"Estamos en contra de pagar para rescatar concesiones por motivos ideológicos"

VALÈNCIA. El sindicato mayoritario del sector público, UGT-PV, acaba de dar un toque al Consell en forma de amenaza de protesta con el que ha conseguido desbloquear la publicación de relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las empresas públicas: quién trabaja en ellas, cómo accedió y qué sueldo tiene, entre otras cuestiones. El secretario general de su Federación de Servicios Públicos (FeSP-UGT), Luis Lozano, reconoce la voluntad del Consell por poner orden un unas empresas que con el PP fueron "un coladero", pero echa en falta más determinación política con algunas empresas a las que acusa de falta de colaboración.

En esta entrevista, Lozano aboga por depurar a los cargos políticos colocados en estas empresas y por establecer pruebas de acceso para los casi 3.500 empleados que se demuestre que accedieron sin ningún tipo de procedimiento reglado. Además, duda de la solución que la Conselleria de Sanidad ha ideado para integrar a los trabajadores del Hospital de Alzira para su reversión al sistema público y cree que en el futuro puede darle problemas.

[Lea la segunda parte de la entrevista: "No creo en la bicefalia, plantear división en el PSPV es un error enorme"]

–Su sindicato acaba de dar marcha atrás en su intención de concentrarse contra el Consell por la parálisis en la reforma del sector público, ¿qué ha cambiado tras la reunión del pasado viernes de la Comisión para el Diálogo del Sector Público Instrumental de la Generalitat?

–La reunión fue positiva porque nos entregaron el borrador de la Ley del Sector Público Instrumental para que hagamos alegaciones, por eso hemos decidido desconvocar la concentración y convertirla en una reunión con delegados. La cosa se está normalizando y por eso dejamos la concentración. No sé si el Consell ha reaccionado por la convocatoria de la protesta, pero la Administración ha empezado a mejorar su situación respecto al sector público ante la convocatoria de la UGT. Las cosas han avanzado enormemente.

–La Conselleria de Hacienda se ha comprometido a desbloquear las relaciones de puestos de trabajo de las empresas RPT que ustedes demandaron en los tribunales y a establecer procesos de selección para entrar a las empresas públicas, ¿qué significa este hecho?

–Hemos comenzado a resolver las RPT empresa por empresa y de momento el pasado viernes ya se desbloqueó la del IVAS. En la próxima reunión analizaremos la de Vaersa. Y por otro lado es importante que haya una oferta pública de empleo también para las empresas públicas que negociaremos y acordaremos.

–¿Por qué estaban dispuestos a salir a la calle contra el Consell?

–Es que ya llevan dos años gobernando. Es un tiempo prudencial para haber iniciado algunas actuaciones encaminadas a corregir las barbaridades que hizo el PP en el sector público, con los ERE y la improvisación. Lo primero que había que hacer porque ya lo decía la ley del PP eran las relaciones de puestos de trabajo que increíblemente no existían hasta entonces. Nos pusimos en contacto con el Gobierno para arreglar esto y homogeneizar condiciones de trabajo y laborales con el resto de empleados públicos porque no había ningún tipo de criterio. Ni siquiera para el acceso. Debería haber habido algún tipo de convocatoria de acceso, pero eso no ha sido así, sobre todo en los últimos años del PP. En los últimos diez años ha sido un coladero de gente increíble.

"En los últimos diez años con el PP las empresas públicas han sido un coladero increíble de gente"

Había que establecer si las RPT debían ser similares a las de la Generalitat y, sobre todo, saber el número de trabajadores porque desde mi punto de vista no está claro que sepan cuántos son. Se acordó que había que hacerlo, pero los meses iban pasando sin avances. Hace unos meses se creó la comisión de diálogo para la reforma del sector público, pero las primeras reuniones fueron absolutamente infructuosas porque los datos que pasan las propias empresas a la dirección general Sector Público no son fiables. Hay que tener en cuenta que cada empresa depende de una conselleria diferente y puede que el criterio del PSPV y el de Compromís no sea el mismo.

