VALÈNCIA, (EP). La Comunitat Valenciana cuenta con 500 viviendas públicas ocupadas de forma ilegal desde antes de julio de 2015, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, que ha detallado que más de 300 están en la provincia de Alicante.
Por ello, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha celebrado una jornada informativa con los alcaldes y representantes municipales de las localidades alicantinas en las que la Generalitat gestiona viviendas públicas para explicarles el proceso y los criterios que se han establecido para estudiar la regularización de las viviendas ocupadas sin título antes de julio de 2015.
La directora general de EIGE, Helena Beunza, ha asegurado que para el Consell son "fundamentales" estas jornadas que se inician en Torrevieja, ya que "la mejor manera de llevar a cabo nuestros compromisos en materia de gestión de vivienda pública es informar, clarificar, resolver dudas y aportar metodologías eficaces que nos permitan cumplir con nuestros compromisos y lo establecido en la ley".
Para ello, ve "imprescindible" la colaboración y participación directa de los ayuntamientos, puesto que son los que conocen las realidades concretas de los vecinos de sus pueblos y ciudades.
Con esta jornada se da un paso más para establecer la regularización de las ocupaciones sin título anteriores a julio de 2015. Una acción que forma parte del Plan de Dignificación de la Vivienda Social, promovido por la conselleria que dirige María José Salvador, y que también se enmarca en un plan de largo alcance cuyo eje fundamental es la Ley por la Función Social de la Vivienda. Una ley cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y asequible, al tiempo que no se produzcan situaciones de inseguridad jurídica.
La Conselleria ha convocado a esta jornada a los ayuntamientos de la provincia de Alicante en los que dispone de viviendas públicas ocupadas sin título y entre los que se encuentran Alcoi, Alicante, Almoradí, Aspe, El Campello, Castalla, Crevillent, Dolores, Elx, Elda, Ibi, Monforte del Cid, Monòver, Novelda, El Pinós, Sax, Torrevieja, Villena y Xàbia.
El actual Consell se encontró con la falta de una política activa de vivienda de gobiernos anteriores, dio lugar a un aumento de ocupaciones ilegales en viviendas públicas que al inicio de esta legislatura se cuantificaban en más de 500, correspondiendo más de 300 casos a la provincia de Alicante.
Ante esta situación y con el objetivo de buscar soluciones eficaces, la Dirección General de Vivienda redactó la Resolución de 4 de abril de 2017 que determina los criterios para estudiar la regularización de la situación de aquellas familias que se encuentran en viviendas ocupadas sin título.
En la jornada, técnicos de EIGE han expuesto a los asistentes las situaciones prácticas que se pueden plantear en estas regularizaciones y la mejor manera de afrontarlas con rapidez, eficacia y seguridad jurídica. Además, se han detallado las condiciones y requisitos necesarios que las familias deberán cumplir para regularizar su situación, teniendo en cuenta que todo derecho comporta unas obligaciones.
Entre los criterios objetivos necesarios para regularizar las ocupaciones destacan: cumplir con las condiciones para ser adjudicatario de una vivienda pública, acreditar una situación de vulnerabilidad y que la vivienda ocupada sea la residencia permanente de la familia antes de julio de 2015. Pero, además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda y los gastos de la comunidad y deberán permitir el acceso al inmueble a los técnicos de EIGE para comprobar las condiciones de habitabilidad.
La resolución también recoge unos criterios subjetivos en los que deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello, EIGE podrá recabar información de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia de la adjudicación.
La campaña de regularización comienza mañana jueves en la provincia de Alicante, en Torrevieja, y progresivamente se irá extendiendo a otros municipios de la Comunitat.
Del mismo modo, en este encuentro, se ha dejado clara la postura del Consell de "tolerancia cero" ante las nuevas ocupaciones de viviendas públicas recientes, posteriores al 1 de julio de 2015 porque, entre otras razones, impiden llevar a cabo la política rehabilitación de las viviendas que ha puesto en marcha el actual Consell, además, vulneran los derechos del resto de demandantes que respetan la legalidad y ponen en riesgo la seguridad del edificio, ya que suelen ir acompañadas de enganches ilegales del suministro eléctrico.
Para concluir, la directora de EIGE ha agradecido la asistencia de alcaldes y concejales alicantinos, su implicación y les ha animado a "ponerse en marcha para hacer posible que estas regularizaciones sean un éxito y un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas".
