leyes de Función social de la vivienda y para paliar y reducir la pobreza energética.

Podem ha presentado una enmienda de adición a la de Compromís en la que se pide que Les Corts insten al Consell y a su presidente a iniciar los mecanismos para pedir la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para estudiar la "deficiente articulación" entre los diferentes territorios autonómicos y el Gobierno de España y poner medidas claras para revertir el proceso de "recentralización".

La propuesta de Compromís pide a Les Corts que manifiesten su apoyo al ejercicio del autogobierno con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía y por ello, que insten al Consell a exigir al Ejecutivo la retirada de los recursos de inconstitucionalidad.

Esos recursos se basan en que la ley de la función social de la vivienda incurre en extralimitación competencial e invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica; y en el caso de la pobreza, en que la ley autonómica establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro.

Desde el PP, Elisa Díaz ha acusado a los partidos del Consell de ser "los únicos responsables" de que se hayan recurrido las leyes y de hacer "una intentona" de autogobierno "frente a España" que encubre "gritos de independencia".

La diputada de Ciudadanos María José García ha señalado que su grupo apoyó las leyes pero ya advirtió de que algunos puntos podían incumplir la Constitución, y ha añadido que existe legislación nacional en ambas materias y por eso los colectivos vulnerables no quedan desamparados por la suspensión de las leyes autonómicas.