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La Seguridad Vial cierra un año marcado por la huelga de examinadores y encara 2018 con la revisión del carné por puntos

25/12/2017 - 

MADRID (Europa Press). El impacto de los atropellos a ciclistas que han abierto el debate sobre la revisión de su seguridad e impulsado el anuncio de próximas reformas que verán la luz en 2018, así como la extensa huelga de los examinadores de Tráfico, han marcado en parte el panorama de la Seguridad Vial en 2017, ejercicio que, por segundo año consecutivo, cerrará con un incremento de los fallecidos en las carreteras españolas.

Mayo marcó un punto de inflexión en la Dirección General de Tráfico (DGT). Las alarmas se encendieron cuando una joven conductora que dio positivo en consumo de alcohol y drogas provocó un accidente que acabó con la vida de tres ciclistas en Oliva (Valencia). Este suceso fue el que motivó que Tráfico anunciara medidas dirigidas a paliar la siniestralidad de los ciclistas en las carreteras, así como a evitar el consumo de alcohol y otras sustancias al volante. De hecho, este tema ha sido protagonista en las numerosas campañas que la DGT ha lanzado durante este 2017.

Verano también supuso el inicio de la huelga de los examinadores. El colectivo comenzó sus protestas el 2 de junio para reclamar un aumento del denominado complemento específico, pero la DGT siempre sostuvo que carecía de competencias para realizar esta subida retributiva. La situación se enquistó y durante meses se sucedieron los cruces de acusaciones entre la DGT y Asextra --asociación que agrupa al colectivo y convocante de los paros--, varios intentos de negociación y la proposición de diversas ofertas que fueron rechazadas.

Dejando tras de sí unas 200.000 pruebas prácticas de conducir sin realizarse y pérdidas millonarias en el sector de las autoescuelas, el conflicto llegó a su fin el pasado 13 de diciembre, cuando los funcionarios decidieron desconvocar la huelga, confiando en que la oposición logre incluir este aumento en los Presupuestos. Todos los partidos excepto el PP suscribieron este compromiso por escrito.

2018: ¿El año de las reformas legislativas?

Muchas son las medidas que la DGT ha ido anunciado a lo largo de este año y que podrían ver luz en 2018, pero el consumo de alcohol y drogas al volante ha centrado la mayoría. Así, destaca la persecución a los reincidentes por delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas al volante. En concreto, se está trabajando para que aquellos conductores que hayan delinquido, al menos, dos veces en dos años, por delitos de este tipo, no puedan volver a conducir si un médico certifica la pérdida de las aptitudes psicofísicas, al entender que existe adicción.

Por otro lado, existen propuestas para revisar el denominado carné por puntos, aunque la DGT no tiene en mente modificar las sanciones económicas. Asimismo, la DGT ha mencionado en numerosas ocasiones la posibilidad de modificar el sistema de formación para los aspirantes a conductores, así como la adaptación de los exámenes a las nuevas tecnologías.

También se está estudiando imponer más restricciones con respecto la conducción nocturna, el límite de velocidad, así como soluciones innovadoras dirigidas a minimizar las distracciones, en especial el riesgo del uso del móvil.

En cuanto a la protección de los ciclistas, se han establecido unas 150 Rutas Protegidas en España y ya se está trabajando en un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, que se espera que se apruebe en 2018.

Precisamente, fue la muerte de un ciclista en 2015 la que motivó la propuesta de reforma del Código Penal. Anna González, viuda de este ciclista que murió arrollado por un camión cuando circulaba por el arcén, fue la impulsora de esta modificación. Una de las propuestas es ampliar hasta los nueve años --actualmente son cuatro-- las penas de cárcel en caso de imprudencia grave frente a los atropellos, considerando entre ellas la omisión de socorro en carretera, entre otras cuestiones.

Prioridades, según asociaciones y colectivos

Víctimas, automovilistas y colectivos también comentan a Europa Press cuáles son sus retos de cara a 2018. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) apuesta por una mayor inversión en las carreteras y por la mejora de las tecnologías de cara a aumentar la seguridad de los vehículos. Según ha señalado el presidente de la asociación, Mario Arnaldo, una de las tecnologías que reclaman desde la asociación es el dispositivo 'Alcolock', un alcoholímetro que no permite arrancar el coche si su conductor supera la tasa permitida de alcohol. Desde AEA también mencionan que uno de los retos de 2018 es la revisión del carné por puntos, que a estas alturas sigue siendo "ineficaz".

Igualmente, el RACE considera "imprescindible" destinar parte del presupuesto central y autonómico a la mejora y mantenimiento de las carreteras. Así lo pide el director de Seguridad Vial de RACE, Tomás Santa Cecilia, que también reclama que haya "un patrón único" en las políticas de movilidad con el objetivo de "incentivar la decisión de compra". Como objetivos, dice que habrá que poner el foco en el uso del móvil durante la conducción, el alcohol y las drogas, que "han influido negativamente" en 2017.

Por su parte, la asociación Stop Accidentes tiene en mente la modificación del Código Penal, pide la revisión del carné por puntos y la obligatoriedad de una asignatura sobre Educación Vial. Asimismo, según señala su presidenta, Ana Novella, la asociación apuesta por que se retome el Estatuto de la Víctima y se impulsen las oficinas de atención a las víctimas.

La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) señala, en cambio, la importancia de seguir trabajando en los vehículos autónomos que, a juicio de su presidente Francisco Canes, "son los que van a reducir la siniestralidad". También apuestan por el respeto del medio ambiente y por la movilidad sostenible, así como por una mayor inversión de las carreteras, el fomento de la renovación del parque automóvil y que, "de una vez por todas, renueven la fórmula para sacarse el carné de conducir".

En cuanto a los ciclistas, el director técnico de ConBici, Manuel Martín, considera que "el mayor reto" es seguir avanzando en el Plan Estratégico de la Bicicleta. Además, exige que se incluyan incentivos para la compra de bicicletas eléctricas y más campañas para fomentar su uso.

Los motoristas, por su parte, inciden más en los sistemas de seguridad y protección del colectivo. Así, la vicepresidenta de Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, pide la sustitución progresiva de los actuales puntos de contención por sistemas "de contención integral", que también "urge" a aprobar un Plan Nacional de la Motocicleta.

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