El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Foto: PEPE OLIVARES.LA NUCÍA. Todo lo relacionado con el personal del Ayuntamiento de La Nucía se mira con lupa desde los problemas que han tenido en los últimos años, como las 22 plazas famosas de 2008 anuladas por el TSJ. En esta labor está el PSOE local. Éste reclamó en varias ocasiones al gobierno de La Nucía, con el PP en el poder, que se adherieran a las subvenciones de la Generalitat, que había sacado plazas públicas. Tras varios meses, el 19 de junio salió en el BOP la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tres puestos: trabajador social, educador social y psicólogo.
Todo ello acompañado de la designación de un Tribunal Calificador, que según afirman los socialistas, es ilegal por varios motivos. En primer lugar, porque hay algunos de ellos que tienen categoría C1, por debajo de los puestos que están demandando en las pruebas que ellos mismos tienen que supervisar.
Por otro lado, según dijeron había miembros del tribunal que eran trabajadores temporales, con duración determinada, cuando por ley no se puede. Por todo ello, la líder del PSOE, Pepa Ivorra, terminó interponiendo un recurso de reposición en el Ayuntamiento para que se corrigieran esas deficiencias. Algo que corroboró el secretario municipal, por lo que terminó aplazando las pruebas.
Según ha podido saber este diario, el recurso de los socialistas fue presentado el 21 de junio, y seis días después salió publicado el edicto que anunciaba el aplazamiento, firmado por el alcalde. Así, indicaba que se aplazaba debido al recurso de Ivorra "contra la bolsa de trabajo" y que no se pondría una fecha de nuevo hasta que no se resolviera este recurso. Cabe señalar que lo que denunciaron los socialistas era la designación con "errores" del Tribunal Calificador, por lo que también han pedido una rectificación en el edicto. Que además, salió publicado la misma noche de antes, lo que generó el despiste de muchos de los admitidos para hacer la prueba.
"No tenemos funcionarios para eso", decía Ivorra. Por lo que dijo que la solución pasa por pedir a ayuntamientos de los municipios de alrededor, o solicitarlo a la Diputación. "Si no lo han hecho, podemos sospechar que lo que querían era darle las plazas a las personas que ellos querían, formando un tribunal que lo podía facilitar", concluyó Ivorra.