Además, ni siquiera se tiene claro qué va a pasar con los empleados que no pasaron ningún proceso selectivo. Por eso interpusimos una demanda ante el TSJ para que se cumpliera la publicación de las RPT, nos dieron la razón y ahora hemos pedido la ejecución de la sentencia. Creo a la Conselleria de Hacienda hasta le vino bien porque les permite apremiar a las empresas; en el fondo quieren poner orden en el sector, pero es muy complicado y, por lo que se ve, no les hacen mucho caso.

–¿Insinúa que las empresas no colaboran? ¿Por qué se ha avanzado tan poco a pesar del cambio en la Secretaría Autonómica?

–Desde mi punto de vista no colaboran. Eso es lo que nos dice la directora general (Empar Martínez), que la información que le pasan las empresas no es fiable. Les dijimos que no queríamos más reuniones de este estilo. En la última reunión al menos nos han hecho caso para ir empresa por empresa.

Hasta el cambio en la Secretaría autonómica de Hacienda y la Dirección General no se había hecho nada; fue con los cambios cuando se pusieron en marcha. Los inicios tampoco fueron fáciles por que cuando se constituyó la Comisión de Diálogo Social del Sector Público CSI-F y otros sindicatos recurrieron, lo cual no tiene ningún sentido.

–La asamblea de delegados de UGT que se acaba de constituir dice que es el momento de forzar la situación  para avanzar en ese proceso ¿se les ha agotado la paciencia con el Consell?

"creímos que era el momento de darle un toque de atención al Gobierno, tiene que poner orden en las empresas públicas"

–Si alguna virtud tenemos los sindicalistas es nuestra enorme paciencia. Cualquier cosa para mejorar sabemos que cuesta muchísimo y no se puede perder la paciencia ni el optimismo, pero creímos que era el momento de darle un toque de atención al Gobierno sobre todo tras constatar que el propio Gobierno reconoce que hay problemas en la información que transmiten las empresas a la Generalitat. Por lo tanto, alguien tiene que poner orden en las empresas.

–Hasta ahora ha habido cuatro RPT que la dirección general de Sector Público ha validado pero la de Presupuestos las ha echado para atrás...

–Nos preguntamos cómo es posible que en la misma Conselleria una dirección general diga que sí y otra diga que no. Entendemos la complejidad, pero eso no puede ser. Sabemos que en los Presupuestos de la Generalitat hay 2 millones para homologación de salarios. Si las RPT ya han pasado el filtro con los criterios comunes pero hay cuatro RPT bloqueadas porque una dirección general las aprueba pero otra no, es que falta voluntad política para arreglarlo o coordinación.

–Su postura es mantener todos los empleos y sueldos del sector público. Ustedes mismos reconocen que en el sector público ha habido opacidad y contrataciones irregulares. ¿No supondría normalizar esas situaciones con lo que ustedes piden?

–En las RPT que no han sido aprobadas hay cosas raras. No estamos a favor de que se haga tabla rasa. Lo que nosotros pedimos es que se mantenga el número de puestos de trabajo y, si es verdad que hay 3.467 fijos sin proceso de selección, evaluemos cómo han entrado; qué entorno legal había en el momento en el que entraron que justificase esa entrada. A lo mejor entonces bastaba con un anuncio en prensa. Pero en los casos en los que no hubo absolutamente ningún procedimiento o en el caso de los responsables del PP que eran cargos de libre designación de las empresas públicas y que a última hora reconvirtieron en puestos de estructura que precisamente no son los peor pagados, eso no se puede pasar.

–¿Y cómo debería solucionarse esa situación?

–Lo primero es ver de qué manera entraron y la gente que no ha pasado ningún proceso selectivo, tendrá que pasarlo. Tendrá que hacer una prueba como todos los ciudadanos. Los que retorcieron la legislación para quedarse como fijos deberían ir todos a la calle porque evidentemente eran cargos políticos camuflados en un puesto de trabajo estable.

–En ocasiones los sindicatos han criticado falta de interlocución con el Consell para negociar algunas leyes que se les presentan ya avanzadas, ¿están satisfechos con el papel que les han reservado a ustedes?

