VALÈNCIA. (EP). El juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha reprochado a los abogados de los principales acusados de la pieza del caso Gürtel relativa a la presunta financiación irregular del PP valenciano que presenten "una y otra vez" las mismas cuestiones previas con el objetivo de anular la causa.
Este lunes ha comenzado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) el juicio contra los líderes la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'; una decena de empresarios y varios exdirigentes del PP liderado por Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la organización de los actos de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.
La primera sesión de esta vista oral ha sido dedicada a la exposición de cuestiones previas, en las que las defensas han solicitado la nulidad de la causa por la falta de concreción de los hechos que sostienen la acusación, la prescripción de delitos electorales o la vulneración de derechos fundamentales.
"Son ustedes extraordinariamente pertinaces y es la tercera vez que proponen una y otra vez las cuestiones ya resueltas", ha censurado, asumiendo, a su vez, el argumento del abogado del Estado. Estas mismas cuestiones previas ya han sido estudiadas en los juicios dedicados a la primera época de la trama corrupta (1999-2005) o a las irregularidades en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
En este sentido, ha rechazado todas las peticiones solicitadas por las defensas y ha subrayado que no se aprecia la prescripción de los delitos. Los abogados de Crespo, 'El Bigotes' y de los empresarios que han reconocido hechos, y que han alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, han solicitado también que una vez que declaren sean dispensados de asistir a la vista oral, algo que será resuelto después de este trámite, según ha anunciado Vázquez Honrubia.
Aunque la vista oral se ha iniciado con 20 personas sentadas en el banquillo de los acusados, finalmente el procedimiento continuará con uno menos ya que la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano ha retirado su acusación contra el empresario José Enrique Fresquet. Por tanto, queda libre de cualquier responsabilidad en esta causa, ya que ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado le acusaban.
Tras concluir la fase de cuestiones previas --trámite preliminar en el que se plantean alegaciones que pueden afectar al fondo del proceso--, este martes comenzará el interrogatorio de los 19 acusados. Atendiendo a la petición de la Fiscalía, serán los nueve empresarios arrepentidos los que comiencen a declarar.
Estos acusados ratificarán ante el magistrado que sufragaron de forma irregular las campañas de los 'populares' valencianos. Previsiblemente, será Correa el siguiente en declarar, quien ofrecerá datos más concretos sobre la organización y pagos de estos actos.
El líder de la Gürtel, que ha sido la única parte que no ha expuesto ninguna cuestión previa, presentó un escrito ante el juez buscando que Anticorrupción rebaje su petición inicial de pena, de 24 años y medio de prisión, al confesar que la formación política regional pagó en negro los actos de campaña que organizó la empresa filial de la Gürtel, Orange Market.
La fiscal Myriam Segura ha anunciado durante su exposición de cuestiones previas que si efectivamente Correa colabora con la Justicia, el Ministerio Público atenderá a su intención. A esto se ha adherido el abogado del Estado, Edmundo Bal, en relación a los delitos fiscales que es de los únicos que él, como representante de la Agencia Tributaria, acusa.
Han sido los exdirigentes del PP valenciano, precisamente el exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Vicente Rambla; el abogado del exsecretario general de la formación política regional Ricardo Costa; la exgerente Cristina Ibáñez y el exvicesecretario de Organización David Serra, los que han pedido su absolución alegando que los delitos electorales de 2007 y 2008 han prescrito.
De hecho, el defensor de Costa ha afirmado que es "absolutamente incomprensible" que el exdiputado regional esté acusado de un delito presuntamente cometido en 2008 cuando los "supuestos actores principales del delito" no se encuentran sentados en el banquillo. Ha continuado diciendo que no tiene sentido esta acusación si el propio PP "no está llamado como partícipe a título lucrativo porque no ha habido delito electoral" y ni siquiera se pide "ninguna cantidad de responsabilidad civil" a su cliente.
La excúpula del PP de la Comunitat Valenciana se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, salvo Rambla, para quien el Ministerio Público pide seis años y medio al suprimir de la acusación uno de los delitos electorales.
Por otra parte, la defensa del 'número dos' de la Gürtel y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, ha hecho una extensa exposición para intentar anular el procedimiento muy similar a la que ya hizo durante el juicio por los primeros años de la red corrupta (1999-2005), que concluyó el pasado 17 de noviembre tras un año de duración.
El abogado de Crespo, Miguel Durán, ha insistido en que no se puede acreditar la autenticidad de las grabaciones que el denunciante de la trama, José Luis Peñas, aportó a la Policía Nacional y por las que estalló el denominado caso 'Gürtel'. Según ha enfatizado, éstas fueron manipuladas y el entonces juez instructor Baltasar Garzón era consciente de ello y no hizo nada para que se incluyeran en la causa las originales.
"Fueron realizadas de forma subrepticia, sin conocimiento de los que fueron objeto de grabación, atentando a su derecho a la intimidad amparado por la Constitución española", ha enfatizado Durán sobre las grabaciones. Ha recordado que Garzón fue apartado de la carrera judicial por prevaricación en las grabaciones, ordenadas por él, de las conversaciones que mantuvieron los acusados durante su estancia en prisión con sus abogados.
El letrado ha aprovechado su intervención para acusar a Anticorrupción de haber cometido "corruptelas" ya que, a su juicio, se vulneraron las normas de reparto de la investigación para que recayera en manos del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5.
