caso comercio

El fiscal se opone a los recursos de Echávarri y los asesores y pide que sigan procesados

15/12/2017 - 

ALICANTE (EFE). La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea, "hicieron de su voluntad fuente de derecho" al fraccionar presuntamente contratos de la Concejalía de Comercio. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide que continúen procesados por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa. Esa resolución les deja a un paso de una acusación formal y la apertura del juicio oral por los indicios que apuntan a que habrían fraccionado 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe de 144.160 euros.

 Según el auto judicial, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público" y su presunto fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en "arbitraria", ya que benefició a profesionales elegidos "por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".

Echávarri -investigado en una segunda causa judicial por el despido de una funcionaria-, Díez y De Gea han recurrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Alicante y han pedido el sobreseimiento de la causa porque, a su juicio, los hechos no constituyen delito.

En su contestación a dichos recursos, a la que ha tenido la agencia Efe, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que sí hubo fraccionamiento de contratos y responsabiliza de ello, como máximo responsable de la Concejalía de Comercio, al alcalde Echávarri.

A juicio del fiscal, el que el regidor delegara en sus asesores "no excluye su participación en los hechos", pues él era quien "ostentaba la cartera de Comercio y despachaba todos los asuntos con los anteriores", por lo que su actuación resultó "crucial".

Los indicios acumulados contra el alcalde y los otros dos investigados, que el acusador detalla en sendos informes de unas treinta páginas cada uno, tienen, en opinión del fiscal Anticorrupción de Alicante, "la suficiente contundencia y envergadura" para sentarlos en el banquillo de los acusados.

 En el caso del alcalde, Briones destaca la condición de abogado de Echávarri, que "afecta, de forma indudable, al grado de conocimiento de la ilicitud y posible relevancia penal del comportamiento que adoptaba". En definitiva, Anticorrupción aprecia una "omisión deliberada" por parte de los tres investigados de las normas de contratación, que "se tradujo en la sustracción a las reglas de la libre concurrencia y competencia".

El fiscal extiende esa actuación presuntamente irregular a las 25 facturas inicialmente investigadas por la juez (por un importe total de 190.000 euros) y asegura que "comportó un resultado materialmente injusto".

 El escrito del acusador recoge que Echávarri y sus asesores "hicieron de su voluntad fuente del derecho y quebrantaron de forma flagrante las normas que rigen el procedimiento de contratación administrativa". "Contravinieron de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos", concluye.

Las reacciones políticas

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha valorado el escrito de acusación del fiscal a través de un comunicado en el que su portavoz, Yaneth Giraldo, ha incidido en que "el argumento de que todo se trataba de un mero error administrativo, como viene sosteniendo el PSOE, y como defendió Compromís en la Comisión de Investigación, se está cayendo por su propio peso". "Así lo acaba de ver el fiscal al entender que adjudicar 190.000 euros sin publicidad ni libre concurrencia sobrepasa el error administrativo", ha subrayado. "Todo ello sin haber contado con los técnicos; se remata de este modo una argumentación que ya inició Cs en la comisión de investigación, y luego en los juzgados", ha considerado. "Los pretextos que viene esgrimiendo Echávarri de que no se ha metido mano en la caja se están viniendo abajo en su intento de justificar que no se produjo una presunta prevaricación", ha añadido, por lo que ha insistido en que "el alcalde tiene que dimitir".

El portavoz del grupo municipal Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, por su parte, también se ha pronunciado al respecto. A través de un comunicado, ha señalado que el fiscal Anticorrupción pide que los tres investigados "continúen procesados por hacer de su voluntad fuente de derecho, considera que las contrataciones debieron realizarse legalmente mediante concurso público y tilda su actuación como arbitraria al beneficiarse a profesionales elegidos por propia voluntad con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia, que fueron omitidos de forma deliberada". Pavón añade que "con este contundente escrito de Anticorrupción, el alcalde y sus asesores cada vez lo tienen más difícil para evitar el banquillo, una vergüenza que debería evitarse a la ciudad con su dimisión inmediata. No sabemos a qué espera el PSPV, el procesamiento firme de Echávarri y de Díez ya es casi seguro y la ciudad sigue en manos de un mini gobierno absolutamente inoperativo que tiene paralizada la ciudad y que no ha dudado ni un minuto en revertir medidas que impulsamos desde el anterior equipo de gobierno plural para el cambio que esperaba la ciudadanía de Alicante". "Que fuercen de una vez su dimisión para que en el debate sobre el estado de la ciudad previsto para el próximo día 22 Echávarri ya no sea el alcalde de Alicante y Díez ya no sea el jefe de gabinete de alcaldía", ha abundado. "Sería un buen regalo de Navidad para la ciudad por parte de Ximo Puig", ha concluido Pavón.

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