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entrevista al director de la agencia antifraude

Joan Llinares: "La prescripción no debería aplicarse en la corrupción"

14/05/2018 - 

VALÈNCIA. Joan Llinares (Alzira, 1953) es desde junio de 2017 el director de la Agencia Antifraude valenciana. Abogado de profesión, ayudó a levantar las alfombras del IVAM, donde halló presuntas irregularidades en la gestión del museo valenciano en la época de Consuelo Císcar. Con las investigaciones judiciales en marcha, Llinares se marchó a Barcelona, donde ayudó a esclarecer el denominado 'caso Palau' y puso en funcionamiento la oficina de Transparencia y Buenas Prácticas en el Ayuntamiento de la ciudad condal. 

El inicio en la Agencia que ahora dirige, ideada por Podemos, no ha sido nada sencillo. Medio año sin sede, sin espacio para poder acoger al personal que debía formar parte de esta oficina sin que Les Corts –órgano al que está adscrita– hallara un emplazamiento adecuado. Una coyuntura que obligó a que tuviera que recurrir al alquiler privado para poder comenzar a trabajar en los casos que llegaban vía correo electrónico o postal. Todavía no se ha activado el buzón de denuncias de la web y ya reciben una media de 14 casos mensuales. Una cuantía que, de momento, les desborda porque todavía no están cerrados todos los concursos de selección de personal. 

Valencia Plaza se reúne con él para hablar de los primeros pasos de la Agencia, la relación que mantienen con la Fiscalía -cuestionada en numerosas ocasiones por el PP, que fue contrario a su creación, por si se producían duplicidades-, el tipo de irregularidades que ya han llegado a sus manos para que investigue si se han cometido delitos de corrupción, o su valoración sobre las rebajas de penas que actualmente se han dado a algunos de los investigados de la trama Gürtel.

Joan Llinares atiende a Valencia Plaza en un despacho de la sede provisional de la Agencia Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

-¿Cuántas personas hay en estos momentos en la Agencia Antifraude?
-Alrededor de 20. 

-¿Cree que tiene el personal suficiente para desarrollar la actividad que tiene encomendada?
-Eso se verá en función de la carga de trabajo que nos corresponda asumir. En estos momentos estamos desbordados. Otra cuestión es que cuando estemos toda la plantilla al completo podamos considerar que la cuantía de personal es suficiente. Pero ahora mismo la Agencia no puede hacer todo lo que querríamos hacer. 

-¿Cuándo calcula que podrá estar la Oficina a pleno rendimiento y con todo el personal requerido incorporado?
-Resolvimos hace poco más de dos semanas el primer concurso y ahora estamos iniciando el segundo. Queda todavía un tercero para poder tener la estructura completa, que seguramente antes de 2019 esté finalizado. Pero no puedo dar fecha exacta porque los procedimientos tienen sus ritmos y muchas veces depende de la cantidad de gente que se presenta o de la complejidad de los puestos que se deben seleccionar. 

-Decía en su comparecencia en Les Corts para presentar la memoria de 2017 que estaban recibiendo una media de 12 denuncias mensuales, ¿esa cuantía se ha incrementado en estas últimas semanas?
-Sí, la media mensual ahora mismo está en 14. Y eso que todavía no se ha activado el buzón de denuncias. Las que estamos recibiendo ahora son por correo postal, correo electrónico o bien porque los denunciantes se personan en la propia Agencia. Pero en breve tendremos terminada la aplicación del buzón y eso generará una facilidad y accesibilidad a la oficina que nos hace prever que tendremos una carga todavía superior. 

-Y con la RPT que se diseñó en su momento, ¿cree que tendrá que verse incrementada?
-Sí. Es una RPT provisional basada en un análisis sin experiencias anteriores, sin que haya existido antes una estructura como la de la Agencia y como consecuencia tendrá sus modificaciones. De hecho, entre la RPT provisional que se publicó en septiembre de 2017 para poder incorporar a los primeros funcionarios y la RPT que se publicó en marzo de 2018 ya hay diferencias después de negociarla con los sindicatos y haber analizado los puestos que se publican. La propia experiencia y práctica del día a día nos hará que tengamos que introducir algunas variables, incluso en cuanto al número de puestos de trabajo. Pero ahora mismo prefiero que discurra 2018, que se ponga en marcha el buzón, y ya haremos nuestros informes y las propuestas que hagan falta para solicitar los recursos necesarios que se deriven de esta situación. 

Joan Llinares al inicio de la entrevista. Foto: KIKE TABERNER

-Desde que alquilaron la sede en febrero los grupos parlamentarios han criticado que la Agencia pague un alquiler, pero ¿se ha puesto alguien en contacto desde entonces con ustedes para solucionarlo? Ya sea desde Les Corts o desde el Consell...
-Desde la Conselleria de Hacienda se han hecho gestiones...