"los cargos políticos que retorcieron la LEY para quedarse como fijos en empresas públicas deberían ir todos a la calle"

–En Función Pública, con Gabriela Bravo, las cosas funcionan muy bien. Firmamos un gran acuerdo de legislatura, excepto el CSI-F, que se está cumpliendo con retraso, pero se van cumpliendo. Sanidad también va bien, pero el foco está posado sobre esa conselleria por una medida que se tilda de política y es perfectamente legal: la no renovación de la concesión del Hospital de Alzira. Otra cosa son las otras concesiones; ahí sí sería un tema de carácter ideológico entrar al rescate de las otras concesiones. Nosotros estaríamos en contra. Con la situación económica de la Generalitat no se puede entrar en un proceso de rescate de concesiones administrativas sanitarias que suponen desde el lucro cesante y la amortización de esos hospitales. Estoy en contra de los rescates si suponen una inversión de un dinero que no tiene la Generalitat y que, si lo saca de algún sitio, perjudicará a alguien.

–Entiendo que se refiere al caso del Hospital de Dénia, donde hubo un mandato del presidente de la Generalitat a Hacienda y Sanidad para avanzar en la reversión a lo público...

–Sí, pero uno de los dos socios se siente engañado. Seguramente a DKV le dijeron que aunque los números no cuadrasen se aplicaría el mismo 'rescate' que se le aplicó a Alzira o Manises, pero el Gobierno cambió y eso se quedó en el aire. Por ahí puede haber una situación más tranquila de rescate. En cualquier caso, si ese rescate implica que se le pague un dinero público a alguien por algo que no va a hacer, estoy absolutamente en contra.

–Una de las empresas más problemáticas es Vaersa. Los trabajadores quieren que se convierta en una Entidad de Derecho Público para tener más estabilidad, pero denuncian que no existe una voluntad clara de la consellera Elena Cebrián... ¿cuál debería ser, en su opinión, el futuro de Vaersa?

–Es que eso lo tiene que definir la Ley del Sector Público, el estatutos jurídico de cada una de las actuales empresas. Nuestro criterio es que la Conselleria que tiene las competencias en Sector Público, o el Consell en sentido amplio, es quien debe decir cuáles han de ser una cosa y cuáles otra. No nos parece bien que cada empresa pública negocie con su conselleria que quiere ser de mayor. En Turismo ha pasado algo que nosotros decíamos que no podía ser, y es que se quería convertir a todos los trabajadores en funcionarios. Ya advertimos a Francesc Colomer que eso no iba a poder ser, por muchas razones, pero entre otras porque precisamente Turismo ha sido uno de los emblemas y nidos de corrupción del PP y ahí hay gente complicadísima. Esa es una razón, pero además no puede ser que el Colomer de turno decida si una empresa queda como Entidad de Derecho Público (EDP) u otra cosa; no, debe haber un criterio gubernamental y político para, en base a la actividad que desarrolle cada empresa, sea una cosa u otra. Me temo que la intención actual de las empresas es la de negociar cada una con su Conselleria.

–¿Qué le parece la solución que se ha dado para regularizar los sueldos que están por encima de la norma, el complemento transitorio absorbible, mediante la Ley de Acompañamiento?

"No nos parece bien que cada empresa pública negocie con su conselleria que quiere ser de mayor"

–Es una medida satisfactoria excepto para quien supone que le congelen el sueldo. Ahora mismo esto es un elemento claro de discusión en los hospitales provinciales de Castellón y Valencia. Si quieres formar parte de la Conselleria de Sanidad, ha de ser todos con las mismas condiciones. Si tu negociación colectiva durante años te ha llevado a tener unos salarios por encina de la Conselleria, ahora tienes que homologarte a ellos: con congelaciones para los que estén por arriba y subidas para los que estén por debajo. A quien le afecta la congelación le molesta, pero a cambio tiene más oportunidades laborales de movilidad y otro tipo.

–Pero en el caso del General de València, el conflicto se produce porque los trabajadores denuncian que se les homologa el salario pero no se les aplica la Ley que regula los consorcios para igualar su estatus jurídico al del personal dependiente de la Conselleria, con lo que no gozan de esas ventajas a las que usted alude...

