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IV SEMINARI DE GOVERN

Las diez medidas estrella del Seminari de Ademuz

24/07/2017 - 

VALÈNCIA. El marcado carácter municipalista del IV Seminari de Govern que se ha celebrado en Ademuz este fin de semana se aprecia desde la primera de las 50 medidas comprometidas por el Ejecutivo que lidera Ximo Puig. El documento recoge cinco objetivos por cada conselleria para evitar la disparidad en el número de compromisos por departamentos que se dio en el seminario de Morella y en el de Torrevieja: así, se prosigue con la pauta marcada en el cónclave de Sagunto del pasado semestre, en el que se estableció un número fijo de objetivos. 

Teniendo en cuenta esta tendencia hacia el respaldo de los municipios, el apartado de Presidencia de la Generalitat, se refleja el objetivo de financiación local con el desarrollo del Fondo Autonómico de Cooperación Municipal. Aunque éste se puso en marcha en enero, ahora el compromiso es desarrollar la segunda parte del fondo con una dotación de 27,3 millones de euros para subvencionar proyectos de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana susceptibles de ser cofinaciados por el programa  europeo Feder.

También se contempla en marcha la puesta en marcha de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant). La intención es acometer políticas específicas para frenar la sangría demográfica del interior de la Comunitat Valenciana con la colaboración de las universidades para que realicen un análisis de la situación.

Evitar la 'turismofobia'

Aunque la medida central del área de Presidencia es desarrollar la segunda fase del Fondo de Cooperación Local, el turismo es otra de las partes centrales del departamento. Un compromiso es el plan de desestacionalización turística que empezará a final de año coincidiendo con la temporada turística baja, dotado con tres millones de euros y que fomentará fundamentalmente el turismo de interior con la intención de vertebrar.

Por otro lado se encuentra la campaña de hospitalidad, dirigida a los agentes que forman parte de la actividad turística. El plan consta de 240 acciones formativas y está dotado de 1,1 millones de euros.

Una nueva ley de servicios sociales

En Igualdad, uno de los compromisos principales es el inicio de la tramitación de la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos. Se trata de la gran ley de la legislatura en materia de derechos sociales que garantizará un nuevo modelo de servicios sociales que, según palabras de Mónica Oltra, sentará las bases de un modelo del siglo XXI.

Otro es el inicio de la tramitación de la ley LGTBI. Se trata de elaborar una ley que reconozca y proteja los derechos de este colectivo. La intención es elaborarla con la colaboración de las entidades LGTBI y que garantice la igualdad efectiva de derechos y la no discriminación por motivo de orientación o de identidad sexual.

Un fondo de fondos de capital riesgo

En Hacienda el compromiso más destacado es aprobar un fondo de fondos de capital riesgo en el marco del programa de los fondos Feder y del Fondo Social Europeo. Éste gestionará instrumentos financieros y confiará su ejecución al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que lidera Manuel Illueca.

También está el compromiso de aprobar un orden de subvención por proyectos de inversión en I+D+i. Se trata de una financiación con interés bonificado para los bienes de equipo que se concederá a través de la Conselleria de Hacienda con un informe preliminar del Instituto Valenciano de Finanzas.

Plan de ocupación en Justicia

En Justicia, departamento que lidera Gabriela Bravo, se pone sobre la mesa una oferta pública de empleo de 5.287 puestos durante los próximos tres años. Por otro lado, también llama la atención la elaboración del primer plan de Igualdad en el ámbito de la administración de Justicia. 

Se trata del primer plan de estas características implantado en la justicia española, adaptado a los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia. El objetivo es conseguir la igualdad de género mediante la promoción y el desarrollo de la plena igualdad en el trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Decreto de centros educativos

En el área de Educación se encuentra el decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de centros educativos. La normativa vigente es de 1997 y muchos de sus preceptos se han quedado, según explican desde este departamento, "obsoletos y no responden a los actuales retos y necesidades del sistema educativo".

Así, la intención es modificar el ROF de los centros educativos valencianos con especial incidencia en aspectos como la autonomía de los centros para que tengan una mejor adaptación al entorno social donde se ubiquen. También se pondrá especial interés en el proceso de elección del director o directora del centro.

En el área de Cultura los objetivos van dirigidos a poner en marcha tres líneas de residencia de artistas abiertas a todo tipo de creadores de diferentes disciplinas: investigación, mediación y producción.

Ahorro con las endoprótesis

En Sanidad, destaca entre los objetivos para este semestre la compra centralizada de endoprótesis con un ahorro estimado de 5,4 millones de euros. Además, se llevará a cabo un programa de atención farmacéutica domiciliaria para mejorar la medicación de los dependientes.

Otro de los puntos destacados del área que dirige Carmen Montón es el Proyecto MHUAC para humanizar las UCI. El nombre se ha escogido como "alegoría" de la humanización que pretende aportar a pacientes críticos y familias, con flexibilización horarios de visitas, mejora del confort y formación.

Impulso del vehículo eléctrico

En Economía, conselleria que capitanea Rafael Climent, destaca el impulso del vehículo eléctrico con el que se aumentará la infraestructura de recarga en la Comunitat. El plan establece un seria de objetivos con el fin de eliminar las barreras existentes para el desarrollo de la movilidad eléctrica. 

También aparece entre los compromisos un plan estratégico de inversión extranjera de la Comunitat Valenciana. El objetivo es captar y retener la inversión extranjera directa.

Un nuevo modelo productivos para el sector agrícola

En Agricultura, conselleria con Elena Cebrián al frente, el principal objetivo es la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo agroalimentario. Para ello, la intención es reforzar la capacidad investigadora propia y la formación especializada de nuevos profesionales. Esto se llevará a cabo con convenios con universidades públicas por un total de 350.000 euros. 

A finales de 2017 se habrán completado 200 actividades formativas a través del Servicio de Transferencia de Tecnología. Per otra parte, finalizarán las pruebas selectivas de 19 investigadores permanentes del’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). También se pondrán en marcha el anteproyecto de ley de protección de animales.

Rehabilitar el parque de vivienda público

En la conselleria que dirige María José Salvador, llama la atención la elaboración de un Plan Plurianual de Rehabilitación  y Ampliación del Parque Público. Por otro lado, otra de las prioridades del semestre se centrará en el mapa de transporte de viajeros.  El actual Consell se encontró con un 80% de las concesiones de transporte interurbano con autobús caducadas. 

Muchas de ellas ofrecen en la actualidad, según describe el documento, "un servicio obsoleto porque el antiguo equipo no las actualizó y no se ajustan ni responden a las necesidades actuales de la población". Este semestre la conselleria podrá presentar las zonas, las áreas funcionales y los criterios por los cuales se basarán los nuevos proyectos.

Una ley para la Inspección General

Transparencia, conselleria encabezada por Manuel Alcaraz, tiene como una de sus medidas estrella el anteproyecto de la Ley de Inspección General de Servicios y Sistema de Alertas de la Generalitat. Se establecerá el funcionamiento de la inspección actualizado y definiendo sus competencias.

También se creará la Oficina de Control de Conflictos de Intereses para gestionar el registre de control de conflictos de intereses con la que reabrir y custodiar las declaraciones y la documentación de las persones con cargo público. El objetivo es dictaminar sobre la compatibilidad entre les actividades, el patrimonio, los bienes y el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público.

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