FCC lleva al Ayuntamiento de Benidorm ante el juez para impugnar el precio del servicio de 2013

BENIDORM. Nuevo frente en los juzgados entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que gestiona en la ciudad el servicio de limpieza viaria y de recogida domiciliaria de residuos. FCC ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ordinario contra el consistorio con el fin de impugnar la resolución de Alcaldía del 7 de marzo de 2017, con la que se aprobó la liquidación del servicio para el ejercicio de 2013. 

El consistorio está dispuesto a pagar a la empresa 2.417.246,33 euros por este periodo, pero la mercantil no está de acuerdo con la cantidad, por lo que le reclaman al ayuntamiento un precio más elevado, según explicó la concejal de Hacienda y Contratación, Lourdes Caselles. Una variación del valor del servicio que ahora está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Alicante, según ha podido saber este diario.

Según el informe al que ha tenido acceso Alicante Plaza emitido por la asesoría jurídica del ayuntamiento, solicitan que se encargue un despacho especializado debido a "la complejidad del asunto y la elevada cuantía económica". 

Además, en la posterior resolución de Alcaldía vista por este diario, confían en una procuradora externa su representación en el proceso, así como en el abogado municipal y el secretario municipal. Por lo pronto, ya han iniciado los trámites para una retención de crédito para los gastos de la procuradoría de 298,14 euros.

La historia de encontronazos entre FCC con Benidorm es dilatada, también en los juzgados. Es más, a principios de este año se dio a conocer la noticia de que el ayuntamiento tendrá que desembolsar 1,4 millones de euros a la empresa por la diferencia de los cánones facturados y revisados de 2009 a 2011. A esto hay que añadir los 300.000 euros en intereses de demora. 

Además, en las últimos procedimientos de adjudicación, FCC ha perdido algunos de los servicios que prestaba, como es el caso de la limpieza de edificios municipales y educativos, que terminó en manos de OHL a pesar de que recurrió ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).