–Claro, porque ellos ahora son personal laboral y tienen que homologarse. En primer lugar, salarialmente, y vehicular su tránsito de personal laboral a estatutario. Que no debe ser muy complicado porque en los dos casos, salvo casos contados, todo el personal ha entrado mediante procesos de acceso con publicidad, mérito, capacidad... De momento han aplicado la receta más dura, la salarial, pero eso no está cerrado y para eso está el tiempo y la negociación.

–¿Qué opina de la alternativa del Consell para integrar a los empleados del Hospital de Alzira tras la reversión a lo público?

–Nosotros en su momento defendimos que lo más normal era crear una fundación o una empresa pública a la que traspasar el personal porque eso no hubiera supuesto ningún tipo de problema. La Conselleria desoyó nuestra recomendación, solicitó un estudio a expertos y llegó a la conclusión de que deberían ser laborales indefinidos no fijos. Pero los laborales indefinidos no fijos tienen que serlo mediante una sentencia judicial. Esta figura se usa para puestos de los que la administración abusa, por ejemplo, con concatenaciones de contrato para los que ya ha habido sentencias europea. Cuando estos trabajadores han ido a los juzgados, la justicia les ha dado la razón por ser su contrato un fraude de ley y les convierte en laborales indefinidos, pero no pueden ser fijos porque no han superado una prueba selectiva. Por lo tanto se quedan ahí en tanto en cuanto se convoque una prueba, no para ellos sino para su plaza, y quien gana la plaza se queda con ella.

"los indefinidos no fijos de Ribera Salud tendrán que ir pasando procesos selectivos más pronto que tarde"

El problema de pasar a los más de 1.300 trabajadores de Alzira a la Conselleria como indefinidos no fijos es que ninguno de ellos tiene una sentencia judicial que diga que es indefinido no fijo y Cristóbal Montoro dice que los indefinidos no fijos pueden estar en la administración, hasta que se convoquen sus plazas, si tienen una sentencia judicial que les diga que son indefinidos no fijos. En el caso de Alzira se ha hecho mediante un acto administrativo, sin sentencia judicial, y no sé que repercusión legal puede tener esto. En definitiva, los indefinidos no fijos de Ribera Salud, más pronto que tarde, tendrán que ir pasando sus procesos selectivos porque no han pasado ninguno.

–Pero esa situación es provisional... ¿Se les puede mantener en sus puestos hasta que se jubilen antes de convocar sus respectivas plazas?

–Al reconocerles la administración la condición de indefinidos no fijos sin sentencia judicial creo que están un poco colgados, pero vamos a ver. En cualquier caso, imaginemos que no hay ningún problema: los trabajadores tendrán unas limitaciones, no podrán moverse de su plaza y la administración tendrá que ir con convocando las plazas. La propia esencia del laboral indefinido no fijo es esa, que lo eres hasta que se convoca tu plaza. Otra cosa será ver si se les reconoce la antigüedad o no y concurren en mejores condiciones que cualquier otra persona de la calle. Pero todos sabemos que en Ribera Salud se entraba con una tarjeta de recomendación y nada más. Todos.

–¿Qué ventajas suponía respecto a esta solución su propuesta de integrarles en una fundación o empresa pública?

–Eso suponía aislar el problema laboral y no crearles incertidumbre. Si fuera una fundación podrían ir conviviendo laborales con estatutarios en la medida en la que la gente se fuera jubilando y las vacantes se cubrieran mediante ofertas de empleo público. En una fundación pueden convivir perfectamente estatutarios y laborales. En esta otra opción, va a ser voluntad política de la Generalitat decidir si todos se quedan o no hasta que se jubilen. Es una opción. Desde luego, todas las plazas vegetativas que se generen han de ser ya convocadas para personal estatutario.

–Otro proceso laboral de la administración que ha generado polémica es el de la bolsa de trabajadores que han de poner en marcha la nueva televisión pública...

–Afortunadamente no depende de esta federación. Y digo afortunadamente porque es un bacalao de mucho cuidado. Por lo que conozco, han intentado hacer compaginar el artículo del ERE de extinción que reconocía algún tipo de ventaja a los extrabajadores con la gente que legítimamente desde la calle quiere acceder. Pero por lo que he visto en el baremo creo que se prima muchísimo a los trabajadores que ya estaban. La Unió de Periodistes está en contra.