-Pero, ¿desde febrero se ha hecho algo?
-No, hasta febrero se hicieron las gestiones que expliqué en la comisión. Nos consta que en la Conselleria de Hacienda estamos como peticionarios de espacio, y cuando lo tengan, nos lo dirán. Pero desde febrero que estamos aquí se considera resuelto el problema acuciante que teníamos en el espacio de Les Corts donde era imposible trabajar. Lo bueno de esta sede provisional es que nos pudimos trasladar enseguida porque estaba equipada con mobiliario, no hizo falta obra ni instalación de sistema informático. No haber tenido que depender de adquirir también mobiliario ha sido toda una ventaja, porque todo nos lo tenemos que conseguir nosotros porque nadie nos ha dado ni una silla. Así que encontrarnos con una sede totalmente equipada, ha sido positivo. 

-¿Cuántos casos de presunta corrupción se han enviado a la Agencia desde su creación?
-En 2017 recibimos un total de 37 y en 2018 ya vamos por 40 aproximadamente. Sin embargo, hay una parte de la Agencia que para nosotros es muy importante que es actuar de oficio y que de momento todavía no hemos podido entrar a ello al estar tan desbordados y aún en fase de desarrollo. 

-¿Cuándo podrán empezar a actuar de oficio?
-Ahora cuando terminemos el segundo procedimiento de selección de personal.  

Memoria de la actividad de la Agencia Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

-¿Qué tipo de irregularidades se están denunciando?
-Nos llegan irregularidades de los cinco grandes ámbitos en el que tenemos codificadas las conductas corruptas: contratación pública, concesiones, subvenciones, selección de personal y urbanismo. Luego hay un apartado donde entraría gestión del patrimonio público. 

-¿Echa de menos alguna tipología de denuncia o de denunciante?
-Las denuncias nos llegan principalmente por personas vinculadas a la administración, bien sea porque son empleados públicos, cargos electos, u otros. Pero también nos llegan de ciudadanos sin ninguna responsabilidad en el ámbito de la administración pública. 

-¿Algunas de las denuncias que se han realizado hasta ahora se han tenido que trasladar a la Fiscalía?
-Sí, tenemos ya casos. Con una colaboración, además. Pero prefiero no dar un número porque además en cuestión de días puede verse modificado. Tenemos un contacto constante con las fiscalías. 

-¿Ha habido más presiones sobre los testigos protegidos? ¿Hay nuevos testigos desde que compareció en Les Corts?
-A los 8 ó 9 que comenté en mi comparecencia no se les ha ejercido presiones, sino que se les ha aplicado el estatuto del denunciante, que es una protección que empieza por la asistencia jurídica. Tenemos algún caso en el que la administración en la que ejercen sus funciones no acaban de entender que estas personas lo que hay que hacer es reconocerles el gran servicio que hacen cuando denuncian corrupción, y no a la inversa, que es tratarles de malos modos. 

-¿Cómo es la protección de testigos?
-Lo primero que hacemos es un acompañamiento jurídico. Después estamos en contacto permanente y revisamos sus condiciones en el ámbito laboral para comprobar que no sufren cualquier tipo de menoscabo o que se perturban sus tareas. Por ejemplo, que no se les degrade, margine, etc. 

-Y en caso de que comprueben que sí está sucediendo esto, ¿qué ocurriría?
-Hacemos las advertencias necesarias y en caso de que persistan, abrimos un expediente sancionador por falta muy grave con sanciones que pueden oscilar desde los 30.000 a los 400.000 euros.

El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNER

-¿Qué le parecen las rebajas de condena que pacta la Fiscalía Anticorrupción con cada vez más acusados?
-Yo diferenciaría dos situaciones que son muy distintas: la de la persona que ha participado en conductas corruptas pero que desde el primer momento colabora, con lo que facilita la instrucción y aligera que se puedan exigir todas las responsabilidades que se puedan derivar a todos los implicados; y la otra situación, que es la que creo que se está dando ahora, que es el arrepentimiento cuando llega el juicio. Sí que soy partidario de que a la persona que colabora desde el primer momento se le tenga en cuenta esa predisposición que le va a significar al procedimiento judicial una gran ayuda y que va a permitir además llegar al fondo y a todos los responsables. Pero aquel que en juicio denuncia, confiesa, reconoce lo que no hizo antes... Encima te encuentras que la mayoría de personas que deberían estar sentadas en el banquillo no lo están porque ya han prescrito los delitos que han cometido... La utilidad de esa confesión ya es muy escasa. Así que mi posición sería la de que no obtuvieran rebajas de penas tan sustanciosas cuando se producen en esta fase. Hay una frase de la fiscal en Gürtel cuando cierra con el informe final que plantea que muchas de las cosas que allí se han dicho, ya se podrían haber dicho en el 2010, que es cuando el procedimiento se pone en marcha. Allí se han reconocido cosas que a la vista de las declaraciones, quienes estaban siendo enjuiciados, debían haber estado acompañados por otras personas. 

-¿Le parecen excesivas las rebajas que se han dado ahora en Gürtel entonces?
-No, yo no quiero que se entienda que corrijo a nadie. Lo mío es una opinión. Y en mi opinión hay dos momentos que cabe diferenciar. Lo mismo sucedió con el caso Palau, que en el momento de la instrucción nos encontramos muchas dificultades: ocultación, destrucción de documentación, cierre de puertas... Que llegue el día del juicio e intenten pactar con la Fiscalía para rebajar penas, pues la verdad es que yo a estas personas no las considero arrepentidas. Y soy partidario de que el arrepentimiento tenga algún tipo de 'gratificación' con la rebaja de penas. Pero el arrepentimiento se tiene que dar al inicio o a lo largo del procedimiento, no al final cuando el juicio está casi a punto de tener sentencia. 

Joan Llinares en la sede de la Agencia Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

-Hace poco el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, decía en una entrevista en Valencia Plaza que la transparencia se entiende a veces como "un incordio hasta que estén desarrollados todos los mecanismos". ¿Cree que también se tiene esa percepción de la Agencia Antifraude?
-No. La transparencia es un instrumento. Ha introducido en la gestión pública unas obligaciones que hasta ahora no formaban parte de la vida cotidiana de las administraciones públicas. Significa que tienes que adaptar tu estructura de funcionamiento para adaptarla a la ley. Para mí la transparencia es una garantía y una obligación de todos, un requisito preventivo para evitar la corrupción. Que el que tenga que gestionar sepa que va a ser visible todo aquello que está gestionando. 

-¿Qué explicaciones le dieron para no dar un criterio favorable a reformar la ley de la Agencia Antifraude?
-Nosotros planteamos que en la ley hay una serie de cuestiones que sería conveniente revisarlas porque generan disfunciones. Una de ellas es su naturaleza jurídica, que aparece como entidad de derecho público. Eso significa que se rige por la ley reguladora de entidades de derecho público y eso no encaja con lo que es el cuerpo de nuestra propia norma. Es decir, las entidades de derecho público deben estar adscritos a una conselleria, y nosotros no lo estamos, sino que lo estamos a Les Corts, a quien debemos rendir cuentas. Pero no a ninguna de las administraciones que, en definitiva, están en su ámbito de inspección y prevención. Nosotros planteamos esta contradicción, además de que nuestro personal es funcionario de carrera, algo que no pasa en las entidades de derecho público donde la mayoría son personal laboral o se aplican procedimientos de selección de personal que nada tienen que ver con las oposiciones que hemos pasado las personas que formamos parte de esta Agencia. También que la ley de entidades de derecho público plantea que el presupuesto está adscrito a la Generalitat, cuando el nuestro depende del parlamento. Son cuestiones técnicas. Es pura congruencia. 

-Pero no recibió criterio favorable, ¿no?
-No se denegó, simplemente no se llegó a responder. Igual que tampoco se respondió a la petición de poder reservar el sobrante de presupuesto de 2017 a 2018. Lo solicitamos, pero no obtuvimos respuesta. 

Llinares durante la entrevista. Foto: KIKE TABERNER

-¿Cree que PSPV y Bloc están actuando de forma correcta ante su presunta financiación irregular?
-Mi opinión es la misma que para cualquier otro partido político. Cuando se destapan irregularidades y ya hay jueces y fiscales que están trabajando con pruebas, siempre es mejor rectificar y reconocer si realmente se ha utilizado dinero público. Cuando se dice que no es dinero público, sino que es dinero de las empresas... Bueno, luego resulta que esas empresas son adjudicatarias de contratos públicos, por lo tanto al final sí que es dinero público. ¿Dónde está en el objeto de una empresa en la que sus fines son mercantiles tener que financiar partidos políticos si no es a cambio de recibir adjudicaciones? Mi opinión, además de que esto no se tiene que producir nunca, es que se debe corregir cuando se han producido estas irregularidades, reconocerlas e intentar remediar el daño que se haya podido producir al erario público. La prescripción no debería aplicarse en la corrupción. 

-¿Cree que el PSPV debería haber apartado de manera provisional a algunos cargos de responsabilidad que en su momento pudieron estar involucrados?
-Uno de los campos que están poco desarrollados en el ámbito de la prevención de la corrupción son los códigos éticos. Ahora se ha puesto de moda que todo el mundo apruebe códigos éticos, pero la cuestión es que se pongan en práctica. Cada organización política, sindical, administraciones, deben establecer cuándo una persona debe ser apartada. Lo que sí es evidente es que para cualquier persona con responsabilidades públicas estar vinculada a un proceso de corrupción debilita o destruye su credibilidad y su propia autoridad, y esto por tanto se lo tienen que hacer mirar aquellos que estén en estas situaciones. ¿Y en qué momento debe de producirse? Creo que deben remitirse a esos códigos éticos y ponerse en práctica en su día a día. 

-¿Algún grupo parlamentario se ha puesto en contacto con usted después de que propusiera hacer un Pacto contra la Corrupción?
-He leído respuestas positivas a este Pacto para la Comunidad Valenciana. Estamos en contacto con asociaciones que trabajan en este sentido como Fundación por la Justicia. Pero debemos trabajar todos juntos para que la imagen de la Comunidad Valenciana dé un salto cualitativo: honesta y alejada de todos los comportamientos corruptos. Un Pacto Anticorrupción para que esto sea algo anecdótico y las instituciones establezcan sus métodos para evitar la corrupción.  

Joan Llinares en la sede de la Agencia Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

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